Doctor Armando Segundo Andruet (h)

CRIOCONSERVACION DE EMBRIONES - FALLO JUDICIAL

2011-10-07T09:46:00.003-03:00

Fecha: 24/09/11

Tema: Caso Implantación Óvulos,Fecundación In Vitro

Medio: Mitre 810 Córdoba/Aquí Petete-

Periodista: Jorge Martínez-
Hora: 07:39:49

Tipo: Reportaje telefónico

Desgrabación:

JM: Este fallo, en la historia de una pareja que se separó en Tres Arroyos, y la mujer que decidió implantarse unos embriones. Se divorcia y a los 5 años la mujer dice: quiero tener un hijo. La Justicia le dio la razón a la mujer.
Jorge Martínez: Una de las discusiones que se planteó era si un embrión es vida o no es vida. Hemos convocado al Dr. Armando Andruet, vocal del Tribunal Superior de Justicia, pero a su vez, especialista en bioética. Doctor Andruet, un gusto de tenerlo con nosotros. Buen día.
Dr. Armando Andruet - Vocal Tribunal Superior de Justicia, especialista en bioética -: "Buen día Petete, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda?

JM: Bien, muy bien. Molestándolo de Radio Mitre para pedirle una impresión sobre el tema. ¿Un embrión es vida Doctor?
AA: Qué, que tema controversial.

JM: Claro, si se lo pregunto así a boca de jarro, debe ser medio difícil responderlo en dos palabras, ¿no?
AA: En realidad hay que admitir que es una de las grandes discusiones que la bioética y la filosofía viene planteando, y por supuesto la ciencia médica, la viene planteando de no menos de hace 25 años, que es cuando en realidad empiezan a formularse todas estas técnicas de reproducción humana asistida, porque indudablemente allí está el nudo del problema. Si. En realidad tenemos, tenemos vida desde el mismo inicio propiamente de la concepción. Si por el contrario, la persona, la persona humana tiene una génesis posterior a el proceso de concepción, indudablemente la ciencia ha podido avanzar como ha avanzado. O sea, eso para ponerlo un poco descriptivamente al problema.

JM: Aja.
AA: En lo personal, creo que la vida, la vida humana comienza con la concepción. La otra cuestión es si realmente nosotros podemos definir que inmediatamente detrás de la vida humana hay una persona humana, y esa es la segunda controversia. A esa segunda controversia también respondo afirmativamente, de que hay vida humana de persona humana desde la concepción.

JM: Perdón, y allí le pido una precisión. ¿Qué es concepción?
AA: Bueno, ahí el tema está claramente asentado en si el proceso de la concepción es un instante o es un momento y si es un momento, cuánto de ese momento es. O sea, como ve, todo tiene problemas en esto. Aquellos que consolidan la tesis del instante, no el momento, aparecería tan pronto el espermatozoide perfora el óvulo y comienza ese proceso que se llama de pronucleamiento. Ese proceso de pronucleamiento, de los los dos gamentos tanto del espermatozoide como del óvulo, lleva algún tiempo mínimo, un par de horas, hasta que comienza, y parece que en principio una vez puesto o disparado, no se va a interrumpir salvo que un agente externo obstaculice desde fuera, o cuando alguna situación propiamente biológica, o de disfunción biológica de los pronucleos, haga la imposibilidad de ello. Allí es donde, en ese proceso que ha comenzado es que se produce la crioconservación de los embriones, o sea, justamente se detienen en un momento, son congelados para luego dejar que el proceso continúe una vez transferido al útero de la madre. Otros, sin embargo, dicen que ese proceso es un proceso aún más largo, no instante sino un momento podemos decir, motivo por el cual ese proceso en realidad no ha terminado con esa etapa inicial sino que necesita de otros desarrollos ulteriores, motivo por el cual la conservación que se hace de esos preembriones, es en definitiva una conservación de un conjunto de células que son vida pero no son persona.

JM: Una cosa eh… es decir que son vida, y otra cosa es que son persona.
AA: Exacto, ese es el segundo, digamos, el segundo nivel de la, de la discusión. Si se puede sostener que hay una vida humana de algo que no sea una persona humana, y yo me resisto a dar este crédito, y entiendo de que la calificación de la vida es de alguien, de alguien que es persona humana y no de otra especie. Ese es, ese es el panorama que es muy complejo, muy controversial porque la ciencia necesita, necesita avanzar, y para avanzar necesita investigar, y la investigación tiene que estar desde la técnica liberada de muchas, de muchas cuestiones. La pregunta es, hasta dónde retiramos estas cuestiones, cuáles son los costos de retirar todas estas cuestiones. Y fíjese Petete, y perdón por el abuso de la palabra…

JM: No, no. Lo escucho.
AA: Ayer por la tarde, veía la tapa del Diario La Nación, y hacia un interesante ejercicio. Allí hay tres noticias valiosas para este análisis. Una se refiere al proyecto de ley que autorizaría el cambio de sexo.

JM: Sí.
AA: Otra noticia de tapa dice: la píldora soñada que vence las arrugas. Y finalmente dentro, aparece: fallo polémico uso de los embriones. Esas, esas tres noticias, fíjese están planteando esta tensión a la que usted, lo he escuchado ayer, bien viene sugiriendo, esto de por un lado todo, como humanos que somos y deseamos tener salud y no enfermedad, admiramos a cada vez una salud más plena, a una salud casi perfecta. E inmediatamente, la medicina, es una medicina que cada vez conforta más, o sea, la medicina, el avance tecnológico, cada vez está en condiciones de darnos esto de la salud perfecta. La ley que autoriza el cambio, la píldora soñada que vence la arrugas, está en un nivel seguramente superficial, estético, pero para mucha gente lo estético es muy importante. El fallo polémico del uso de los embriones, está en un tema profundo, ontológico, estamos hablando de la vida humana, o la persona humana, o ambas cosas simultáneamente, y la ley que autoriza el cambio de sexo se instala en un tema social, psicológico y legal también. Ahora, todo esto, no puede seguir, como poco regulado por las normas, una república no puede haber pasado 20 años donde hay gran cantidad de institutos serios y no serios que hacen este tipo de técnicas reproducción humana asistida, sin una legislación y los ciudadanos que requieren este tipo de intervenciones, tampoco pueden estar desamparados normativamente. Y dejar todo esto de la vida de las personas a los calibres individuales de los jueces, es también una cuestión un poco, bastante, bastante arriesgada.

JM: Claro, porque aquí sin ley hay interpretaciones, interpretaciones, de hecho, que terminan siendo subjetivas, evidentemente.
AA: Claro, digamos, son, son temas demasiados profundos, que en realidad, usted sabe, yo no puedo, no puedo opinar negativamente de la especie profesional que integro, pero los jueces tenemos muchas dificultades para resolver estas cuestiones y sin leyes son casos que por naturaleza son casi trágicos y si además de ello, los jueces que tenemos por definición una cabeza acostumbrada a pensar con la cuadrícula normativa legal, estos son temas que salen de las cuadrículas normativas legales, estos son casos, porque son trágicos, de naturaleza transdisciplinaria, y permiten una mirada de esta naturaleza bioética, y no todos los jueces lo tienen a la vista a eso y no todos los tribunales tienen la capacidad que tienen los Tribunales de la Provincia de Córdoba por ejemplo, de requerir un asesoramiento a un Comité de Bioética. Es decir, entonces yo en el fallo este de provincia de Buenos Aires, no he leído el fallo. Le soy absolutamente sincero,pero de sus trascendidos parece resultar o no he visto en ningún momento que se haya pedido una opinión consultiva a un Comité de Bioética. Y esto es una cuestión, una cuestión seria, en este tipo de fallos, por lo menos.

JM: Claro, claro, evidentemente que es así, digamos, aquí lo que hacen falta son leyes. Encuadramientos legales, márgenes para, para saber en dónde moverse, pero claro, ha avanzado tan rápido la ciencia y venimos tan retrasados en esta materia, que se necesita de un debate serio y profundo para, para estas cuestiones ¿no?
AA: Petete, pero usted, usted bien lo dice, pero yo le agrego un dato que muestra tal vez, la morosidad legislativa, yo podría decirle que en los últimos 20 años quizás, una veintena también de proyectos nacionales de ley de reproducción humana asistida me fueron consultados. Entonces uno dice ¿cuál es la razón por la que esto no se define? Definen tantas cosas importantes y no importantes, y no se define algo que para un porcentaje cada vez mayor de ciudadanos, es un verdadero problema, porque la reproducción, la generación de la prole, por la forma en que vivimos socialmente, es hoy un problema, un problema terapéutico, es un problema médico, entonces, no puede ser que no se trate. Los otros días escuchaba por usted, leía por los diarios este caso de Italia, una, un matrimonio añoso que había tenido este, mediante técnicas de reproducción humana asistida, unas criaturas, que después los Tribunales se los retiran porque eran personas muy mayores y ya no tenían la capacidad de, de tener la atención como un padre de 30 años para cuidar los chicos.

JM: Un caso terrible.
AA: Un caso terrible. Pero fíjese, en los proyectos de ley que están hoy en la Cámara de Diputados, porque esto lo he estado trabajando en abril de este año, uno de los proyectos dice: para requerir las técnicas de reproducción humana asistida, no interesa de que sea una necesidad terapéutica o no terapéutica. Eso sería digamos, una discusión primaria. Pero respecto a este tema, decía, mire, no hace falta tener ningún tope de edad. O sea, usted lo puede pedir cuando tiene 20 años, cuando tiene 50, cuando tiene 60, adelante. Otra dice: no, tiene que tener como máximo 50. Otra como máximo 40. La cantidad de embriones que se van a fertilizar in Vitro, se pone, se pone un tope, ese tope que se pone es para asegurar que haya una transferencia posterior de embriones de un número determinado que permita que la técnica funcione, pero que tampoco le coloque a la mujer un parto múltiple de quintillizos, lo cual es todo una tragedia, seguramente.

JM: Claro.
AA: Este, y todo eso son, el tema de la adopción prenatal. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de embriones crioconservados en Córdoba y en el país, es decir, esos embriones crioconservados hay que darle algún, algún destino, si acaso se cree, como yo lo creo, que allí hay en definitiva no solamente vida humana, sino persona humana. Entonces, hay tantos matrimonios, tantas, este, tantas personas requirentes de adopciones, bueno, avanzar con una Ley de Adopción prenatal, modificar otras normas para adecuarlas, o sea, resulta que hay gran cantidad de demandas de adopciones y no se transita un camino que indudablemente hoy está, está posibilitado científicamente.

JM: Bueno, todo, todo un desafío, fundamentalmente para el Congreso de la Nación, digamos, ¿no es así, Doctor? Por lo menos para aggiornarse a los tiempos que corren. Si no después, el problema también termina siendo de ustedes, porque bueno, después hay interpretaciones, y acá, ustedes siempre dicen que hay dos bibliotecas en algunas cosas, bueno, acá hay veinte ¿no?
AA: Sí, sí, por supuesto que sí, y hay veinte y no se terminan de hacer todas las consultas que corresponde, porque, yo vuelvo a plantear, las cuestiones complejas, las cuestiones trágicas, como son estas, hoy los jueces deben requerir la asistencia de los comité que tienen la experticia, que tienen la formación en estas cuestiones. Esto no es un problema jurídico.

JM: Claro.
AA: Legal, esto es un problema mucho más complejo.
JM: Doctor.
AA: Sí.
JM: Muchísimas gracias por estos minutos, la verdad que el tema da para mucho más, nos sorprende día a día y nos sorprenden la infinidad de casos que se presentan cada uno con un condimento, con un agregado especial ¿no?
AA: Petete y lo demoro con una sola cosa.
JM: Sí, como no.
AA: Cada vez estos casos van a ser mayores, porque vuelvo sobre el concepto inicial, aspiramos todos a una salud más perfecta y la medicina cada vez está en condiciones de brindar eso. Entre medio lo que se genera es una retahíla de problemas que la ley, ciertamente nunca la ley está por antes de hecho sociológico, pero al menos, lo que no puede dejar es que el hecho sociológico lo esté marcando desde hace 20 años, que hay una ausencia normativa.

JM: Gracias, Doctor, que pase un buen día ¿eh?
AA: Gracias, Petete, muy amable. Buen día".

JM: Adiós. Ahí estaba un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, el Doctor Armando Andruet, que es además Especialista en Bioética, la verdad que muy interesante lo que plantea el Doctor Andruet, la falta de leyes, la falta de normativas, entonces le cae a un Juzgado un caso así y bueno, y el Juez se agarra de lo que tiene, también de sus convicciones, también de sus creencias. Es decir que en dos casos que se parezcan, dos jueces pueden fallar de manera absolutamente distinta, no hay ni siquiera reglas de juego para este tipo de cuestiones. Hay un montonazo de mensajes vinculados con la polémica de los embriones, en seguida lo, lo vamos a estar publicando.

DEBATE: CRIOPRESERVACION DE EMBRIONES

2011-10-06T20:09:00.003-03:00

NO SON DESECHABLES

Días atrás tres noticias fueron tapa de un diario nacional: 1) ‘Polémico fallo por el uso de embriones’, 2) ‘La píldora soñada: vence a las arrugas, 3) ‘Avanza en Diputados la ley que permitirá el cambio de sexo’; entre ellas hay un hilo conductor: una medicina tecnificada que permite dar curso a proyectos: 1) terapéuticos, 2) estéticos y 3) sociales y como es lógico, una demanda que cristaliza el sueño de una salud perfecta.

Reflexionaremos sobre el supuesto 1, ya conocido en detalle: Una relación conyugal desgranándose y que otrora, acudiera a las técnicas de RHA mediante las cuales se fecundaron óvulos in vitro, luego transfirieron al útero algunos y se crioconservaron otros. Sobrevenida la desavenencia marital, la esposa solicita una nueva transferencia embrionaria y el cónyuge se opone, negando su consentimiento.

No haremos aportes sobre la resolución judicial, formularemos sí, nuestra preocupación por la ausencia de cualquier reflexión bioética en el pronunciamiento. En casos trágicos como éste –puesto que no hay ley regulatoria y presuntivamente se compromete a la persona humana- merecen más, que pura ortodoxia judicial. Cualquier realidad compleja impone miradas transdisciplinarias y los jueces por definición, somos poco atentos a tal apertura epistemológica y gustamos de ejercitar imperialismos disciplinares.

Queremos centrarnos en lo sustantivo del problema y de primacía en el fallo. Esto es, si la materialidad que está conservada en frío ¿es o no, una persona humana?. Los argumentos para negarlo, lo dirán afirmando, que hay una vida humana y no una persona humana, o porque la viabilidad del componente no está asegurada, o porque no hay individualidad por falta de anidación o porque no hay un desarrollo de cresta neuronal. Algunos de estos argumentos esbozó Mary Warnock en su informe de los ’80, cuando buscó razones que avalaran el concepto de ‘pre-embrión’ para que las técnicas de RHA pudieran expandirse. El concepto, se asocia al de ‘pre-persona’ y con él, no habrá lugar para objeción moral, jurídica, social o científica respecto a una supuesta cosificación.

Sin intentar rebatir técnicamente las tesis, oponemos ad hoc, el sentido común por ser el más perspicaz de los razonamientos. Es la ciencia médica la que inicialmente brinda asentimiento a que dicho conglomerado celular es valioso per se, puesto que si es retirado del hábitat hostil donde está, y se coloca en otro natural, seguirá un decurso autopropulsado desde su propia estructura.

La vida humana no es en abstracto, no es entelequia sino algo objetivamente verificable: la vida es de alguien no de algo. Que en dicho conjunto celular no se vea reflejada la integridad de un hombre es cierto, pero tampoco es visualizado en una ecografía de pocas semanas, sin embargo en ambos casos, no está allí en potencia el hombre, sino que está todo el hombre que ya es. Ello así, acorde la indubitada confirmación que la biología molecular ha descifrado: el ADN no muta y se conformó en la fase inicial de la vida de la persona. Tan pronto los gametos del óvulo y del espermatozoide se fusionen, arrojarán una realidad diversa a ellos mismos y que como tal dispara el devenir de la vida personal.

Cuando se cumple el pronucleamiento y se produce la primera división celular –hay dos hemicélulas- se tiene la inevitable certificación empírica, que el óvulo ha sido fecundado. Hay allí una realidad diferente y nueva a la que existía. Esa realidad, de no interrumpirse congelándose, seguirá sucesivas divisiones y organización celular y tendrá ya ganado desde aquella primera, su ADN que no variará jamás. Ensayar que es una vida sin persona, o que por no estar amarrada al útero puede ser desconocida en su individualidad, o que por carecer de sistema nervioso no se puede considerar persona humana, son al fin de cuentas, líneas argumentales que empalidecen a la naturaleza humana que es cosificada y representativa de una mentalidad tecno-científica prohijada por la medicina moderna.

No despreciamos la búsqueda de satisfacciones terapéuticas para quienes tienen disfunciones reproductivas, pero nunca cosificando las personas. Obvio, que los embriones crioconservados no son desechables como no lo es, ninguna vida humana; para ellos la adopción prenatal es una vía apta. Lo cierto es, que la vida de las personas es demasiado preciosa para dejarla en ponderación de los jueces como es cuando, la ley está ausente: no porque ella sea buena, sino sólo, porque ha impuesto una discusión de la razón pública que en este caso, a la sociedad civil le es debida.

PUBLICADO DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR (CORDOBA, REP.ARGENTINA)28.IX.11

GUBERNAMENTABILIDAD MORAL DE LOS JUECES: ¿SERÁ POSIBLE?

2011-05-05T22:52:00.003-03:00

Breve ensayo sobre la gubernamentabilidad moral de los jueces

En apretada síntesis haremos aportes que vinculen la Ética y los códigos deontológicos con la función y roles que la magistratura cumple. Para ello hay que advertir que los Poderes Judiciales están en un evidente proceso de transformación; y que también las sociedades civiles están en uno similar. Han sido las sociedades civiles las que han puesto a los Poderes Judiciales en coordenadas de captar en modo especial el conflicto contemporáneo por excelencia en esta materia como es la relación entre ciudadanía y judicatura .

Epifenómenos de esa relación, son los nuevos reclamos que agobian a la magistratura hoy y que exigen, satisfacciones a veces no ortodoxas ni previstas legalmente. La inevitable judicialización de lo social es muestra sintomática de tal realización ciudadana.

A veces también hay que decirlo, esas satisfacciones no son posibles de ser saldadas desde la magistratura y en algunos otros supuestos, se trata de aspectos sociales que definitivamente son ajenos al Poder Judicial. Recientes investigaciones cumplidas en la Provincia de Córdoba, denotan que los ciudadanos atribuyen responsabilidad a los jueces por la existencia acaso de temas impensados, verbig. la pobreza y es evidente, que es muy remoto pensar, que los jueces alguna vinculación con tal déficit social puedan tener. Otros son más cercanos y no tienen tampoco satisfacción, al menos por dos razones: i) porque hay insuficiencia de medios, ii) porque hay una deficiencia en la voluntad de los jueces por ejecutar ciertas prácticas.

Las dos cosas son graves, aunque seguramente una de ellas es más superable que la restante. Por caso una carencia tecnológica con dinero se puede superar, pero lo que no se puede modificar –aun con medios económicos- es el imaginario volitivo de los jueces.

Nos hemos inspirado para la conceptualización recién señalada, en lo que Charles Taylor describe para los ‘imaginarios sociales modernos’ como una formulación diferente a una ‘teoría social’. Los jueces tienen su propio ‘imaginario volitivo’ y a veces el mismo puede estar, bastante desmarcado de lo que es la realidad de lo que efectivamente el imaginario social tiene de ellos, e igualmente distante, de la construcción teórica que de los mismos se puede esperar . Frente a ese diagnóstico y en miras a su solución, hay que buscar algún conjunto de herramientas que nos permitan hacerlo.

Para el mencionado reclamo, animamos buscar una explicación fundada al menos en dos razones. Por una parte, que han sido los jueces, fuertes cultores de un formalismo técnico exagerado que se ha ido mixturado solo recientemente y por la otra, haber militado laborativamente en una mentalidad socio-judicial propia del siglo XIX y por ello decimonónica.

Volvemos a insistir ahora, que en tanto y en cuanto los jueces no asuman roles de liderazgo en la sociedad civil desde lo ético, las cosas difícilmente puedan cambiar. Para dicha transformación profunda hay que pensar al menos, en tres variables como ponderables: a) Una superación de los modelos judiciales puramente endogámicos, porque en ellos lo que no acontece es una simbiosis social, o en todo caso, no formulan ellos una ósmosis socio-política impuesta por la realidad de las cosas. De igual manera, fruto de esta inconstancia es que se construye el imaginario volitivo antes dicho. Cuando ello es así, lo único que va quedando a modo de conclusión, es un progresivo alejamiento de la judicatura de la sociedad. b) Corresponde profundizar los mecanismos que aseguren una adecuada heterogeneidad social en los cuadros profesionales de la magistratura, lo cual se alcanza mediante exámenes de admisión y promoción regularmente previstos. c) Generar una matriz ideológicamente heterogénea en los componentes de los cuadros judiciales pero que sin embargo, todos ellos se encuentran fuertemente enlazados sobre un ideario finalista de innegociable respeto a la misma dignidad humana y desde lo operacional, con una disposición a ser solícitos con los otros bajo una mirada atenta y compasiva. Aparece aquí la preocupación por este esfuerzo que los jueces deben hacer por colocarse en el lugar del otro y que supone comprender que “cada cual puede ser mañana lo que es hoy aquel a quien asiste (atiende o juzga)” .

Obviamente que el exceso de cualquiera de estas variables, generaría un descrédito tan similar como su misma ausencia y que tal como advertimos en alguna medida es lo que hoy ocurre. De tal forma que un Poder Judicial que se pueda confrontar con estas tres variables o aproximarse a ellas tiene, en la proyección mediata y lejana del tiempo, alguna aptitud para la gubernamentalidad moral de los problemas judiciales que se les habrá de requerir cada vez con más frecuencia.

Esto viene a cuenta porque existe todavía la creencia, que los jueces resuelven solamente cuestiones jurídicas, cuando en realidad en la mayoría de los casos nunca una cuestión judicial es solo eso. Existe definitivamente en la litis un otro componente no jurídico que la califica ontológicamente a ella, y basta para otorgar andadura a lo dicho con solo pensar, que los jueces son proclives a olvidar que detrás del expediente de ‘Pérez c/Sánchez- Ordinario. Cumplimiento de contrato’ existen dos personas, hay al menos dos familias, y un sin número de elementos en ese contorno. Definitivamente hay que afirmar que los jueces resuelven problemas morales con instrumentos jurídicos; sustancializar el instrumento ha sido parte del error.

Para poder cumplir con la gubernamentalidad moral de los problemas judiciales hay que comprender aquella dimensión que a veces los jueces olvidan; como es que la referencia a una justicia poética tiene que pasar a integrar el abecedario de la magistratura moderna . El Poder Judicial de Córdoba, ha comprendido algunos aspectos de estas variables.

Los Poderes Judiciales han reconocido también que el ápice de la madurez democrática de los pueblos, pasa por la posición de atención que ocupa en él dicho Poder del estado. Porque la cuestión de la democracia, no es meramente la existencia de una tal sólo electiva, sino por el logro de una democracia deliberativa; porque la democracia no es la tiranía de las mayorías ni la imposición de las minorías, sino un espacio de discusión pública donde se habrán de sopesar los argumentos y encontrar los pro y contra de las mayorías y también de las minorías; y frente a la irresolución de los acuerdos se procede a transferir el espacio de la razón pública adulta a la definición que los jueces puedan hacer de ella .

Otro aspecto que se puede colegir del ejercicio de la gubernamentalidad moral de los jueces, se vincula con la importancia que ellos y la sociedad acuerdan a los conceptos del ‘ser algo’ y de ‘parecer algo’. Este último en cuanto que permite ‘ser percibido como tal’; porque el ser y el parecer no son dos momentos discontinuos de la persona o de la institución, porque solamente se ‘parece’ a lo que se ‘es’. Si algo ‘parece’ cuando ‘no es’, estamos frente a una ficción o una mentira. Entonces consideramos que debe haber una auténtica preocupación institucional ‘de ser’ y ‘de ser percibido’ como tal, dentro de los Poderes Judiciales.

Para que ello ocurra, se deberán cultivar las tres virtudes que dentro de la magistratura son básicas : independencia, imparcialidad y ecuanimidad, que constituyen el núcleo profundo de una construcción ética del magistrado. Si los jueces no entienden cuál es el rol que dentro de la sociedad política tienen asignado, y que el mismo se orienta al bien común de la sociedad, posiblemente nunca hagan algo similar al ‘salto original’ que Martín Heidegger quería para la metafísica y por ello, no pasarán el previsible umbral de ser ‘buenos jueces’, cuando podrían ser ‘mejores jueces’. Obviamente que asumir la judicatura roles de sujeto político y agentes de transformación social , presupone tener muy clara la constelación del problema y los riesgos que ello acarrea.

La sociedad civil en tanto siga advirtiendo, que algunos de sus jueces no hacen esfuerzos para profundizar en este cambio paradigmático, no les devolverá esa anhelada confianza pública que aspiran conquistar para con ella, generar una espiral ascendente virtuosa en su relación con la sociedad .

Cabe ejemplificar porque es la praxis, que el Poder Judicial de Córdoba ha hecho gestos de máxima preocupación en este sentido, ha sabido trasladar de la teoría discursiva a la realización diaria, realizaciones efectivas en tal sentido. Ha mostrado un sometimiento no ciego, sino racional y crítico a un Código de Ética, porque siendo el nombrado, producto del propio ethos profesional de la magistratura local ha venido a reflejar las buenas prácticas que los jueces tienen adoptadas y desde tiempo anterior, que se espera que sean ellas cada vez mejor transmitidas e imitadas por los otros.

Desde este punto de vista, sin duda que la codificación deontológica potencia los componentes de la misma ejemplaridad moral que si bien es muy importante para la sociedad en cuanto que, reposan su mirada en lo que el juez hace, también es muy valiosa para los propios jueces en cuanto pueden conocer aquello que resulta digno de ser imitado.

Mediante el Código y sus reglas, se intenta orientar el ejemplo empírico del cumplimiento de las buenas prácticas reconocidas per se y a que ellos sean cumplidos no sólo por algunos sino por todos y cuando sean más los jueces que hagan de su comportamiento: ejemplaridad –ayudados por la orientación de las reglas del Código– la sociedad tenderá a dar créditos diferentes y generosos a la magistratura como clase o conjunto y no asentado ello en oportunas y siempre interesadas subjetividades .

De todas maneras hay que ser conciente, que ese resultado puede llevar varios años de maduración y reflexión para ser advertido por los magistrados. Un Poder Judicial cualquiera tiene desde este punto de vista para poder cumplir adecuadamente con la gubernamentalidad moral, que asumir el desafío de luchar diariamente para ser mejor. Porque el Poder Judicial ‘mejor’ no es de un solo día, no es de una sola persona, sino el resultado de un colectivo asociado a un mismo ideal de moralidad.

Y ésta nos parece, que es la batalla diaria que las buenas personas deben hacer para que las cosas malas no se instalen y permanezcan después.

CONFERENCIA SOBRE ETICA JUDICIAL EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

2011-04-14T09:10:00.001-03:00

El Centro de Estudios Judiciales de Paraguay impulsó el debate sobre la ética en la justicia “Sin ética no hay justicia”, expresó el dr. Armando Andruet, conferencista internacional y reconocido experto en ética judicial.

El jueves 7 de abril, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) realizó la Jornada de Ética Judicial en Paraguay, con la cual impulsó el debate en el mismo seno del sistema, entre reconocidos actores, funcionarios y estudiantes. El eje de la discusión giró en torno a la necesidad de impulsar prácticas de fortalecimiento de la justicia que restituyan la confianza de la sociedad fortalezcan el sistema de justicia, teniendo como herramienta fundamental al Código de Ética Judicial, que incluya tanto a jueces como a funcionarios. La jornada se realizó en el marco del programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho (CEJ, CIRD, USAID), con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), y formó parte de las actividades del “El año de la Justicia en el bicentenario”, con las cuales el Centro de Estudios Judiciales acompaña el calendario oficial de la celebración nacional.“La honestidad es una cualidad fundante del juez. Sin ética no hay justicia” aseguró en el evento el reconocido experto en ética judicial, Dr. Armando Andruet, anteproyectista del Código de Ética Judicial de Córdoba Argentina, vocal del Tribunal Superior de la citada provincia y antiguo presidente de la Corte Provincial, quien tuvo a su cargo el tema “Responsabilidades y códigos de conducta en la justicia paraguaya”. “Los jueces hemos abusado del instrumento jurídico y ya es tiempo de que entiendan que en realidad resuelven problemas morales”, expresó el dr. Andruet, añadiendo que, por esa razón, la presencia y cercanía de la sociedad al Poder judicial es siempre sana. Sin embargo, todo el sistema de ética de los poderes judiciales se basa en la elaboración de Códigos de Ética, los cuales responden a cada sociedad específica y según los cuales se debe formar a todos los trabajadores del Poder Judicial.Armando Andruet también expresó que el sistema de ética del Paraguay es un ejemplo para muchos países de la región que no han podido integrar sabido integrar o hacer efectivo el funcionamiento del sistema que incluya tanto al Código como a órganos de ética; y aclaró además que, si bien el Código paraguayo se dirige expresamente a magistrados, necesariamente incluye a también a funcionarios. “Tiene una mirada inclusiva, con diferentes niveles de responsabilidad”.De este Código de debe desprender la creación de Órganos de Ética, que en Paraguay se compone por un Tribunal y un Consejo Consultivo, integrado por reconocidos y respetados miembros de la comunidad jurídica, que sesionan cada dos meses en forma alternada. Con este sistema, desde el 2008 a la fecha, la Oficina de Ética del Poder Judicial ha abierto 198 causas, según dijo el director de la misma, el dr. Esteban Kriskovich. De la Jornada también participó la ministra de la función pública, Lilian Soto, quien se refirió a la necesidad de formar y promover prácticas de ética pública en el marco de los valores que hacen a la construcción de ciudadanía.Con esta iniciativa, el Centro de Estudios Judiciales dio inicio a una serie de Jornadas de Derecho Judicial, a realizarse mensualmente hasta julio de 2011, para generar espacios de reflexión y concertación acerca de las reformas estructurales que el sistema judicial paraguayo requiere. Los siguientes temas de encuentros serán: Gestión de la Corte Suprema de Justicia, en mayo; Corrupción en la justicia y transparencia judicial, en junio; y Carrera judicial, en julio.

TESTIGOS DE JEHOVA Y PROFESION MEDICA

2011-02-18T15:21:00.003-03:00

LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y LA OPOSICION A LA TRANFUSION SANGUINEA

REPORTAJE TELEFONICO

Medio: RADIO Mitre 810 / Seguí con Rebeca-
Periodista: Rebeca Bortoletto - Lalo Freyre
Hora: 10:48:50 DIA 9.II.11

Desgrabación:

Rebeca Bortoletto: Este tema de debate que tanto interés ha despertado en nuestros oyentes que es el tema de un Testigo de Jehová que después de sufrir un accidente en, en Rosario, un hombre de 36 años, después de sufrir un accidente fue hospitalizado y allí su esposa esgrimió sus creencias religiosas para que no le colocaran sangre después que este hombre había sido intervenido, pero tenía un estado de gravedad, de alta gravedad. El doctor Armando, y finalmente murió. El doctor Armando Andruet , vocal del Tribunal Superior de Justicia en la actualidad, es Director Honorario del Centro de Bioética de la Universidad Católica y director de la maestría en esta especialidad en la Universidad Nacional de Córdoba, quien ha asesorado en las, eh…leyes, en los proyectos que se han venido trabajando sobre el tema de muerte digna. ¿Cómo está doctor? Buen día .

Armando Andruet - Vocal del Tribunal Superior de Justicia en la actualidad, Director Honorario del Centro de Bioética de la Universidad Católica-: Buen día Rebeca, ¿cómo le va a usted?

RB: Bien, muy bien.

AA: Un gusto

RB: Nosotros acá en verdad estábamos, tenemos que empezar prácticamente de cero.

AA: Si.

RB: La noticia es esa.

Lalo Freyre: Si, y la pregunta que quedo planteada doctor era cuándo un paciente va ingresando a un hospital, no, su voluntad, su religión, su familia ¿pueden más que los preceptos de, de la medicina?

AA: A ver, Lalo, buen día ¿qué tal? En realidad hay una gran confusión porque todos estos temas que nos vinculan con, con la salud y con la muerte, son de una alta sensibilidad y realmente a veces cuesta mucho ver cómo es posible que un credo pueda sobreponerse sobre la vida de una persona, pero en realidad la historia y la tradición ha demostrado en muchas ocasiones que hay, hay situaciones de confesionalidad que valen más que la vida. Con esto qué quiero decir, primero que más allá que uno no comparta la confesionalidad de los Testigos de Jehová, es una confesionalidad que merece un respeto por la libertad de conciencia que la propia Constitución reconoce a todas las personas. Desde ese punto de vista, hay una legitimidad constitucional, una garantía constitucional a poder oponer frente a una sanación o a una intervención quirúrgica, o en este caso a una intervención vinculada con la transfusión de sangre oponer un credo determinado. Es legítimo también que los médicos sobre un principio de beneficencia, un principio fuertemente arraigado en la tradición médica de que en definitiva no solamente deben sanar al paciente sino que lo deben cuidar y curar, bueno hagan todo su esfuerzo y su creencia de que deben hasta forzar la conciencia del enfermo.

LF: EN ese punto doctor. Ahí decíamos. Vamos exactamente al extremo opuesto, o sea si el médico o el director del hospital toma la decisión más allá de que la familia exhibió un acta .

AA: Un instrumento que.

LF: Claro.

AA: Que tiene absolutamente suficiente para esa.

LF: Exactamente. Pero si el médico sigue avanzando en su convicción, digamos hipocrática y, e igual hace la transfusión, ¿a qué se expone?

AA: Se expone a tener, y de hecho hay jurisprudencia que ya se ha expedido en ese sentido, se expone a tener un problema de resarcimiento por un daño moral que le ha ocasionado. Porque, digamos, tal vez para usted y para mí es difícil comprender, pero hay que comprenderlos desde la confesionalidad, desde confesionalidad a un Testigo de Jehová que en definitiva le transfundan sangre es en definitiva que le transfundan impureza, y desde ese punto de vista el se va a sentir con un derecho suficiente de una afectación moral y va a buscar un resarcimiento civil a ese médico que no ha sabido entender claramente toda esta indicación que, este, legítimamente documentada y formalizada, y la jurisprudencia ya ha señalado que hay que atender a ese resarcimiento por daño moral. Y yendo más atrás, más allá de que el caso ha tomado relieve público porque indudablemente la vida de cualquier persona Testigo o no Testigo, siempre le duele a todos los ciudadanos a todas las personas, lo real y cierto es que el procedimiento que ha seguido el Hospital de Rosario es el procedimiento adecuado para este caso. La Corte Suprema de Justicia hace muchos años, no esta corte, ya había resuelto en un famoso caso que se llama el caso Bahamonde una situación de esta naturaleza, y de ahí en más toda la jurisprudencia Argentina se encolumnó con gusto o no gusto en este principio de la autonomía del paciente y que esa autonomía del paciente se, se manifiesta también sobre la conciencia y las creencias que tiene.

RB: Ahora la familia hizo el intento de un amparo. El amparo al caso, si llega a tiempo ¿puede suspender esa eh…posibilidad del paciente de, de decidir?

AA: Lo podría llegar a suspender pero con una peligrosidad de que después el juez, termine por advertir que, que ha equivocado algún procedimiento porque la resolución que, que le comentaba Rebeca de la Corte de Bahamondez, es justamente sobre un amparo que se plateó y la Corte dijo: mire más allá del amparo, más allá de la indicación terapéutica que señala que si no se transfunde corre serio riesgo la vida de la persona, usted tiene que respetar la conciencia, la creencia de esta persona.

RB: Bien, está clarísimo. Doctor Andruet, muchas gracias, muy amable.

AA: Rebeca muchas gracias a usted.

RB: Hasta cualquier momento

PROYECTOS DE VIDA - MATERNIDAD EN SOLTERIA

2010-07-06T14:33:00.002-03:00

DESEABLE MATERNIDAD EN SOLTERÍA

Armando S. Andruet (h), Centro de Bioética Universidad Católica de Córdoba.

Existe concausalidad y muchas explicaciones para analizar el fenómeno que mujeres solteras, con más de una treintena de años, quieran ser inseminadas para proyectar su prole. No buscamos ahora la vía exploratoria en lo jurídico, tampoco reflexionando acerca del privilegio que las técnicas tienen para resolver disfunciones y no convertirse, en mecanismos alternativos.

Haremos una apostilla fenomenológica, y que la orientamos como otro episodio del costo humano-moral que la sociedad global productiva-consumista impone a mujeres que, en muchos casos, son exitosas en su proyección laboral o profesional y que los tiempos del cumplimiento con dicho deber, exige para mantener el rango alcanzado, de toda su atención y ocupación. Y fuera de duda está, que la vida familiar inicial bimembre sustrae tiempos a todo lo demás: requiere compromisos a mediano y largo plazo con un final imprevisible en cuanto a su consistencia, pues la naturaleza propia y la del otro, pueden tener mutaciones severas. Sumarle a ello un niño, que ancle la relación al futuro, puede parecer un exceso de irresponsabilidad cuando en realidad, es sólo una alternativa vital que en cuanto ha sido lograda reflexivamente y con amor auténtico, tiene más razones para ser exitosa que para no serlo.

La inseminación en soltería de la mujer –que deberá tener un cierto pasar económico-, habla de quien advierte su soledad proyectiva y no quiere arriesgar nada para un programa en común con otra persona, donde la prole sea su resultado.

Finalmente debería servir dicho suceso, para advertir la manera trágica en que la vertiginosa convivencia contemporánea nos impone colocar nuestros proyectos de vida trascendentes, porque tener un hijo –solo o en pareja- no es menor. Por último cabe destacar, que la vulnerabilidad de las personas es una condición que también se produce cuando el vulnerado está en aparente o real éxito.

PUBLICADO EN DIARIO LA VOZ DEL INTERIOR, CÓRDOBA, 22.VI.10

ETICA EN LOS TRIBUNALES - LOS ROLES DE LOS JUECES

2010-06-14T00:36:00.003-03:00

PODER JUDICIAL LA ETICA EN LOS TRIBUNALES

La función del juez determina sus actos privados

Armando Segundo Andruet (h), vocal del Tribunal Superior de Córdoba, sostiene que los magistrados deben mantener una conducta proba. El jurista está convencido de que los códigos sirven para ratificar las buenas prácticas y guiar a los noveles jueces. "La gente espera que seamos personas de bien", afirmó.

El jurista dice que la investidura acarrea ciertas cargas sociales. "Sobre los jueces pesa una gran responsabilidad pública. Y esto no sólo cuando están en el ámbito de su despacho o de su ejercicio profesional directo. Esa función pública se proyecta también sobre sus actos privados, porque el estado judicial que tienen no desaparece cuando abandonan el despacho. No son como el oficinista que, cuando se levanta del escritorio, se puede transformar en un sujeto extraño y anónimo". El autor de esta reflexión es Armando Segundo Andruet (h), vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, uno de los grandes defensores en el país de la necesidad de que los poderes judiciales provinciales cuenten con códigos de ética, que precisen las reglas a las que deben sujetar su proceder los jueces.

Andruet está convencido de la utilidad de estos códigos, como los que rigen en Córdoba y Santa Fe. "Ratifican esas buenas prácticas que la propia comunidad de magistrados tiene formalizada. Sirven para que quienes se van incorporando a la vida judicial puedan rápidamente conocer cuáles son esas prácticas bondadosas que hacen que los jueces sean mejores", aseguró a LA GACETA.

-¿En qué ayudan los códigos de ética judicial?

-Ayudan en la medida en que hay cuestiones que, a veces por ignorancia, descuido o por falta de ponderación, no necesariamente por malignidad, caen en una situación de cierta penumbra, que lleva al ciudadano a descreer de ciertas actitudes de los magistrados. Ejercen un rol preventivo, clarificador, sobre todo para el magistrado novel, para que sepa que es inconveniente que tenga participación en ciertos ámbitos públicos que pueden ser visualizados como no decorosos por la sociedad. Hay quienes sostienen que, en profesiones como la del juez, es un dato muy importante y alentador que la sociedad tenga confianza en el magistrado por su "aparecer" social, que no es una ficción, sino el reflejo de lo que es el juez. Entonces, es clave que este sepa que la sociedad los está auscultando cuando está en su despacho, pero también cuando va al supermercado a comprar comestibles. Incluso en este último ámbito, una conducta impropia, intolerante, que exprese poder frente a la cajera del súper, puede expresar debilidades.

-Un abogado tucumano, cuando le ofrecieron ser juez, contestó que no era conveniente porque a él le gustaba jugar al billar en un bar…

-Parece que se trataba de un hombre que juzgaba y trataba con mucha seriedad a la magistratura, y que sabía cuáles son las estrictas exigencias que pesan sobre un juez. Jugar al billar no tiene nada de malo, porque es un pasatiempo que divierte mucho a las personas. Pero si los parroquianos de un lugar advierten que todas las tardes asiste un juez, indudablemente, desconfiarán de que el tiempo del magistrado esté completamente dedicado a la actividad judicial.

-¿Sobre los jueces pesan mayores cargas sociales?

-Es una función que requiere mucho compromiso. Si alguien no tiene en claro esto, seguramente, pensará que puede hacer cualquier cosa o asistir a cualquier sitio, a una whiskería, o salir a hacer gimnasia frente a Tribunales, a las 10 de la mañana. Quien piensa esto, supone que las prerrogativas que la Constitución pone en cabeza de los magistrados, son a favor de ellos, y no de la sociedad. Desde otra perspectiva, entendemos que brindamos un servicio a los ciudadanos, cobramos un buen sueldo, tenemos un buen pasar, pero no dejamos de estar al "servicio de" y eso implica estar sujeto a restricciones. Para eso el Estado me paga puntualmente y me garantiza la inamovilidad en mi cargo mientras dure mi buena conducta. Para eso hay una fábrica que se llama Poder Judicial, que no tira humo, que no nos obliga a usar mameluco, que no quiebra y que no echa a los empleados. Lo único que puede esperar la gente que aporta, además de que los jueces dictemos resoluciones justas y a término, es que seamos personas de bien.

Una carrera hecha en Córdoba
Armando Segundo Andruet (h) es vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y miembro de la Academia Nacional de Derecho y de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, además de titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Córdoba, donde también dirige la carrera de Especialización en Derecho Judicial.

Lo que rige para la Justicia de Córdoba
En el Código de Etica del Poder Judicial de Córdoba pueden encontrarse estas disposiciones: -"El ciudadano que opte por el ejercicio de la magistratura debe asumir que, junto a las prerrogativas que la Constitución le otorga y asegura en su función, la sociedad espera de él un comportamiento ejemplar".

-"Afectan la independencia judicial las gestiones funcionales que se cumplen ante otros poderes provinciales y nacionales, o ante cualquiera de sus dependencias, y que excedan la comunicación indispensable para obtener aquellos cometidos de coordinación que las normas contemplan para un mejor ejercicio de la función".

-"El trato equidistante exige que, cuando el magistrado o el funcionario conceda alguna audiencia a una de las partes en un proceso, ofrezca a la otra igual posibilidad de hacerse oír, invitándola al efecto".

-"Deben guardar prudencia respecto a los lugares y las personas que frecuentan, rehusando aquellos que puedan despertar suspicacias sobre su imparcialidad, dedicación o probidad, así como implicarlos en disputas violentas, o exponerlos a situaciones que vayan en desmedro de su dignidad funcional o del prestigio que cabe al Poder Judicial".

En Tucumán no hay ninguna iniciativa similar.

Desde 2004, cuando en Córdoba entró en vigencia el Código de Etica, se presentaron 120 denuncias ante el Tribunal de Etica, al que lo componen cinco miembros (todos jubilados), propuestos por el Tribunal Superior de Justicia, por la Asociación de Magistrados, y por los colegios de abogados.

Del total, sólo 40 han sido admitidas; en 15 de ellas, a su vez, el tribunal elevó las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, mientras que en las otras 25 se limitó a efectuar meras recomendaciones (sobre sus comportamientos) a los propios jueces que habían sido cuestionados. En otros 15 casos, los mismos magistrados solicitaron al tribunal que les respondiera si había alguna incompatibilidad en que fueran, por ejemplo, miembros de una asociación de ajedrecistas o que se desempeñaran como consejeros directivos en la Facultad de Derecho.

En el país, en los únicos poderes judiciales en los que rigen códigos de ética son en los de Córdoba y Santa Fe. En Corrientes, Santiago del Estero y Formosa están en proceso de aplicación. En el de Tucumán no hay nada parecido.

A favor de la exclusión de quienes cometen una falta reglamentaria. A Armando Segundo Andruet (h) le parece muy bien que el Reglamento Interno del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) de Tucumán establezca que quienes durante la tramitación de un concurso (convocado para la cobertura de un cargo en el Poder Judicial) incurrieran en una falta reglamentaria o ética serán excluidos del proceso, y que el CAM, además, puede anular el concurso cuando la falta, por su gravedad, atentara contra la transparencia del proceso.

Precisamente, el CAM estuvo a punto de tener que decidir si el abogado Pablo Martín Mercado, elegido secretario del cuerpo en un primer momento, había transgredido esta disposición al haber omitido en su currículo la mención de los cargos en la gestión pública que lo vinculaban políticamente a la vicepresidenta del CAM, la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse. No obstante, como Mercado finalmente dio un paso al costado y no aceptó el cargo, el CAM no tuvo que expedirse.

Aunque sin referirse al caso de Mercado, Andruet (h) alentó a que los órganos, como el CAM, no duden en aplicar esas cláusulas si correspondiera hacerlo. "La aplicación se va construyendo a partir de un entrenamiento de ponderación de las circunstancias y, como en todas las cosas, hay un primer punto de enclave que es el sentido común. A la persona que pasa con un carro por la calle, yo no le puedo exigir el mismo vocabulario y comportamiento que a un abogado acostumbrado a litigar en Tribunales, porque este último tiene una mayor responsabilidad", esgrimió.

¿Cómo se hace para determinar si alguien ha incurrido en una falta grave? , se le preguntó. "Habrá que analizar el contexto concreto, y determinar, a partir del conjunto compuesto por escenario, actores y libreto, las proyecciones deontológicas de ese acto", respondió.

Luego, aportó un ejemplo. "Si en un concurso para seleccionar un juez, se advierte que un concursante ha copiado, eso no es grave, es gravísimo. Ahora bien: ¿es igualmente gravísimo que un alumno de tercer grado copie? A mí me parece que en este último caso no es tan grave, porque, en definitiva, en tercer grado de la escuela primaria todavía se está trabajando sobre la formación de ese niño y se le puede enseñar que eso está mal por esto y por aquello; pero no le puedo decir lo mismo a quien, ya debidamente formado, aspira a ser juez, porque tiene una mayor responsabilidad", remató.

ENTREVISTA PUBLICADA EN EL DIARIO LA GACETA (SAN MIGUEL DE TUCUMAN EL DIA 17.v.10)

JUECES Y AUTORITARISMO

2010-01-11T09:56:00.005-03:00

Ref. publicación: Obra colectiva "Discusiones en torno del derecho judicial", Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2008, pág. 272. Indice: 1.Acerca del judicialismo o autoritarismo judicial. II. La relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad civil: ¿un concepto descriptivo o valorativa?. III. A propósito del caso 'Kimel' y sus implicancias en la hermenéutica constitucional. IV. El conocimiento de los hechos y la justificación de las premisas fácticas en el razonamiento judicial. V. La importancia delos principios lógico-clásicos en la argumentación del resto de sujetos, distintos del juez, que participan del proceso civil y comercial. VI. La persona en su constitución individual y proyección social. El derecho a participar en las instituciones socio jurídicas. VII. Sobre el fundamento antropológico del sistema penal.

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BIOETICA Y DERECHO

2010-01-10T18:38:00.005-03:00

Ref. publicación: Obra colectiva; "Temas de Bioética y Derecho"; Cátedra Unesco de Bioética y Biojurídica, Facultad de Derecho de la UNIFE, Lima, 2008. Indice: I. Eutanasia y ortotanasia: El problema de la autonomía en el derecho español. II. La discusión bioética en el humanismo y cientísmo médico. III. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco: Consideraciones en cuanto a sus alcances y naturaleza jurídica. IV. El derecho a la vida del concebido.V. La persona: Un desafío ontológico para la bioética actual. VI. De la bioética a la biojurídica. VII. La filiación y la fecundación artificial. VIII. Colisión de derechos: Un caso a considerar a propósito de las acciones del estado frente a la lucha contra el delito de pornografía infantil. IX. La humanización de la medicina.

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ACERCA DEL (des)PRESTIGIO JUDICIAL

2009-11-29T17:14:00.002-03:00

HACER LO VALIOSO

Armando S. Andruet (h), Vocal del TSJ

Que existen casos en el Poder Judicial con una trascendencia moral negativa es innegable. Ocurre aquí y en cualquier lugar, las instituciones inmaculadas no existen. Tal negatividad se potencia, cuando la necesidad de hombres probos resulta vital, frente a vivencias comunitarias desoladoras.

El TSJ lejos de ocultar lo vicioso, posibilita los mecanismos para que frente a la afectación de la transparencia de sus funcionarios o jueces, quede expedita la denuncia y su consecuente investigación como el estado de derecho impone.

Desgraciadamente, son más las denuncias débiles que aquellas con contundentes razones que posibiliten una solución rápida. Sin embargo, ambas dejan en la memoria selectiva la misma huella del desprestigio que el tiempo petrifica después. La lógica mediática o el denunciante furioso, podrán ser disparadores, pero no siempre auguran éxitos. El escenario judicial, el enjambre normativo y la tarea probatoria exige a veces proezas para un resultado cierto, y felizmente que es así; lo contrario sería estar desvalidos ante humores sociales o comunicacionales siempre cambiantes.

El TSJ promovió un Tribunal de Ética Judicial, que ha dictado un centenar de resoluciones a veces sancionando éticamente, cumpliendo funciones preventivas y también, solicitando investigaciones profundas. Es el Poder Judicial quien facilita caminos para que emerja allí donde exista la opacidad moral de los magistrados. Ha cumplido investigaciones administrativas que concluyeron en la solicitud de destitución de magistrados por el Jury de Enjuiciamiento; así con la Dra. Hoyos de Benavente, el Dr. Magnin Lavisse, el Dr. Moll y el Dr. Rocco Colazo. Solicitó la destitución del Dr. Pescetti que fue rechazada por el Jury. Ha investigado y denunciado –sujeto a decisión del Jury- al Dr. Matheu y también al Dr. Caffaratta.

Entretanto son investigados otros jueces, fiscales y asesores. Muchos de ellos nombrados con estridencia por los medios, pero es función del Poder Judicial, asegurar los mecanismos de defensa de los involucrados aun cuando, el desaguisado parezca brutal. Las personas intentan desincriminarse y cuestiones que socialmente aparecen escandalosas, por carencias probatorias se reducen a retazos de tela usada. El estado de derecho impone vivir siempre, sujeto a sus reglas.

Volvemos al principio: el Poder Judicial es posible que contabilice personas con falta de transparencia y carentes de idoneidad moral; es una preocupación conjunta de todos los actores sociales evitar que continúen, para ello, las buenas pruebas y la colaboración cívica junto al derecho de defensa, serán los ingredientes para una mejor vida en común.

Publicado Diario La Voz del Interior, 15.XI.09. Nota: Existen una serie de artículos junto a éste en el mencionado Diario, que son críticos respecto al estatus de confiabilidad que tiene el Poder Judicial de Córdoba en razón de situaciones concretas que allí se mencionan.

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 35 - U.C.C.- UNIDAD IX - AÑO 2009

2009-10-25T19:05:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 34 - U.C.C.- UNIDAD IX - AÑO 2009

2009-10-25T18:32:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 33 - U.C.C.- UNIDAD IX - AÑO 2009

2009-10-18T20:51:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 32 - U.C.C.- UNIDAD VIII - AÑO 2009

2009-10-18T20:13:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 31 - U.C.C. - UNIDAD VIII - AÑO 2009

2009-10-18T19:45:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 30 - U.C.C.- UNIDAD VIII - AÑO 2009

2009-10-18T19:16:00.000-03:00

ENTREVISTA RADIAL 8.IX.09 - DESPENALIZACION DE CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES - FALLO C.S.J.N. 'S. ARRIOLA'

2009-10-08T01:02:00.001-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 29 - U.C.C.- UNIDAD VII - AÑO 2009

2009-10-08T00:28:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 28 - U.C.C. - UNIDAD VII - AÑO 2009

2009-10-07T23:52:00.000-03:00

ACERCA DE LOS COMPORTAMIENTOS INDESEABLES DE LOS JUECES

2009-10-07T09:48:00.003-03:00

LA VERGUENZA AJENA Y EL DOLOR PROPIO

Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Católica de Córdoba

Muchas veces se discute que clase de poder es el que tiene el Poder Judicial como también la manera en que los jueces hacen uso del mismo. Aunque en realidad el problema no es el poder, puesto que alguien lo debe poseer, sino la forma en que ese depositario se conduce con el mismo. Y los jueces no son la excepción a ciertos usos no sólo políticamente incorrectos sino, definitivamente contrarios a toda realización virtuosa que con el poder se puede efectuar.

Pensar en definiciones que grafiquen el poder de los jueces, es imaginarlo en términos de silencio, de monotonía, hasta como una suerte de instrumentación aburrida; en cuanto las limitaciones cívicas lo imponen, las funcionales lo determinan y la sociedad lo exige. Nadie desea ver a los jueces, haciendo gala de cuánto poder tienen y mucho menos, de la manera no cuidada conque a veces utilizan del mismo.

En realidad todos quisiéramos jueces que ocuparan un espacio nulo en los medios de comunicación y que su presencia pública, lo sea a causa de la función que tienen y su responsabilidad pública en dictar pronunciamientos justos. En nuestro singular país, a veces no consustanciado ni por quienes ejercen el poder ni quienes son conducidos por aquellos, no hemos aprendido todavía institucionalidad suficiente y encontramos con tristeza que cada día más, los jueces son noticia periodística. Ello se agrava cuando el motivo para tal presencia mediática, no es para informar de resultados judiciales que sí importan a la sociedad, sino para cuestiones estamentales de la judicatura o porque son ellos mismos, una lamentable y patética noticia.

En las últimas semanas, dos noticias nacionales –no porque no tengamos provinciales- han perforado nuevamente la capa de confianza pública de la sociedad en la judicatura y a toda costa, se quiere ver en ellas –deformando lo real- que son hechos individuales, aislados y que en nada comprometen a la totalidad del Poder Judicial de la República. Así se ha difundido con fecha 5.IX.09 (Diario La Nación) que en el examen del Consejo de la Magistratura de la Nación, habría habido un actual Fiscal, el Dr. Hernán Tuppo, quien fuera descubierto con un examen de similar tenor al que fuera requerido como prueba de eximición; las noticias dicen luego, que se está investigando dicho hecho, y que habría alguna razón para creer en la existencia de otros casos de parecido jaez (vide ib. del día 8.IX.09 y 24.IX.09).

El restante supuesto que ha tenido la difusión casi global, puesto que se disponía de un circuito cerrado de filmación, es el que involucra a la jueza en lo contravencional de la Ciudad Autónoma de Bs. As., Dra. Rosa Elsa Parrilli, quien molesta porque su auto había sido removido de un lugar no dispuesto para el estacionamiento, se presenta en la Oficina administrativa competente y mediante un accionar digno de una tropelía de matonismo de un aprendiz de gángster del subdesarrollo, insulta, denosta y abusa de su condición para ser rápidamente atendida y además, no tener que abonar la multa pecuniaria que correspondía por la infracción, lo cual finalmente obtiene de ese modo.

Nos interesa el último caso, sólo porque ha tenido la capacidad de ser representativo –aunque en grado extremo- de un comportamiento que con cierta habitualidad –aunque con mayor discreción- los jueces suelen –solemos- tener y de los que, hay que estar suficientemente atentos para no verse –vernos- tentados en cometer. Vivir con poder –porque esa es la discusión- puede ser una cuestión doblemente peligrosa, por una parte para quienes sienten dicho ejercicio cuando el mismo resulta inmerecido y por la otra, para quien lo ejerce, en cuanto debe hacer un permanente ejercicio de autocontrol de sopesos –psicológicos, volitivos y actitudinales- acerca de cuánto del poder que se tiene por la función pública que se cumple, puede o debe ser trasladado a las realizaciones sociales corrientes y por lo tanto, a situaciones y/o actos que como tal, no importan atribución de iurisdictio alguna.

El difícil equilibrio que corresponde atender entre los actos públicos profesionales del juez y los otros actos personales con trascendencia pública que el mismo cumple, impone comprender, que de la misma forma que no se conoce el fenómeno jurídico sólo teniendo mayor acumulación de la dogmática jurídica y que hoy los jueces tienen que sumar a ello, si quieren brindar respuestas satisfactorias en lo justo de cada uno de los litigantes, competencias de corte transdisciplinar que potencien la mirada del mundo jurídico; pues también tienen que comprender, que entre el ser y el aparecer del juez no existe distancia alguna y ‘quien se muestra es como tal’, no importando a tales efectos el ámbito en donde la escena se realiza: sea ello en un despacho, en una oficina pública, o en un supermercado. No hay detrás del juez un hombre diferente al que aparece allí togado: sus virtudes y vicios no pueden ser ocultados ni potenciados, sea por el atuendo que luce o el poder simbólico que produce.

El ser juez como hombre independiente, imparcial y ecuánime no está requerido sólo en su ámbito laboral profesional sino que, se expande a cuanto lugar la figura del juez aparece; por lo cual, actos como los de la jueza Elsa Parrilli ponen en severo compromiso su misma ontologicidad judicial –con independencia de lo mucho y bien formada jurídicamente que pueda estar- porque en realidad, requerirle a un juez un comportamiento personal que cumpla con las condiciones mínimas de educación, decoro y respeto hacia los demás, no es solicitarle lo máximo sino lo mínimo de cualquier ciudadano.

Alguna vez –todavía lo creemos- la judicatura podrá ser un espejo de virtudes morales para la sociedad y con ello habrá de ganar la tan ansiada confianza pública, mas para acercarnos a tal resultado, la militancia en una sana y fecunda ética civil se presenta como un instrumento de validez casi universal; para que decir, cuando tantos jueces –que no son los provinciales de Córdoba- que rechazan bajo una mirada desde el poder que detentan, los códigos de conducta judicial, pues aprecien su valor. Tal vez allí, reconocerán que la función preventiva y pedagógica que la ética judicial cumple, habría podido -quizás, tal vez- evitarle los delicados momentos que de seguro bien merecidos los tiene la colega jueza Elsa Parrilli.

Publicado en el Diario La Voz del Interior (Córdoba- Argentina) el día 6.X.09

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 27 - U.C.C.- UNIDAD VII - AÑO 2009

2009-09-18T21:12:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 26 - U.C.C.- UNIDAD VII - AÑO 2009

2009-09-17T09:03:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 25 - U.C.C. - UNIDAD VI/VII - AÑO 2009

2009-09-17T00:34:00.001-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 24 - U.C.C. - UNIDAD VI - AÑO 2009

2009-09-17T00:03:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 23 - U.C.C. - UNIDAD VI - AÑO 2009

2009-08-12T22:44:00.001-03:00

LOS JUECES FRENTE A LA OBJECION DE CONCIENCIA

2009-07-17T20:25:00.000-03:00

REALIZACION JUDICIAL Y OBJECION DE CONCIENCIA

Armando S. Andruet (h), Facultad de Derecho, U.C.C.- Vocal del T.S.J.

I.- Vivimos tiempos tan dinámicos como elásticos. Todo se vuelve inacabado o efímero. Hemos aprendido que vivir en una democracia activa, impone exigencias políticas con la República y también para con nuestros conciudadanos. Cuestiones como: diversidad, tolerancia, razonabilidad, consenso, integran el abecedario político ciudadano con el cual, organizamos la posibilidad de una vida en común.

Los jueces antes que portadores de toga, se visten de la epidermis ciudadana y por ello, no sólo que gozan de los mismos derechos que los restantes ciudadanos sino que, tienen un plus de responsabilidades por su mismo pensar, hacer y decir. Los jueces son hombres de ley y presupuestamente, con mayor eficacia que otros: cumplidores de la ley.

Pensar un juez que despeche la ley es un contrasentido, pero cuando la ley que debe utilizar le genera una repulsión profunda ¿debe aplicarla igualmente?. O puede utilizar el camino aceptado para cuando hay que buscar soluciones a personas que tienen que cumplir con actos profesionales o no, que como tal, les afectan en su sensibilidad moral, idiosincrática o religiosa y que conocemos, bajo el nombre de objetores de conciencia.

II.- Con fecha 11.V.09 el Tribunal Supremo de España ha puesto punto final a una discusión de enorme trascendencia práctica, que arrancó cuando en la patria de Cervantes, se admitió que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil en igualdad de derechos que una relación heterosexual. Algunos jueces, se declararon objetores y se abstuvieron.

Argentina tiene una legislación civil diferente, aunque nada obsta ponerlo al tema en términos de posibilidad. La vida contemporánea es versátil en las cosas, imprecisa en su género, descomprometida en lo ético y poco pretenciosa con la verdad; por ello, es cierto que los jueces tienen conflictos morales asiduamente. Pocas veces, los debates de conciencia tienen trascendencia pública y son resueltos en su misma intimidad. Otras veces, encuentran solución por un camino procesal heterodoxo, invocándose violencia moral, interés en el pleito o forzando el haber emitido opinión sobre el tema. Otros casos –moralmente extremos- se ubican en la típica objeción de conciencia.

En el marco de la hipótesis no resulta ocioso como ejercicio moral y provocación intelectual interrogar, si los jueces ¿pueden hacer primar su conciencia, antes que aplicar la ley?. Revisemos un elenco de situaciones –actuales-, más allá de la generada por la relación marital entre homosexuales, el de: i) ordenar extender documentos de identidad a quienes han mutado sexualmente, ii) autorizar la interrupción del embarazo a una mujer en el marco del aborto no punible, iii) suspender la alimentación o hidratación a una persona en estado vegetativo permanente, existiendo una ley que así lo autoriza, iv) ordenar la no transfusión de sangre –médicamente necesaria- a un testigo de Jehová que invoca dicho cumplimiento. Obviamente que los casos están en la praxis judicial diaria y no son especulaciones de gabinete.

III.- Reflexionaremos -en manera provisoria- a fin de poder arribar a alguna certidumbre posterior. El marco teórico presupone el conflicto moral que el juez tiene, cuando la aplicación de la ley le genera una afectación moral en su conciencia que le degrada en su propia creencia y por ello, tiene una inevitable resistencia para usarla.

Se repite que el juez sólo se rinde ante el imperio de la ley y no podría ser dominado por su conciencia. El juez –hasta donde aspiramos- debe tener atributos tales, que pueda incluso tomar feliz distancia de sus propios pre-juicios para que no interfieran en su decisión. Así el juez, está sometido sólo a la ley y a ninguna otra fuerza normativa o meta normativa.

Tal afirmación, central en el análisis, debe ser repensada en clave de contemporaneidad superando el modelo exegético que la enarboló y de la cual aprendimos, que los jueces no tienen otra conciencia que la abstracta que la ley promueve.
Sin embargo, rendir hoy obediencia ciega a dicho axioma, si bien no es siempre un exceso, puede resultar temerario en su aplicación absoluta. En honor a ello, los jueces utilizan extraños pasadizos procesales cuando se enfrentan a una ley injusta: i) buscan otra norma que se adecue mejor al caso, ii) hacen una hermenéutica diferente a la sugerida inicialmente por la misma ley, iii) promueven una morigeración usando de la equidad, iv) declaran la inconstitucionalidad de la norma.

Dichos caminos no son todos útiles para el elenco descripto; el problema ahora no es de justicia con el justiciable, es de algo superior; se vincula con la conciencia individual del juzgador, esto es, quien tiene que hacer la ponderación de lo justo del otro. Dudamos que pueda encontrar el juez su sosiego en colmación de acto de justicia alguna, en aquello que antes –en sí mismo- rechaza en su conciencia. Hasta aquí la prognosis presumida. Avancemos con algunos caminos resolutivos posibles, aunque también provisorios.

IV.- Decir que los jueces sólo están sometidos a la ley, es minimizar el rol judicial actual; de igual forma, afirmar que están por encima de la ley, es dotarlos de una soberanía incompatible con el estado de derecho. Sin embargo, eximirse de aplicar una ley por su afectación en conciencia, ¿es lo mismo que decir, que no están sometidos a la ley?. Parece que la cuestión es diferente.

Para responder, recordemos ¿qué cosa? hacen los jueces cuando aplican las leyes: simplemente subsumen historias personales en esos supuestos teóricos, adecuando allí, los aspectos que mayor completitud brindan a su propia experiencia de lo justo concreto. Como se advierte, el motor de la operación juzgadora radica en la misma razón de la judicatura como es, la vocación de justicia. Sin ella no hay magistratura alguna y ello a su vez, ha integrado parte de los mismos compromisos formales que el juez ha dado públicamente con su juramento y en virtud del cual, ha puesto como garantía de cumplimiento ora a la República, sus creencias religiosas y/o su mismo honor.

El art. 112 de la Constitución Nacional impone la obligación –a los miembros de la Corte Suprema- prestar su juramento, obligándose a “...desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, ...”. Vale decir que la Const. Nacional es cúspide del ordenamiento normativo todo, por lo cual, es posible hacer la paráfrasis con los jueces inferiores aunque la enunciación del juramento en las provincias pueda ser otra. De donde resulta, que al imponerse administrar justicia bien, está diciéndose con miras a lo bueno o justo y por lo tanto; sobreponiéndose en dicha gestión a lo meramente legal.

Con ello nos interrogamos: ¿Se puede ser justo, cuando lo que no hay antes, es una insatisfacción moral con la ley a ser aplicada, porque su resultado deviene en la consumación de una decisión inicua?. Seguro que no.

Aparece así, un raro ejercicio de coherencia intelectual y también de extraño equilibrio moral, como es requerirle al juez que cumpla con lo justo de la decisión cuando antes, él mismo, no puede creer en la justicia que la ley en abstracto tiene. Conviene no olvidar que en la construcción de la matriz decisoria del juez, éste, se hace una representación del estándar de justicia que su resolución posee. Dicha instancia intelectiva en el caso no se podría cumplir, por la afectación que en conciencia previamente existe y como tal, oscurece cualquier resultado posterior y tiñe de parcialidad negativa todo resultado aplicativo de ella. Así se comete una segunda afectación –la primera, porque el juez no es imparcial puesto que tiene que resolver con una ley que objeta moralmente-, toda vez que tampoco es ecuánime –lo justo de cada uno está opacado por la misma ley que se aplica-. Finalmente tampoco es independiente el juez, porque la ingerencia negativa obligatoria de la ley no ha podido ser remediada.

Con todo ello, prima facie, nuestros jueces deberán estar atentos a su propia conciencia y que un juez, que resulta constreñido en ella, aun cuando sea por la ley; difícilmente no quede domeñado por las fuerzas no legales que constituyen el universo sociopolítico en donde tienen cita hoy, los conflictos judiciales.

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 22 - U.C.C. - UNIDAD VI - AÑO 2009

2009-06-28T21:33:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 21 - U.C.C. - UNIDAD VI - AÑO 2009

2009-06-28T21:03:00.003-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 20 - U.C.C.- UNIDAD IV - AÑO 2009

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CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 19- U.C.C.- UNIDAD IV - AÑO 2009

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CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 18 - U.C.C.- UNIDAD IV - 2009

2009-05-10T23:19:00.001-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 17 -U.C.C.- UNIDAD III - AÑO 2009

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CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 16 - U.C.C.- UNIDAD III - AÑO 2009

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CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 15 - U.C.C.- UNIDAD III - AÑO 2009

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CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 12 - U.C.C.- UNIDAD III - AÑO 2009

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CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 11 - U.C.C.- UNIDAD II - AÑO 2009

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CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 7 - U.C.C. - UNIDAD I - AÑO 2009

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CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 6 - U.C.C.- AÑO 2009 - UNIDAD I

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CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 5 - U.C.C.- AÑO 2009 -UNIDAD I

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APORTES PARA LA DISCUSIÓN SOBRE LA PENA DE MUERTE

2009-04-05T21:33:00.005-03:00

¿ES POSIBLE LA PENA DE MUERTE EN ARGENTINA?

Frecuentemente los problemas de las sociedades en rigor no son tan nuevos como se puede pensar; lo grave es cuando la respuesta que se quiere brindar al problema ya reconocido entonces, no sólo que es también conocida, sino que ha demostrado ser inerme para el objetivo buscado 1.

Cíclicamente en la República Argentina, ya sea porque iluminados legisladores, juristas o políticos lo han ponderado de esa manera, porque un conjunto de ciudadanos generalmente acosados por el miedo y la violencia extrema que sobre ellos pesa lo han movilizado, o porque incluso, los medios han logrado instalarlo en la capa más epitelial de lo social, la pena de muerte reaparece.

En dichos contextos, se regeneran desde la iusfilosofía, los apoderados del escolasticismo para traer a su favor las doctrinas de Santo Tomás, F. Suárez (2) y otros que la habían admitido (3) ; los sociólogos utilitario-pragmáticos que la advierten valiosa a la institución en países líderes en el mundo, por caso en el occidental (indicarán que en EE.UU. 36 Estados sobre 50 la aplican y que en el año 2006 se ejecutaron 53 personas (4)) y también en China (que aventaja a EE.UU. en la utilización, puesto que para el mismo año se aplicó la pena capital a 1770 personas) ; los economistas por su parte, no habrán de dejar de señalar los costos económicos que la sociedad habrá de ahorrar con ella y obviamente, habrá que sumar una extensa retahíla de víctimas que han sido amenazadas o atacadas por sujetos de la peor estofa ciudadana como también, el colectivo de familiares de muertos, que reclamarán al unísono y desde lo más profundo de su pasión y razón, que no se otorgue la vida a quien despreció la del prójimo.

Las razones para mostrar nuestra oposición se pueden proyectar desde los diferentes perfiles en que la cuestión puede ser desagregada, esto es: filosófico-moral, social, económico y desde ya jurídico. En esta ocasión, sólo haremos unas apostillas respecto a este último, adelantando que varias cosas hacen que resulte inviable y por ello, son fútiles las propuestas ordenadas a dicho resultado. Las ágoras socio-urbanas, cadenas de e-mails y otra cantidad de instrumentos de socialización resultan inanes a una realidad normativa que tal como está, es insuperable.

En primer lugar digamos desde lo estadístico, que no existe ninguna referencia a que la amenaza de una mayor punición penal, amedrentaría a los delincuentes. Posiblemente ello ocurría, cuando la delincuencia se cumplía bajo ciertos y tristes códigos del negativo oficio, en este tiempo, el binomio drogadependencia y delincuencia son paralelos en la mayoría de los casos y por ello, difícilmente un delincuente con un rango de ferocidad químicamente inducida, pueda hacer una representación final del resultado del acto lesivo cumplido.

En segundo lugar, los avances técnicos en la determinación de los autores materiales de las investigaciones penales, mediante el ADN, ha mostrado palmariamente la cantidad de equivocaciones judiciales que han llevado a personas inocentes estar encarceladas injustificadamente. El error judicial en la autoría del hecho, mientras el equivocado victimario está vivo, permite remediarlo: muerto ya no es posible. Y está claro, que a la sociedad no le puede dar lo mismo: matar al culpable y por error, poder matar también al inocente.

En tercer lugar porque después de haberse reformado la Constitución Nacional en el año 1994 e incorporado con rango constitucional un conjunto de Tratados sobre los derechos humanos, hace de imposibilidad absoluta que nuestro país pueda orientar una reforma legislativa en tal sentido; salvo que decidiera reformarla otra vez, o denunciar los mencionados Tratados y con ello, romper una tradición jurídica de la que pocos juristas harían votos favorables (5). Cabe agregar también que en el año 2007 la Unión Europea, movilizó a que el plenario de la Asamblea de la ONU adoptara una resolución –no vinculante- de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte (6).

En realidad los problemas de la criminalidad no se solucionan sólo con mejores normas, que obviamente no incluyen la pena de muerte, tampoco con un sistema jurídico judicial que funcione con una mayor celeridad y adecuado equilibrio entre garantistas y activistas. La causalidad hay que buscarla en otro lugar, la delincuencia en una buena medida es el efecto de falta de alfabetización, pobreza, insuficiencia de trabajo, narcotráfico, discriminación y grupos sociales completamente excluidos.

En rigor entonces, más allá del reclamo social que si bien debe ser desatendido en el objetivo buscado –pena de muerte-, no puede ser descuidado en sus causas y por ello, es el Poder Administrador a quien corresponde organizar las estrategias de solución, al Legislativo, el dictar las normas que en tal sentido orientan un resultado efectivo y al Judicial, ser consecuente con ellas y potenciar una mirada proactiva desde la ingeniería jurídico-social.

Hasta tanto ello no ocurra, habrá sin duda y cada tanto, reclamos por la vuelta al talión, con el riesgo latente que en una triste ocasión, pueda llegar a triunfar la irracionalidad.
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Cíclicamente en la República Argentina, ya sea porque iluminados legisladores, juristas o políticos lo han ponderado de esa manera, porque un conjunto de ciudadanos generalmente acosados por el miedo y la violencia extrema que sobre ellos pesa lo han movilizado, o porque incluso, los medios han logrado instalarlo en la capa más epitelial de lo social, la pena de muerte reaparece.

En dichos contextos, se regeneran desde la iusfilosofía, los apoderados del escolasticismo para traer a su favor las doctrinas de Santo Tomás, F. Suárez y otros que la habían admitido ; los sociólogos utilitario-pragmáticos que la advierten valiosa a la institución en países líderes en el mundo, por caso en el occidental (indicarán que en EE.UU. 36 Estados sobre 50 la aplican y que en el año 2006 se ejecutaron 53 personas) y también en China (que aventaja a EE.UU. en la utilización, puesto que para el mismo año se aplicó la pena capital a 1770 personas) ; los economistas por su parte, no habrán de dejar de señalar los costos económicos que la sociedad habrá de ahorrar con ella y obviamente, habrá que sumar una extensa retahíla de víctimas que han sido amenazadas o atacadas por sujetos de la peor estofa ciudadana como también, el colectivo de familiares de muertos, que reclamarán al unísono y desde lo más profundo de su pasión y razón, que no se otorgue la vida a quien despreció la del prójimo.

Las razones para mostrar nuestra oposición se pueden proyectar desde los diferentes perfiles en que la cuestión puede ser desagregada, esto es: filosófico-moral, social, económico y desde ya jurídico. En esta ocasión, sólo haremos unas apostillas respecto a este último, adelantando que varias cosas hacen que resulte inviable y por ello, son fútiles las propuestas ordenadas a dicho resultado. Las ágoras socio-urbanas, cadenas de e-mails y otra cantidad de instrumentos de socialización resultan inanes a una realidad normativa que tal como está, es insuperable.

En primer lugar digamos desde lo estadístico, que no existe ninguna referencia a que la amenaza de una mayor punición penal, amedrentaría a los delincuentes. Posiblemente ello ocurría, cuando la delincuencia se cumplía bajo ciertos y tristes códigos del negativo oficio, en este tiempo, el binomio drogadependencia y delincuencia son paralelos en la mayoría de los casos y por ello, difícilmente un delincuente con un rango de ferocidad químicamente inducida, pueda hacer una representación final del resultado del acto lesivo cumplido.

En segundo lugar, los avances técnicos en la determinación de los autores materiales de las investigaciones penales, mediante el ADN, ha mostrado palmariamente la cantidad de equivocaciones judiciales que han llevado a personas inocentes estar encarceladas injustificadamente. El error judicial en la autoría del hecho, mientras el equivocado victimario está vivo, permite remediarlo: muerto ya no es posible. Y está claro, que a la sociedad no le puede dar lo mismo: matar al culpable y por error, poder matar también al inocente.

En tercer lugar porque después de haberse reformado la Constitución Nacional en el año 1994 e incorporado con rango constitucional un conjunto de Tratados sobre los derechos humanos, hace de imposibilidad absoluta que nuestro país pueda orientar una reforma legislativa en tal sentido; salvo que decidiera reformarla otra vez, o denunciar los mencionados Tratados y con ello, romper una tradición jurídica de la que pocos juristas harían votos favorables . Cabe agregar también que en el año 2007 la Unión Europea, movilizó a que el plenario de la Asamblea de la ONU adoptara una resolución –no vinculante- de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte .

En realidad los problemas de la criminalidad no se solucionan sólo con mejores normas, que obviamente no incluyen la pena de muerte, tampoco con un sistema jurídico judicial que funcione con una mayor celeridad y adecuado equilibrio entre garantistas y activistas. La causalidad hay que buscarla en otro lugar, la delincuencia en una buena medida es el efecto de falta de alfabetización, pobreza, insuficiencia de trabajo, narcotráfico, discriminación y grupos sociales completamente excluidos.

En rigor entonces, más allá del reclamo social que si bien debe ser desatendido en el objetivo buscado –pena de muerte-, no puede ser descuidado en sus causas y por ello, es el Poder Administrador a quien corresponde organizar las estrategias de solución, al Legislativo, el dictar las normas que en tal sentido orientan un resultado efectivo y al Judicial, ser consecuente con ellas y potenciar una mirada proactiva desde la ingeniería jurídico-social.

Hasta tanto ello no ocurra, habrá sin duda y cada tanto, reclamos por la vuelta al talión, con el riesgo latente que en una triste ocasión, pueda llegar a triunfar la irracionalidad.

1. Con un gran provecho se puede consultar la obra de Arthur Koestler, Reflexiones sobre la horca, que fuera publicado inicialmente en el Semanario Observer, en el año 1955. Allí se cuestionaba la ponderación de la ley inglesa que imponía la pena capital (Vide en modo parcial en la obra conjunta Camus, A. y Koestler, A.; La pena de muerte – Un problema siempre actual, Bs.As., Emecé, 1960.

2. Vide Suma Teológica II-II q. 64 y De Legibus II, 14; respectivamente.

3. De todas formas no se puede ignorar la notable evolución que dentro de la misma Iglesia ha existido a dicho respecto. Así bien lo relata Leandro Rossi, apuntando como ha sido ayudada la Iglesia por el mundo contemporáneo, tal como Gaudium et Spes (nº 40 y ss) lo promueve (vide Diccionario enciclopédico de teología moral, Madrid, Paulinas, 1978, pág. 793).

4. Subyace aquí la tesis de que la pena para ser ejemplar debe ser espantosa. En 1791 Tuaut de La Bouverie y partidario de las ejecuciones públicas sostenía que “Hace falta un espectáculo terrible para contener al pueblo”.

5 La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 4.3 reza: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

6. El texto fue aprobado por 104 votos a favor, 54 en contra, 22 abstenciones y 5 ausencias, todo ello sobre 192 Estados miembros. Cabe agregar que “Un total de 133 Estados miembros de la ONU abolieron la pena de muerte en su legislación o en la práctica, y sólo 25 países llevaron a cabo ejecuciones en 2006, de las cuales el 91 por ciento se registraron en China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y Estados Unidos, según datos de Amnistía Internacional” (Vide La Voz del Interior del día 19.XII.07).

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 4 - U.C.C. - AÑO 2009

2009-03-25T23:17:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 3 - U.C.C.- AÑO 2009

2009-03-25T22:59:00.000-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 2 - U.C.C. - AÑO 2009

2009-03-25T22:41:00.001-03:00

CATEDRA DE FILOSOFIA DEL DERECHO - CLASE 1 - U.C.C. - AÑO 2009

2009-03-25T22:20:00.001-03:00

CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y BIEN COMUN

2008-12-28T17:30:00.003-02:00

Consumo Personal de Estupefacientes y Despenalización

I.- Acerca del consumo de estupefacientes

En cuanto concierne a la despenalización de los estupefacientes[1], inicialmente queremos alertar respecto a dos cuestiones importantes para que no se considere nuestro parecer, propio de una mentalidad conservadora y retrógrada, que se cierra a los espacios de crecimiento o cuestiones de ese tipo.

Recientemente hemos tenido conocimiento que según resulta del ‘Informe Mundial sobre las Drogas 2006’ de la ONU, el cannabis es la droga ilícita de la que más se abusa en el mundo; como así también que la edad de inicio en la drogadicción, generalmente por el consumo de marihuana, ha descendido de los 15 a los 13 años. A ello podemos agregar, que una muestra reciente en siete Facultades argentinas, demuestra que el 12% de los universitarios estiman que es más perjudicial un cigarrillo de tabaco que otro de hierba de cannabis y por ello, el 19% de los mismos dice haberlo fumado.

Finalmente no se nos escapa y tal como se suele apuntar un poco precipitadamente, que el consumo está despenalizado en una sociedad como la holandesa y que sin embargo, ello no ha traído consecuencias disvaliosas. Frente a esto último hay que destacar, que habría que considerar en detalle las consecuencias reales y no aparentes de la mencionada libertad en el consumo de estupefacientes; de cualquier manera se impone apuntar que en modo alguno, en Holanda se puede fumar acaso marihuana en donde a uno le viene bien, pues sólo es posible hacerlo públicamente, en los lugares que legalmente están previstos para ello y bajo estrictas reglas de cumplimiento efectivo y no meramente discursivas ellas.

Tal aspecto les importa mucho de marcar a las autoridades de dicho país, con lo cual está claro que la mencionada conducta no les resulta ni tan común, corriente o aceptable; así fue como la Cancillería de los Países Bajos –según información periodística- destaca “que la venta de todo tipo de drogas es punible” y que “con la existencia de lugares controlados para la venta de cannabis se aspira a una separación de mercados, con el fin de evitar que los usuarios de cannabis entren en contacto con ambientes donde se consumen drogas duras”[2].

Tal como se puede apreciar en el proyecto de reforma del código penal -por este tiempo detenida-, no existe restricción de ningún tipo y por lo tanto, aun cuando se quisiera favorecer a los mencionados proyectos de vida de personas drogadictas, al menos se debería tender a preservar lo más posible la ya deteriorada salud que por opción individual dichas personas padecen.

En este marco se insiste en considerar, que las consecuencias operativas de la punición del consumo de estupefacientes aumenta en lugar de prevenir o reducir el mencionado uso personal; y que la persona no merece una sanción penal sino un tratamiento de desintoxicación y reinserción social libre de drogas. Se consolida de esta forma la tesis, que dice que la punición del consumo es funcional al narcotráfico puesto que se asienta la política criminal en tales sujetos y no en quienes son los verdaderos autores de dicho flagelo como son productores e intermediarios.

II.- Las respuestas negativas a la despenalización de los estupefacientes

En el mencionado marco reflexivo, corresponde destacar que todo ordenamiento jurídico impone una cuota de violencia, porque restringe la libertad de los ciudadanos; ello es casi un axioma de la vida civil y política debidamente organizada. De allí, el costo que lo social hace pagar al derecho de los ciudadanos, es a veces, interfiriendo en los propios proyectos de vida que los mismos para sí tienen[3].

Desde esta mirada, y con independencia de cualquier discurso libertario, resulta que los derechos de los ciudadanos no son absolutos y no toda proyección vital es tolerada socialmente. Cuando las conductas personales han dejado de ser autoreferentes, porque lesionan al mismo bien común, los bienes particulares ceden y se debilitan; porque nunca, los proyectos de vida contingentes e individuales podrán ser superiores a los proyectos de vida necesarios y globales de toda una comunidad política.

En dicho contexto, despenalizar el consumo de estupefacientes, como las tareas de siembra, cultivo, guarda y preparación de ellos; deviene a esta altura del conocimiento del flagelo mundial que es la drogadicción, en una afirmación que ondula entre la ingenuidad y la malignidad. Ficcionar que quien consume se daña a sí mismo y que por lo tanto, no se lo puede castigar, siguiendo así el derrotero utilitario de Stuart Mill[4], además de lo dicho, es ingresar en colisión con otras exigencias primarias que al propio Estado le corresponden, como es, el de brindar prestacionalmente el derecho a la salud a los habitantes y la asistencia sanitaria al enfermo. Enfermo que en la ocasión, estaría por una parte alentado y tolerado por el Estado y luego por otra, impuesto de rehabilitar. Huelga la contradicción.

Estamos frente a una enfermedad adictiva, que irradia sus consecuencias en manera ostensible a toda la estructura social. No se trata de una enfermedad para decirlo con Susan Sontag: de nobleza romántica[5]; se conoce acabadamente que es una patología que degrada totalmente al consumidor, porque no reconoce los límites de la propia voluntad del adicto. Basta para ello preguntar al padre, hermano, hijo, esposo, amigo de un consumidor de estupefacientes, si acaso la afectación que dicha droga le genera, considera que le afecta sólo en lo individual a él y no irradia o propaga su malestar a los otros contornos de la vida social, estudiantil, laboral, profesional y afectiva. La respuesta honesta y no interesada es contundente.

De todas maneras también debemos puntualizar, que en manera alguna el hecho de que no sea punible el consumo de estupefacientes para uso personal; deja abierta una cantidad infinita de posibilidades para que los juzgadores terminen desincriminando o no el consumo, acorde a la propia contextura física del adicto, como al mismo estado de dependencia que con la droga el nombrado tenga. De tal manera, la noción de autonomía que aparece como esencial a la hora de formular proyectos de vida autoreferenciales y en el proyecto de código atendidos favorablemente, se ve cuestionada. Ello es así, porque un tercero como será un perito médico, será quien juzgue, si el consumo de estupefacientes que la persona dice que habrá de ser para consumo personal en realidad lo es, o simplemente excede ello y por lo tanto, deviene punible el acto. Luego entonces el acto que por esta circunstancia puede dejar de ser autoreferente en rigor no lo ha sido nunca.

Ello es así, puesto que resulta una obviedad considerar que quien tiene un peso superior a los cien kilos habrá de tener una tolerancia mayor a dicha droga, como a la vez, que quien tiene ya suficientemente iniciado el camino en el mencionado vicio ilícito, habrá de requerir progresivamente una dosis mayor; si no fuera así, las drogas en cuestión no tendrían demostradas en el caso concreto la capacidad toxicomanígena y que en el ámbito de ciertos Tribunales, ha sido lo que ha orientado el voto favorable por la despenalización[6].

En realidad y sin ingresar a la discusión de la dogmática penal, lo que parece de bastante sentido común y por lo tanto, no despreciable desde ninguna perspectiva jurídico penal es que, si las mencionadas drogas generan adición y está demostrado harto suficientemente que lenitivamente van horadando la misma estructura psicológica del consumidor, el no sancionar penalmente a quien consume porque -hic et nunc- esa cantidad en concreto no alcanza para dañarlo, mas cuando ese mismo supuesto aislado resulta puesto en una situación de continuidad –como generalmente habrá de ocurrir-, se apreciaría irremediablemente que un razonamiento con tal matriz esconde una notoria falacia de petición de principios.

De cualquier modo, aun cuando sólo afectara al sujeto que se droga, no se puede desconocer, que la misma Constitución Nacional, si bien alienta y permite la diversidad de proyectos de vida de los ciudadanos; todos ellos deben ser conjugados a la luz de una idéntica hermenéutica como es la signada en el propio preámbulo de la Carta Magna, como es la de ‘promover el bienestar general’, que se vería afectado mortalmente, porque desde la misma ley penal madre, se autoriza a que el ciudadano se enferme y degrade[7].

Así las cosas, la ley posibilitaría una práctica sitiada en las antípodas de un verdadero estado constitucional y democrático de derecho, el cual quiere ciudadanos libres y sanos, suficientemente realizadores de los proyectos personales de vida, pero que aun desde la diversidad, confrontación o disenso, terminen contribuyendo al bien común.

Por otra parte no se puede dejar de considerar, que el hecho de que durante mucho tiempo se haya puesto en grado de evidencia la poca o nula aptitud del Estado para tener una política de persecución criminal respecto a quienes producen y comercializan estupefacientes y que por lo tanto, resulte operativa sólo para quienes lo consumen, por ser ellos más expuestos y débiles en dicho proceso; en rigor no es un argumento que pueda ser sostenido con suficiencia para desincriminar el consumo de estupefacientes.

En todo caso, debería ser dicho marco de la realidad un acicate suficientemente poderoso para organizar una política de persecución penal que resulte eficiente en todos los niveles. Pero desincriminar sobre el oscuro argumento que con ello, se habrá de poder ocupar mejor el Estado de perseguir a quienes están en la producción y en la comercialización es como buscar el premio consuelo de una campaña absolutamente perdidosa del Estado; quien para intentar ser eficaz en su obligación, abandona a su suerte –que efectivamente se conoce que no habrá de ser buena- a un conjunto de ciudadanos a quienes bajo el ropaje de máxima tolerancia a sus tristes proyectos de vida, se los condena a un incuestionable ostracismo social venidero criminalizado o no.

Una sociedad civil de enfermos drogadictos, alentados por la tolerancia pasiva del Estado, no parece ser, el síntoma que muchos esperamos como ciudadanos comprometidos en la misma República.

[1] Corresponde recordar que el tema ha sido ya claramente introducido en la jurisprudencia nacional desde hace bastante tiempo, así la propia C.S.J.N. in re ‘Gustavo Mario Basterrica – Alejandro Carlos Capalbo’ (Fallos 308:1392) se mostró proclive a tal posición; que luego fue abandonada a partir del precedente ‘Ernesto Alfredo Montalvo’ (Fallos 313:1333). En la actualidad el estado de la jurisprudencia no parece estar completamente definido, una buena lectura demarcatoria de las posiciones en tal sentido puede ser lograda en Calvete, F.; ¿Puede haber delito sin afectación potencial del bien jurídico? en Suplemento La Ley Penal y Procesal Penal del 30.VI.06, pág. 18 y ss.

[2] Vide Diario La Nación del día 15.V.06 en nota intitulada “Marihuana: preocupa la tolerancia social”.

[3] Hemos desarrollado con cuidado los ejes de dicha tesis en Libertad, violencia y derecho: Un encuentro desde la autonomía personal y la realización democrática en Revista Foro de Córdoba Nº 100 (2005), pág. 17 y ss.

[4] Bien vale recordar que el autor inglés escribía: “Nadie puede ser obligado por ley a realizar o no determinados actos porque eso fuera mejor para él, porque lo hiciera más feliz, o porque, en opinión de los demás, resultase más prudente o justo actuar de esa manera. Todas esas son buenas razones para disentir de él, razonarlas con él, convencerlo suplicarle con insistencia, pero no suficientes como para obligarle o causarle algún perjuicio en caso de que actúe de manera diferente. Sólo la prevención del daño que pudiera causar a un semejante serviría como justificación para el hecho de tratar de disuadirlo de una determinada conducta” (Mill, S.; Sobre la libertad, Madrid, Edaf, 2004, pág. 52).

[5]Susan Sotang recuerda que “En general, y quizás porque la depresión, tan poco romántica, ha desplazado la idea romántica de melancolía, el cáncer, al contrario de la tuberculosis, es impropio de una personalidad romántica” (La enfermedad y sus metáforas y el sida y sus metáforas, Bs.As., Taurus, 1996, pág. 55).

[6] Apuntamos en este sentido el argumento de la Dra. Angela E. Ledesma –en minoría-, integrando la Cámara Nacional de Casación Penal in re ‘Burgos, Miguel A. s/rec. de casación, que puede ser consultado en Suplemento La Ley Penal y Procesal Penal, Marzo de 2006, pág. 55 y ss.

[7] En igual sentido se puede consultar Rueda, L.; Narcotráfico y derecho positivo, Córdoba, Advocatus, 2003, pág. 61.

ENTREVISTA TELEVISIVA - JUSTICIA Y BIOETICA

2008-12-26T21:35:00.004-02:00

CUESTIONES DE ETICA JUDICIAL

2008-12-26T21:18:00.003-02:00

¿ HAY ALGO MÁS GRAVE QUE COMETER
UN PLAGIO ? (1)

I.- Repaso del marco legal deontológico en Paraguay-
II.- El contexto fáctico originario y el descalabro metodológico-
III.- De la ética judicial escrita a la ética judicial actuada-

I.- Repaso del marco legal deontológico en Paraguay

Tratándose en el caso concreto de una resolución de una República extranjera, nos habremos de permitir hacer una breve ubicación en el contexto jurídico normativo de la materia sobre la cual, ella se ocupa; lo cual es doblemente significativo en esta ocasión porque se trata, no de una resolución jurisdiccional sino una que se debe ser calificada como deontológica y por lo tanto, existirá una mayor extrañeza por parte de la comunidad judicial y abogadil acerca de los tópicos sobre los cuales ellas suelen estar fondeando.

A tal respecto cabe señalarse que la República del Paraguay desde el año 2003 y hasta el 18.X.05 en que finalmente la Corte Suprema de Justicia mediante la Acordada Nº 390 y en sesión plenaria aprueba el anteproyecto en el cual se había trabajado largamente; con ello queda fuera de toda duda el esfuerzo notable en potenciar los aspectos éticos de la magistratura y lo ha hecho no sólo con entusiasmo, sino con un fuerte acompañamiento de la sociedad civil y organizaciones intermedias en medida de las posibilidades que a ellas les está permitido[2], a lo cual se ha sumado un programa de apoyo financiero externo de reforma en general para toda la administración de justicia, pero donde se advierte que ha existido una preocupación por hacer una baza importante en los temas de ética judicial, a cuyo efecto se ha organizado una Oficina de Ética Judicial[3], a lo cual se ha sumado una dilatada tarea de capacitación ad intra del Poder Judicial paraguayo y profusa difusión ciudadana acerca de lo que significa en términos ciudadanos una mejora judicial por la vía de la ética judicial[4]. Dichas gestiones no han sido en vano y los resultados que delata esta resolución y otras anteriores es muestra acabada de ello.

Sin duda alguna, que se inscribe la República del Paraguay en la mencionada temática en el proyecto nacional más proactivo que existe en la región Latinoamericana y del Caribe, sin perjuicio de la existencia de modelos provinciales que tienen adecuadamente organizado y en funcionamiento los Tribunales de Ética Judicial y sancionados por ello sus respectivos Códigos deontológicos y con un acervo jurisprudencial que al menos puede ya ser considerado significativo. En esta proyección ocupa el primer lugar en la República Argentina el Tribunal de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba y secundariamente la Provincia de Santa Fe. En el orden nacional, huelga recordar la permanente reticencia que ha existido para avanzar con fortaleza en dicho punto y por lo tanto, no se puede catalogar a la República Argentina en su conjunto, como preocupada por dichos temas, lo cual hace, que se adviertan ulteriormente dichos reflejos a la hora de tomarse los diferentes barómetros de calidad institucional en el capítulo de políticas públicas judiciales y transparencia en el ejercicio del cargo judicial. Otro país que en la región ha hecho un esfuerzo notorio y también visualmente distinguible en la materia es México, que recientemente ha sancionado su Código de Ética, conformado sus Tribunales y dictado las correspondientes resoluciones[5].

No se puede dejar de señalar en el marco que nos venimos refiriendo, que ha habido una fuerte movilización para dichas realizaciones por diferentes Cumbres Judiciales Iberoamericanas, que progresivamente ha ido introduciendo no sólo la necesidad sino la importancia de contar con instrumentos internacionales en dicha materia, de tal manera que en el año 2001 en Canarias, se aprobó el ‘Estatuto del Juez Iberoamericano’, posteriormente en Cancún (2002) la llamada ‘Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, en el año 2004 en Copán – San Salvador las 22 Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y Consejos de la Judicatura que conforman las Cumbres, propiciaron la elaboración de un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. El mismo fue aprobado en la XIII Cumbre, celebrada en Santo Domingo en el año 2006, habiendo sido sus principales redactores, los Dres. Manuel Atienza de España y Rodolfo Vigo de Argentina. En este marco de efervescencia por los temas deontológicos judiciales, se sancionan mediante aprobación por Acordadas respectivas, no sólo el Código de Paraguay en el año 2005, sino Santa Fe (2002), Córdoba (2003)[6] y México (2004)[7].

Agotada esta pequeña reseña genérica de lo que nosotros hemos calificado como el movimiento codificador deontológico del inicio de siglo, orientaremos algunos aspectos concretos del funcionamiento en concreto del Tribunal de Ética Judicial de Paraguay para poder luego, hacer algunos aportes a la extraña conducta de la Juez de 1ª instancia Civil y Comercial del 5º Turno de Asunción, Dra. Nilse Ortíz.

Dos temas son importantes de señalar en el marco de funcionamiento del Código de Ética Paraguayo, esto es, que se han creado en dicho espacio ético, dos institutos que resultan los pilares del funcionamiento de dicho Código; por una parte el Consejo Consultivo del Código de Ética Judicial (artes. 40/48) y por otro, el Tribunal de Ética Judicial (arts. 49/51). El primero de los nombrados no sólo que emite opiniones consultivas a quienes la solicitan y que están allí indicados, sino que las pueden brindar ex officio, también deberá emitir los dictámenes que correspondan en los juicios de responsabilidad ética que han sido previamente investigados por la Oficina de Ética Judicial y que serán remitidos –si correspondiera- al Tribunal de Ética Judicial para su juzgamiento en concreto[8]. El último supuesto es el que ahora nos ocupa.

Hay que sumar y como se acaba de señalar en la nota anterior, que junto al Código, se ha dictado el Reglamento de la Oficina de Ética Judicial y Procedimientos relativos al Código de Ética Judicial; siendo función específica de dicho órgano, el implementar operativa y logísticamente el Código, de tal forma que recibe las denuncias y consultas éticas, hace las investigaciones preliminares de las denuncias éticas y eleva las que resultan pertinentes prima facie al Consejo Consultivo. En general es una Oficina de apoyo a las actividades del Tribunal y del Consejo Consultivo[9].

II.- El contexto fáctico originario y el descalabro metodológico

La mencionada Juez de la Ciudad de Asunción, seguramente también vinculada a la actividad académica en razón de que su libro intitulado Ética Judicial (Asunción, Ed. Marben SA, 2007) y de seguro próxima ella también, a la temática disciplinar y/o científica sobre la que se ocupa la obra, puesto que no habría otra razón de hacer una tesis sobre una materia ajena a la misma actividad académica. Todo ello en razón de que el trabajo doctrinario publicado, según resulta de la relación de los hechos que se hacen en la resolución Nº 21 del 2.IV.08, ha sido el resultado de su propia tesis doctoral y que fuera defendida el 17.XII.05 en la Universidad Nacional del Pilar.

El mencionado aspecto ayuda liminarmente a superar un primer ámbito de ‘ignorancia invencible’ que a veces suele ser el esquema defensivo de quienes son enjuiciados al menos jurisdiccionalmente por plagio –y que de todas maneras fuera ensayado a modo de excepción por la denunciada-, como es aducir desconocimiento de ciertas exigencias metodológicas cuando se utilizan ideas, párrafos y/o textos de terceras personas y por supuesto sin autorización de ningún tipo por los mismos y como es obvio sin hacer indicación alguna de ello. El plagio está centrado en lo que la doctrina ha nombrado como el ‘abuso de cita’[10], para diferenciarlo de otro tipo de plagios realizados sobre otras expresiones culturales, científicas, disciplinares, lúdicas, estéticas, etc., que como tal el genio humano puede producir[11].

En función de ello, sin duda alguna que estamos frente a un supuesto que tal como habrá sido considerado por la Jueza, es de ‘conciencia venciblemente errónea’ y por lo tanto no es expresión de la recta razón y por esa misma circunstancia es que no deviene dispensable desde la moralidad de los actos[12]. Aunque en realidad y dada la pertinaz transcripción de aportes doctrinarios no citados o indicados que realiza, se configuraría el no corriente supuesto que los moralistas clásicos nombraban como ‘conciencia cauterizada’[13].

Quizás se pueda llegar a pensar –y sólo por hipótesis de trabajo- que en una modesta edición bibliográfica a cargo de un centro comunal pequeño y con una instrucción y orientación no científica –sino en el mejor de los casos, puramente divulgativa- bien se pueden cometer semejantes desaguisados como la resolución indica y seguramente que también, en dicho supuesto, la ignorancia acaso pueda ser una ponderación digna de ser considerada y exculpatoria del déficit moral; pero como rápidamente se puede colegir, en el caso que sub análisis se encuentra, estamos en las antípodas del nombrado supuesto.

Fuera de toda otra discusión quedan al menos liminarmente indicadas tres condiciones que gravitan negativamente sobre la encartada deontológicamente; en primer lugar es magistrada y presumidamente vinculada con el ámbito académico por lo cual, por definición está acostumbrada a tratar con instrumentos discursivos en los cuales doctrinarios y juristas hacen un esfuerzo por cumplir las buenas prácticas previstas para las citaciones de obras utilizadas; por otra parte y atento a su formación jurídico-legal, la hace ella presumidamente quien no puede desconocer el derecho vigente, no sólo porque lo tiene que aplicar en los justiciables que se lo reclaman, sino en este caso, porque debió modelarlo en primera persona en su propia realización biográfica y bibliográfica. Por último y como tercer elemento de ponderación -aunque en realidad son de descalificación para la mencionada Magistrada-, resulta que su trabajo doctrinario está especialmente centrado en la ética y no para decirlo burlonamente, se ha ocupado de escribir acerca de la ética del medio ambiente, sino justamente que ha hecho foco de su estudio en la misma ética judicial[14] y por lo cual, aparece el resultado a la vista con una entidad de clara grosería, desparpajo y desidia en haber tomado una actitud de tan lamentable desfiladero.

Volveremos más abajo sobre dicho aspecto, porque resulta central en el presente análisis en el cual insistimos, no hacemos hermenéutica alguna de los aspectos jurisdiccionales que puedan llegar a producirse, sólo nos atenemos a las consideraciones brindadas en una resolución ética y donde ha quedado fuera de toda discusión y como se puede advertir del minucioso estudio que se ha realizado por el Tribunal sentenciante, que ha habido un exceso de transcripción –en rigor diríamos procaz- sin las debidas indicaciones respectivas de quienes eran autores de ellas y con lo cual ha dejado expedito el camino para la constitución del plagio que autorizó la resolución dentológica[15].

Sin duda que a los magistrados se nos permiten –por razones que no corresponde discutir ahora, diversas cuestiones- muchas de ellas incluso no tan buenas; más la falta de cuidado ostensible en querer desafiar al destino y la realidad de las cosas parece un proyecto deliberadamente obstinado a fracasar, más aún cuando hoy se toma el mundo de las informaciones con una globalidad digna de ser concentrada en pocas consultas por los grandes buscadores de información en la red. Por ello es que resulta incomprensible y naturalmente frustrativo el comportamiento de la Sra. Juez, ya no sólo porque se inscribe como una falta a la ética judicial, sino antes y después de ello, porque se ubica el mencionado modo al borde de la humillación para la vida judicial que sin duda abrazó en algún momento, pero que parece ahora que no se dejara la Juez abrazar por ella, al menos en la presente ocasión.

De las constancias de los autos resulta que la Dra. Ortíz para confeccionar su libro y tesis doctoral antes, ha tomado material bibliográfico concreto –sin indicación de ningún tipo, ni en las citas al pié de pagina, encomillados o bibliografía general- nueve obras de diversos autores de relevancia en la materia y que algunos, han publicado lo que a la postre resulta plagiado, no sólo en libros dispuestos en soporte papel como es el caso de cinco de ellas, sino que en cuatro ocasiones ha procedido a levantar dicha información de publicaciones dispuestas en páginas web vinculadas a la capacitación y/o discusión sobre temas de administración de justicia en términos generales.

De nuestras operaciones aritméticas para este primer grupo de apropiaciones bibliográficas se tendría un total de aproximadamente 94 páginas de transcripciones en el libro propio de la Dra. Ortíz; a ello hay que agregarle que según se relata, se ha tomado un total de 31 comentarios que diversos autores han formulado en distintos cursos a distancia –y que no se confunden con los anteriores- sobre el tema de la ética judicial, reformas y/o mejoramiento de la calidad institucional de los jueces –todos ellos sin citación de ningún tipo- y que arroja un total de aproximadamente otras 154 páginas que acrecientan el libro plagiado en un total, de 246 páginas. Desgraciadamente no nos consta cual es el total de páginas de la obra Ética Judicial de la Jueza, para con ello a la vista hacer alguna estimación numérica en relación parte-todo.

De cualquier manera y aun en el desconocimiento de lo que se acaba de apuntar, prima facie está claro que resulta una cantidad de páginas las utilizadas de otros autores excesiva; mas debemos aclarar, que no nos preocupa en realidad que hubiera podido existir en el libro un aparato crítico-bibliográfico extenso a cincuenta obras consultadas con sus citas o a muchas más; lo verdaderamente grave y por ello, la defensiva protectoria del derecho sustancial es la falta de indicación de la respectiva autoría de las mismas.

Muy por el contrario y lo hemos dicho en diferentes lugares antes de ahora, existen libros, particularmente los que son escritos con una finalidad pedagógica o investigativa donde el trabajo de las fuentes y las citas de párrafos utilizados, justamente es lo que califica la seriedad del estudio. Hay obras en donde se indica expresamente la manera en que deben ser leídos por los diferentes auditorios y por lo tanto, su autor recomienda que para los recién llegados o que se están introduciendo en dichos temas, hagan la lectura preliminar al menos sin las notas al pié de página o al final del capítulo o del libro –tal como suelen hacer los anglosajones-, mientras que para aquellos ya iniciados en la temática, que la realicen también sobre la letra chica[16] y que por metodología al menos clásicamente admitida, se deben consignar todos los registros de autores, títulos, editorial, lugar, edición, páginas y otra referencia si correspondieran[17]. Todo ello resultará de una orientación imprescindible para profundizar ciertos aspectos por parte de la comunidad investigativa o educativa, porque justamente una obra publicada en el ámbito académico tal como indudablemente es la que nos ocupa, carecería de bastante sentido si ella estaría definitivamente llamada a quedar intramuros y para el propio deleite de su autor.

III.- De la ética judicial escrita a la ética judicial actuada

Con todo lo que hemos venido señalando hasta este momento, no parece posible que puedan encontrarse razones que puedan hacer pensar en excusas absolutorias para el acto doctrinario plagiado y que ha sido de esa manera sentenciado por el Tribunal de Ética Judicial de Paraguay, habiendo verificado la falta ética y concluído con la amonestación a la Magistrada en los términos del art. 62 de dicho Código. A la luz de dicho resultado, no se puede dejar de advertir, que los jueces deontológicos han aplicado dentro de las decisiones en las que puede terminar admonitoriamente el trámite ético judicial, mediante la previsión más severa y por tanto despreciado las medidas de recomendaciones o llamado de atención.

Calificación que consideramos absolutamente ajustada a las constancias de los obrados y a la naturaleza de la falta en cuestión; aunque en realidad no sólo obedece a una consideración puramente fenomenológica la cometida por al Juez Ortíz al no haber cumplido con las citaciones nominales de los autores u obras utilizadas, sino porque en realidad lo que ocurre en el fondo, es que existe una falla sustantiva en la propia realización del ethos de la Magistrada; de allí entonces que no se puede dejar de preguntar con total honestidad, cuantos de los comportamientos de la misma Jueza y que rozan temas deontológicos en su quehacer frecuente –público o privado con trascendencia pública- en verdad serán postraciones de su ‘verdadero ser’ -de Magistrada- por un ‘puro parecer’ de tal, engañando con ello a la misma confianza ciudadana que espera que los jueces, no tengan un ‘aparecer’ disociado del ‘ser’, sino que sea el primero de los nombrados una verdadera continuidad de lo que resulta constitutivo de la misma persona que ejerce la responsabilidad de la judicatura.

Viene a cuento lo que hemos apuntado en este marco, “la ética de la magistratura, se asienta en la base misma de lo ontológico del ser magistrado como es el de cumplir dicha profesión, como una función pública de servicio público y en miras a la consolidación del bien común político de la sociedad desde una posición de imparcialidad y neutralidad. La ética es una teoría de la praxis que atiende a la moralidad de esa práctica, y la realización judicial sin la existencia de un código, es cierto que no habrá de ser necesariamente negativa; mas existiendo el mismo, la confrontación de los supuestos desatinos de la realización judicial resultarán evidentes”[18]; y ello es justamente lo que ha ocurrido en este caso, donde la Magistrada conocedora de las rutinas jurídico-legales, formada en el ámbito académico: escribe una obra sobre Ética Judicial en una República donde existe un Código de Ética Judicial y presumimos por nuestra cuenta, que habrá opinado favorablemente acerca del mismo. Con todo ello, la falla deontológica aparece ostensible por donde se la busque.

No equivocadamente a la hora de ser impuestos los defectos éticos de la conducta de la Magistrada, el primero en apuntarse –y hasta pudo ser el único- es justamente la falta de ‘honestidad’[19]; porque si se ahonda otro tanto en dicho concepto, se puede llegar a conocer con claridad, la misma gravedad de lo que ha sucedido. Así se tiene que recordar que “La integridad y honestidad que deben caracterizar la actuación de un profesional es la base de la confianza que en el mismo deposita el cliente o paciente. Si no concurre la confianza, la misma relación profesional se corrompe y pierde su verdadera naturaleza (…) También en el caso del jurista, ya se trate del juez, abogado, asesor fiscal, esta confianza es imprescindible. Por ello, la ausencia de la misma tendría unas repercusiones muy graves, afectando, incluso, a la cohesión misma de la sociedad. Ésta quedaría instalada en lo que Cortina denomina la ‘hermenéutica de la desconfianza”[20].

De todas maneras y aunque ello ya de por sí es suficiente para haber tenido por absolutamente consolidada la falla deontológica por parte de la Juez, no se pueden desconocer algunos otros aspectos si se quiere accidentales al proceso ético que fuera cumplido y que a la vez, colocan en evidencia el poco apego que en rigor la Magistrada con certidumbre tiene por los temas que con tanto entusiasmo escribe y defiende en tribunales doctorales.

Nos estamos refiriendo a tres cuestiones y que todas ellas han sido rechazadas, la primera tratar deliberadamente de deformar el procedimiento deontológico impuesto por el Código para llevarlo al marco de lo jurisdiccional y que como todos sabemos, bajo el desmesurado principio de defensa y garantismo en juicio promueve defensas inexistentes, temerarias o escabrosas; la segunda observación el haber recusado a los miembros del Tribunal de Ética Judicial, del Consejo Consultivo y al Director de la Oficina de Ética Judicial. Es una verdad de Perogrullo que no siempre las partes impuestas en una contienda tienen la confianza plena –porque existen las causales o existiendo no es necesario explicitarlas- acerca de la imparcialidad, ecuanimidad e independencia de los juzgadores, pero pensar que ello es extensivo a la totalidad de los integrantes de lo que podríamos nombrar como la estructura funcional del Tribunal de Ética Judicial es sin duda no sólo una maximización inaceptable, sino también tomarse bastante poco en serio la materia de la ética judicial. Por último atribuir una conducta maligna y deliberada por parte del Director de la Oficina de Ética Judicial, para dañarla; sin duda que en una instancia de este tipo resulta una aseveración fuerte y en todo caso, deberá ser canalizada por las vías jurisdiccionales que correspondan, porque si ello es cierto aparece gravísimo que un funcionario a cargo de hacer las aportaciones para la adecuada realización de la ética judicial y de su Código, se mueva por intereses personales y malsanos y de no serlo, porque justamente no tiene porque verse expuesto a este tipo de imputaciones, que como es obvio lo lesionan en lo más profundo del compromiso personal como es la misma fibra moral.

Dicho todo lo que hemos podido apuntar –en el sólo marco deontológico y para nada jurisdiccional y acorde a las constancias que resultan de la resolución que se comenta- y que en rigor de verdad sólo aspira a que se pueda seguir consolidando en manera efectiva en la región de Latinoamérica y del Caribe la existencia de los Códigos de Ética Judicial y por lo tanto, que los jueces que integran los diferentes Poderes Judiciales sen cada vez, hombres y mujeres, mejor reconocidos por los ciudadanos porque justamente en razón de la misma función que ocupan en la sociedad, no sólo que son depositarios de la confianza pública sino que son el auténtico motor de cambio de una sociedad que sin duda, en todo tiempo busca los mejores y para ello indaga las brújulas que le ayuden a encontrar dichos caminos, los que a veces no son prístinos en su mostración.

La pregunta entonces acerca del epígrafe de nuestro comentario, tiene una sola respuesta; más grave que cometer un plagio es desconocer la misma toga que se luce.

[1] La publicación del fallo al cual se hace el comentario, puede ser leído en el lugar donde se encuentra publicado originalmente el presente trabajo: Revista Zeus Córdoba, N° 312 del 7.X.08.

[2] Principalmente se deben apuntar como sectores de la sociedad civil comprometidos con el proyecto inicial a las siguientes: SUMANDO e IDEA, ambas se ocuparon de hacer capacitaciones a integrantes de la sociedad civil en educación cívica y ética general. En otros casos, las tareas de articulación estuvieron dirigidas a la formación en dichos temas a los propios magistrados.

[3] Con fecha 24.III.04 la Corte Suprema Paraguaya suscribió un Convenio con la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), para la elaboración de un Código de Ética Judicial de la República. Con mayor detalle puede ser consultada la génesis del mencionado Código en Vigo, R.; Ética y responsabilidad judicial, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2007, pág. 123 y ss.

[4] Una muestra evidente de ello, es también la producción bibliográfica que se ha dispuesto para tal acompañamiento, entre otras el publicado por ellas bajo el título de Paraguay- Cómo está organizado- Apuntes hacia un Código de Ética Judicial, Asunción, 2005, 91 páginas. El pequeño manual se divide en cuatro capítulos, los dos primeros se ubican en referencias a la institucionalidad y organización de los Poderes del Estado, el siguiente de la ética y el final de un código de ética judicial. Está claro que no se puede buscar en el mismo mayor profundidad en los análisis, pero sin duda que logra el objetivo de capacitación a gran escala que como hemos visto por nuestra experiencia en hacer capacitación en estos temas en la región, resulta al final de cuentas de una valía inconmensurable.

[5] A tal respecto no se puede dejar de tener presente, que en la edición última que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (por México) y que colecta el material más rico que se haya producido sobre la materia deontológica, se pueden advertir referencias sólo a los dos países y dos provincias que han sido indicadas más arriba como verdaderos productores de masa crítica en la nombrada materia. En tal lugar, se transcriben cinco resoluciones y una opinión consultiva del Paraguay; ocho dictámenes y pronunciamientos de la Provincia de Santa Fe y once resoluciones de la Provincia de Córdoba (Vide Suprema Corte de la Nación; Resoluciones de Tribunales de Responsabilidad Ética- Judicial, México (DF), Serie Ética Judicial Nº 14, 2007.

[6] Con mayor detalle puede ser consultada la génesis del mencionado Código en Andruet, A.; La ética judicial de Córdoba y su código en Experiencias Exitosas de los Poderes Judiciales Provinciales y Ciudad Autónoma de Bs.As., Bs.As, La Ley, 2007, pág. 43 y ss.

[7] Con mayor detalle puede ser consultada la génesis del mencionado Código en Vigo, R.; Ética y responsabilidad judicial, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2007, pág. 111 y ss.

[8] Vide Capítulos V y VI del Reglamento de la Oficina de Ética Judicial y Procedimientos Relativos al Código de Ética Judicial.

[9] La mencionada Oficina de Ética Judicial se encuentra a cargo del Prof. Ab. Esteban Kriskovich De Vargas que junto a un pequeño grupo de colaboradores ha trabajado activamente para consolidar el proyecto; entre dichos aportes no se puede desconocer la compilación como Director de una obra que ha realizado con una gran cantidad de material bibliográfico relacionado con la ética judicial y que por definición son de dificultad encontrar, a tal respecto se puede ver Manual de Ética y Deontología de las Profesiones Jurídicas, Asunción, Atlas-Instituto Tomás Moro (Univ. Católica Ntra. Sra. de la Asunción), 2007.

[10] El art. 10 de la ley argentina (11723) indica que “Cualquiera puede publicar confines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales, entonos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto. Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colectivas, antologías y otras semejantes…”. Agrega Luis Moisset de Espanés comentando dicho artículo, que “Atendiendo a esa realidad la ley consagra el ‘derecho de cita’, que configura al mismo tiempo un ‘deber de cita’ que encuentra su marco en imperativos tanto de tipo legal, como de carácter ético” (La investigación en las ciencias jurídicas, Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2008, pág. 111 y ss.)

[11] Un reciente artículo publicado Gaffoglio, G.; El plagio, en La Ley Nº 92 del 12.V.06 (T. 2006-C); que si bien hace referencias que exceden la ponderación que ahora queremos focalizar sólo en el ámbito deontológico, podrás ser de cualquier manera de interesante orientación.

[12] De dicha categoría se ha apuntado que “Existe, por tanto, la obligación de salir del error antes de obrar. Téngase en cuenta que quien está en un error vencible muchas veces no se da cuenta de cuál es la solución del problema; simplemente no advierte que lo que piensa no es seguro, que tiene que investigar más, etc., por lo que desde luego no tiene conciencia recta” (Rodríguez Luño, A.; Ética general, Pamplona, EUNSA, 1991, pág. 290).

[13] Apunta Rafael Gómez Pérez -paradójicamente en la misma obra que la Magistrada ha utilizado en plagio y en importante extensión de páginas sin hacer citación alguna- que dentro de la conciencia errónea –por opuesta a verdadera- puede encontrarse la llamada ‘conciencia laxa’, “… la que no concede importancia lo que, en sí, es objetivamente grave y moralmente negativo; si esta laxitud se hace crónica, hasta el punto de no plantearse problema moral alguno, se habla de conciencia cauterizada (se ha hecho un callo en la conciencia)” (Deontología jurídica, Pamplona, EUNSA, 1982, pág. 49).

Tan taxativa consideración desde la moralidad nos recuerda un comentario al menos jocoso que apunta Helio Vera en el Diccionario Contrera, cuando se apunta que del plagio se dice: “Copia, en todo o en parte, en un texto ajeno sin mencionar la fuente. Si la copia es de varios textos debe ser llamada investigación” (pág. 61, citado por Moisset de Espanés, L.; La investigación en las ciencias jurídicas, Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2008, pág. 113).

[14] La ética decimos como género y la ética judicial como especie de ética aplicada a dicho marco profesional y disciplinar que son los jueces. A tal respecto hemos indicado con alguna precisión que esta última “… es una mirada que describe y prescribe prácticas profesionales de los jueces, y que en el colectivo social son consideradas axiológicamente deseables, puesto que incardinan en ellas una sumatoria de normas de derecho positivo y de los principios que son nucleares a un ethos social definido” (citado por Chayer, H.; Ética judicial y sociedad civil, Bs.As, Konrad Adenauer Stiftung- FORES, 2008, pág. 33).

[15] Para no repetir definiciones modernas acerca del tema, traigo por todas ellas la orientación etimológica que resulta por demás gráfica, así se dice que tiene introducción en el vocabulario dicho fonema desde 1882, entendiéndose como “apropiación de conceptos ajenos” (Corominas, J.; Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1998, pág. 462).

[16] Al menos se puede recordar y por haber sido material de estudio en las fases iniciales de cualquier carrera vinculada a ciencias sociales, la de Jacques Maritain, El orden de los conceptos- Lógica, Bs.As., Club de Lectores, 1980, pág. 10, prólogo. Y si ello no resultara todavía suficiente, no se pueden desconocer obras absolutamente clásicas en donde justamente el festín de la lectura está en el trabajo de la citación y que a veces, suele ser considerado una falsa erudición cuando en realidad es más una debilidad de quienes lo dicen antes de quien lo escribe; entre dichas obras sólo dos pueden ser de suficiente ilustración la de Robert Burton, Anatomía de la Melancolía, 1ª edición 1624; nuestra referencia según la publicada por Winograd, Bs.As., 2008, con introducción de Pablo Maurette, otra y posiblemente más conocida por muchos, la realizada por Michel de Montaigne, Ensayos, 1ª edición 1580; nuestra referencia según la publicada por Océano, Barcelona, 1999, con estudio preliminar de Ezequiel Martínez Estrada.

[17] Clásicamente es suficiente la obra de Ireneo González; Metodología del trabajo científico, Santander, Sal Terrae, 1973, 4ª Ed.. En dicha obra se apuntan dos aspectos que nos parece oportuno para este breve comentario y que en realidad apunta a una télesis pedagógica también, se dice que “Se llaman notas las pequeñas aclaraciones, explicaciones o digresiones, útiles para la inteligencia de nuestro estudio, pero que no pertenecen directamente al desarrollo de nuestro pensamiento, antes bien lo entorpecen algún tanto” (pág. 222); luego se indica que “Se llama cita a la llamada o referencia a un libro al cual remitimos a los lectores, y también al texto mismo o las palabras originales que tomamos de otro autor (…) Las citas son necesarias unas veces por pedirlo la probidad profesional del escritor, otras por exigirlo la utilidad de los lectores…” (pág. 223). Más modernamente y con sólo modificaciones de mayor comodidad en la manera de realizar las notas y las citas se pueden consultar entre otras Taborga, H.; Cómo hacer una tesis, México, Grijalbo, 1980, pág. 170 y ss; Eco, U.; Cómo se hace una tesis, México, Gedisa, 2000, pág. 188 y ss; Pardinas, F.; Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales, México, Siglo XXI, 1980, pág. 192 y ss; Moisset de Espanés, L.; La investigación en las ciencias jurídicas, Bogotá, Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2008, pág. 111 y ss.; lo que está claro de todas maneras es que en ningún caso, autor alguno entiende que se puedan obviar las consideraciones nominales de los productores del pensamiento que acaso luego puede resultar plagiado.

[18] Andruet, A.; Códigos de Ética Judicial – Discusión, realización y perspectiva, Bs.As., La Ley, 2008, pág. 8.

[19] El artículo 8 del Código de Ética Judicial de Paraguay, recupera el nombrado valor, virtud, principio, práctica, regla, canon o como se lo pueda denominar; porque está presente el mismo en la totalidad de los cuerpos deontológicos existentes y ello habla de su carácter insustituible, como se podría señalar otros que resultan a veces más propios de ciertas y determinados ethos judiciales, indicando que “El juez debe ejercer el cargo con honestidad. Orientará su conducta pública y privada no solamente en función de dicho valor, sino que se esforzará en proyecta socialmente una imagen coherente con tal valor, que erradique toda duda o sospecha de conducta deshonesta”.

[20] Aparisi Miralles, A.; Ética y deontología para juristas, Pamplona, EUNSA, 2006, pág. 232.

CUESTIONES DE ETICA JUDICIAL

2008-12-25T21:04:00.003-02:00

LAS INFORMACIONES PERIODÍSTICAS Y LOS JUECES[1]

I.- Muchas veces hemos escrito acerca del rol de la justicia como institución de la República, y otras tantas de los jueces como ejecutores de una de las más difíciles responsabilidades en la vida pública, como es la de juzgar a los demás[3], por actos que sin duda nunca nadie por más juez que sea, resulta estar exento.

Desde ya que mucho creemos en el sistema de administración de justicia como la única manera en que los conflictos sociales intersubjetivos se pueden resolver por una vía racional y socialmente apta, y seguramente que se evidencia ella, luego de haberse agotado las instancias prejudiciales tales como: mediación, negociación, transacción privada, etc. También hemos sostenido, que la administración de justicia es una estructura en donde la defección individual de sus componentes, tiene un efecto corrosivo e inmediato entre los restantes miembros de la comunidad profesional y de la cual, difícilmente se puedan desembarazar con rapidez quienes nada han tenido que ver con el suceso objetado socialmente[4].

En el ideario colectivo social, el defecto de un juez es predicable en todos. Y si bien la aplicación de un sofisma de tal tipo –ignoratio elenchi- que en el caso se utiliza es equivocado, no se puede atribuir que sea ello por una predisposición maligna; en todo caso lo será sólo, en una menor escala. Lo cierto es que ello ocurre de esa manera poco atractiva para los jueces, porque la sociedad a veces desea –y no está del todo mal- que los jueces tengan comportamientos más próximos con los de un ‘superman de virtudes’ que con un profesional de la judicatura, pero también expresan en el mismo requerimiento, que si tienen los similares defectos, vicios y debilidades comunes a la totalidad de la especie humana -y no hay ninguna razón biológica para que estén excluidos de ello por el solo hecho de ser togados- los ciudadanos y justiciables requieren, que resulten ellos más virtuosos para aceptar el desaguisado moral o la acción penalmente reprochable que hayan podido cometer.

Es de todo buen hombre el aceptar los propios errores, pero es un deber connatural al ejercicio de la judicatura que los jueces no se dejen domeñar por sus defectos y hagan entonces un ejercicio de fortaleza para evitar repetirlos y de sabiduría también, para saber asimilarlos en modo resiliente. Pensamos acaso, en aquellos jueces afectados en su voluntad por una ordenación a las actividades lúdicas económicamente posibilitadas, en aquellos otros con una fuerte predisposición para dejarse acompañar o buscar la compañía pública de mujeres de ninguna reconocida honorable forma de vida y que por ser la más vieja de las conocidas, no la vuelve honesta; sumamos también en el inventario de estos comportamientos, a quienes son proactivos a las juergas y al exceso alcohólico en ellas y que hacen de su diversión una manera habitual de vida. Se trata en todos los casos, de comportamientos judiciales impropios y que en la mayoría de los casos están atendidas en su realización por los diferentes Códigos de Ética Judicial existentes.

Obvio es, que todas estas conductas pueden ser coexistentes sin dificultad con la misma realización profesional del juez, quien quizás es igualmente un hombre valioso desde su formación técnico judicial y porque no decirlo; es posible que también dicte resoluciones que puedan ser consideradas justas y razonables. Todo lo cual recrea un viejo problema de la deontología judicial acerca de si las malas personas pueden ser buenos jueces[5].

II.- En una noticia periodística del Diario El Mundo de España del día 27.XI.08 leíamos con sorpresa y también tristeza, que el Juez Decano de Barcelona, reclamaba con molestia a dicho diario, por la filtración que había existido en el mismo, al dejarse correr la noticia de que una jueza había sido hallada positiva en un examen de alcoholemia que se le hiciera mientras conducía su vehículo. El Juez Decano, se indica en la información, ha destacado que en dicha noticia está interesada la propia Policía de Cataluña, y que con ella se ayuda a alimentar el desprestigio de los jueces y puede ser incluso constitutiva de algún delito.

De lo publicado por el periódico se pueden entresacar varias cosas para la reflexión. Por de pronto hay que decir, que los jueces pueden alguna vez, habiendo bebido, creer que no ha sido tanto y por lo cual no advertir su afectación para la conducción de un automóvil, es ello posible y seguramente, que los umbrales de tolerancia que las leyes disponen, pueden ser realmente muy bajos o incluso cero y por tanto, una ingesta alcohólica muy menor y por ello, posiblemente no significativa para afectar la actividad corriente del manejo, es detectada químicamente y por ello reprochable. Por ello el principio siempre es, que quien bebe aunque poco sea, definitivamente no es quien conduce.

Los jueces deben ser los primeros en cumplir con las normas existentes, pues si es cierto que la imitación puede ser una consejera eficaz en la vida moral de los hombres; los jueces con certeza no son los espejos en los cuales la sociedad quiere ver reflejados los lados más desalineados que todo hombre posee, pues por el contrario, quiere en ellos un especulum de lo bondadoso, honesto y proactivo que el hombre tiene y es en función de ello, que no le disculpa a los jueces exabruptos de esta entidad.

Y si ello es ya grave porque no refleja lo mejor y virtuoso sino la misma mediocridad de cualquiera de los demás ciudadanos, cuando los compromisos cívicos son largamente superiores, mucho más lo es, cuando además se invocan razones que en realidad pretenden orientar en otro foco, el problema estudiado. Poco importa, si existe o no filtración por los medios de comunicación acerca de una información otorgada en manera clandestina por la empresa periodística y suministrada aunque con animosidad por la misma policía local.

Mas lo que resulta exponencialmente cuestionable y no dispensable por ningún camino argumentativo que ad hoc se quiera transitar, es postular a que con ello, se alimenta el ‘desprestigio’ de la judicatura; a lo cual habría que sumar la presunta amenaza encriptada que se formula por el Juez Decano. Unas pocas reflexiones a este respecto.

En primer lugar ayudar a la ponderación desde el sentido común social, de que los jueces deberían tomar una cabal conciencia que cada vez que cometen este tipo de ilícitos no criminales, generan ellos un profundo descontento en la ciudadanía, por ser prima volta los jueces ‘transgresores tontos’ de comportamientos profesionales y deontológicos que han resultado ser estimados como valiosos y que son aceptados bajo la figura de la ‘probidad’ o ‘integridad’[6].

En segundo lugar hay que señalar que los comportamientos morales de los jueces no pasan inadvertidos en ninguna ocasión, en todo caso lo que existe es una mayor ‘tolerancia aquiescente’ a tales actos, pero en modo alguno debe ser confundida con aceptación y/o aprobación social. Mas cuando dichas prácticas tienen elementos que los hacen negativos, indudablemente que producen una proyección socio-mediática importante porque se trata el sujeto activo de un juez, en quien está depositada de la confianza pública por los actos que cumple y por ello, es que no se puede hablar de una conspiración que se haya montado, para colocar un aporte afectatorio a la misma grandeza de la que gozan –o deberían gozar- los jueces.

Por el contrario lo que se advierte en manera palmaria en el caso barcelonés, es que desgraciadamente se ha transparentado en modo público un hecho que no conocemos si es o no habitual, más lo que sí parece grave, es que se haya intentando silenciar o minimizar la conducta impropia que se había cometido por la juez[7].

En tercer y último lugar no puede dejar de mencionarse una importante ingenuidad por el Juez Decano al sostener –aunque lo piense- que ha contribuido con la noticia a mejorar los alicaídos rangos de credibilidad del Poder Judicial español. En verdad nos parece que si ya era no bueno que una jueza conduzca su automóvil alcoholizada, es sin duda tan o más grave que se crea que la difusión de la información acrecienta el desprestigio social de la judicatura; pues quien conduce con ebriedad podemos decir que lo hace, movido por la pérdida o merma de los frenos inhibitorios que le produce el alcohol en la sangre; mas cuando reflexivamente se sostiene que publicar esa noticia es acrecentar el desprestigio, es sin duda tener una escala métrica del prestigio judicial con un patrón demasiado corto.

La confianza pública en la magistratura es una empresa que hacen diariamente los jueces y que algunos sin duda poco contribuyen a ello, pero no es posible que quienes no cometieron dichas faltas deontológicas intenten formalizar los argumentos racionales que a ello lo expliquen. Un tal comportamiento, es contribuir a esa pesada urdimbre desmoralizada en las instituciones públicas y también en el Poder Judicial.

Los jueces en realidad y para concluir, somos ciudadanos con mayores responsabilidades que otros y para poder cumplir adecuadamente ellas, es que gozamos de garantías constitucionales; los actos privados con trascendencia pública no son noticias de confidencialidad en el estado de derecho constitucional y es bueno que los jueces también conozcan ello.

[1] Artículo publicado en el Diario La Voz del Interior del día 17.XII.08.

[3] Siempre es bueno recordar las preocupadas consideraciones que el escritor André Gide, en ocasión de integrar un Tribunal como jurado en la Audiencia Provincial de Ruán en el año 1912 formulara. En tal ocasión indicó “Desde siempre los tribunales han ejercido sobre mí una fascinación irresistible (…) Pero ahora sé por experiencia propia que es muy distinto oír cómo se hace justicia que ayudar a hacerla uno mismo. Cuando se está entre el público, todavía cabe creer en ella. Cuando se está en el banco de los jurados, se repite uno las palabras de Cristo: ‘No juzguéis’” (No juzguéis, Barcelona, Tusquets, 1996, pág.13).

[4] Vide al respecto nuestro libro Códigos de ética judicial – Discusión, realización y perspectiva, Bs.As., La Ley, 2008.

[5] Cfr. Malem, J.; ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?; Revista Doxa N° 24 (2001), pág. 379 y ss.

[6] Se indica en el Código de Ética Judicial de Córdoba en la regla 3.16 “El servicio de justicia exige rectitud y decoro. Hace (...) al decoro, que la actuación del magistrado guarde en todo momento un estilo que trasunte la seriedad y honestidad que hacen confiable la labor judicial”. Por otra parte, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, se anota en el art. 53 “La integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura”.

[7] No podemos dejar de recordar que en nuestra ciudad de Córdoba, una Vocal de Cámara tuvo un supuesto fáctico semejante y que lejos de ser encriptado cuando tomó estado público mediante la aparición de la noticia periodística (Vide Diario La Voz del Interior, día 22.IX.04), el Tribunal de Ética Judicial se hizo cargo de ella de oficio, hasta que finalmente resultó ser pasiva la mencionada magistrada de una recomendación deontológica.

ENTREVISTA TELEVISIVA - DERECHO Y JUSTICIA

2008-12-21T23:41:00.006-02:00

LA SOCIEDAD Y SU COMPROMISO CIVICO FRENTE AL PODER JUDICIAL

2008-12-17T23:32:00.004-02:00

EL COMPROMISO CIVICO Y EL PODER JUDICIAL[1]

I.- El derecho judicial y la función judicial-
II.- Responsabilidades para la institucionalidad-
III.- Los jueces y la construcción de ciudadanía-
IV.- Renovados compromisos del derecho judicial-
V.- El ejercicio del poder de la judicatura-

I.- El derecho judicial y la función judicial

Queremos referirnos brevemente a nuestra gestión profesional para lo cual indicamos que nuestra labor constituye el núcleo primario de lo que ha dado en nombrarse como ‘derecho judicial’; esto es, un conjunto heterogéneo de realizaciones jurisdiccionales, prácticas forenses y actos de gestión y/o conducción que jueces, fiscales y asesores realizan, en relación con su actividad profesional.

La jurisdicción es lo que revela el ámbito de poder legítimo y efectivo que cada juez, fiscal o defensor tiene para decir el derecho, el que a su vez, se organiza acorde a criterios de asignación de competencias. Aunque en rigor, y acorde a la especificidad propia de cada uno de los enunciados actores: jueces, fiscales y asesores, en vez de ‘decir el derecho’ –que es la semántica etimológica de iurisdictio-; lo que ellos cumplen es: ‘hacer el derecho’.

Por ello es que el ‘derecho judicial en sentido estricto’ requiere de una sana y coherente actuación o protagonismo[2] de quien resulta ser la excluyente figura en el mismo[3]: juez, fiscal o asesor letrado. El protagonismo judicial impone tener que asumir una actuación enérgica, convincente y declarada de ejercitar un auténtico ‘poder cuestionador’ en la sociedad y no meramente ufanarse de tener poder, pero resignar timoratamente en su ejercicio efectivo.

Autoridad, poder, responsabilidad y confianza pública son los vértices del cuadrilátero que delimitan nuestra razón judicial: O estamos contestes con ello y fortalecemos nuestro espíritu para la batalla o cedemos el espacio para quienes tengan la dignidad de practicarlo y realizarlo. La independencia judicial no es un hábito que se gane de un día para siempre, sino que todos los días hay que dar lucha para sostenerla. No existe independencia sin fortaleza para defenderla.

II.- Responsabilidades para la institucionalidad

Dentro de los desafíos que el Poder Judicial debe asumir con firmeza y preocupación, se ubica lo concerniente a encontrar canales adecuados de comunicación con la sociedad civil. En el convencimiento que la mejora que los ciudadanos[4] aspiran para el sistema de administración de justicia, no puede ser alcanzada mediante el exclusivo esfuerzo del Poder Judicial. Poder Judicial y Sociedad Civil son motores de una realización sinérgica y que se puede sintetizar en el paradigma de una vida en común decente[5].

De cualquier manera no se pueden dejar de reconocer las dificultades prácticas que se cristalizan a la hora de intentar hacer transformaciones en dicho ámbito. Algunas son auténticas y de complicada remoción y otras –quizás la mayoría-, se instalan en una persistente actitud mediocre y gatopardista de los operadores judiciales, políticos y comunicacionales que nunca encontraran un espacio en el cuál se sientan conformes, porque su negocio está instalado en aquél otro ritmo social[6] que se pretende modificar.

La gesta de la sociedad civil es romper con la lógica imperante del círculo vicioso que por momentos nos impone a ciudadanos, justiciables, asesores, defensores, fiscales y jueces a un destino cada vez más oprobiante; construido sobre las ruinas de una moralidad pública lejana, donde nuestra desidia como operadores judiciales y la impaciencia de los restantes actores sociales, hacen que los reclamos por justicia de la sociedad se encuentren en un estado de convulsión permanente[7] y por lo tanto, las soluciones cuando son logradas se advertirán acomodaticias a los denunciados y difuminadas en el tiempo.

Hay que decir entonces, que la existencia de un Poder Judicial deseable, es también el reflejo de una sociedad civil comprometida en hacer valer en modo: (i) auténtico, (ii) coherente y (iii) tolerante la suma de sus derechos. Esto es, requerir a los integrantes de la sociedad civil, que en aquellas cuestiones que trascienden a lo privado e individual y que por lo tanto se instalan en los lugares de atención social, potencien los siguientes parámetros operacionales: i) Que las denuncias sean realizadas con la firmeza que corresponde, y con un claro compromiso en el cumplimiento de la parresía por quienes las hacen[8]. Parresía es una realización moral en la que un denunciante expresa su relación personal con la verdad: las sociedades decentes deben excluir los mitómanos, ii) Que los argumentos utilizados para socializar las denuncias hagan al menos verosímiles[9] los derechos que se invocan afectados o las conductas que se predican ilícitas y iii) No ignorar la ubicuidad que cada contexto jurídico procesal impone a las causas y por lo cual, es que existirán cuestiones no disponibles para los jueces o fiscales y que habrá otras, que no podrán ser soslayadas.

En oposición a dicho modelo y afectando la confianza que se pretende lograr en la administración de justicia, es frecuente advertir quienes prefieren ejercitar retóricas en ámbitos ajenos al Poder Judicial como son los medios de comunicación social, y en función de lo cual, la parrafada alcanza una difusión súbita, un estrépito inmediato y un rédito personal para quien lo hace de inestimable valor mediático[10].

Para modificar esa deliberada gestión de opacidad institucional, el Poder Judicial debe potenciar su testimonio de credibilidad y para ello necesitará de una armoniosa compañía de la sociedad civil. Mas debemos saber también, que sin restañar las heridas sociales que la justicia por acción u omisión ha cometido, jamás el Poder Judicial será estimable para la sociedad.

III.- Los jueces y la construcción de ciudadanía

Jueces, fiscales y asesores debemos reflexionar sobre la cartografía social de naturaleza inestable sobre la cual nos corresponde intervenir, reconociendo a priori, que tiene ella un diagrama de alta judicialización.

Tales comportamientos sociales, son propios de un tiempo de incertidumbres como es el nuestro; el que impone a que los operadores judiciales deban cultivar nuevas habilidades a las ya conocidas; entre las cuales apuntamos: i) Que los mismos se sientan expansivos en el pensamiento. Los tiempos de desolación social generados por la crisis en la confianza de las instituciones democráticas[11], impone que los jueces y fiscales en ocasión de fundamentar sus resoluciones[12], no sólo resuelvan ajustadamente sino que además sea la sociedad quien advierta allí, las razones para un fortalecido compromiso cívico político.

ii) Los jueces y fiscales deben hacer un mayor ejercicio de auténtica tolerancia civil con el disidente que públicamente cuestiona las resoluciones[13]. Destacamos que la absorción de las críticas que a título personal se puedan hacer por el ejercicio profesional, debe ser entendida sana y no melindrosamente.

La función judicial en cualquiera de los espacios correspondientes, impone compromisos más severos de sus protagonistas que la exigida a integrantes de los otros poderes y desde ya de los particulares[14]. En función de ello, no resulta estimable como valioso para la sociedad civil, que sean dichos operadores judiciales quienes encabecen la lista de promotores de acciones por calumnias e injurias.

iii) Por último, los jueces, fiscales y asesores tienen que reconocer que la vida democrática impone asumir costos diferentes de cara a la sociedad, entre los cuales se anota el estar atentos a ciudadanos cada vez más demandantes de cumplimientos fortalecidos en dedicación, responsabilidad y honestidad. A dichas cualidades propias a la totalidad de los funcionarios públicos en la vida democrática, la exigencia de independencia, imparcialidad y ecuanimidad es una trilogía propia de la realización del derecho judicial.

A la luz de estas variables es que los Poderes Judiciales hacen su vital aporte para el fortalecimiento del régimen democrático y constructivo que impone una sociedad política donde se toman con responsabilidad los compromisos cívicos. Los jueces, fiscales y asesores no deben sentir ningún temor porque se ejercite y fortalezca la idea de vigilancia ciudadana, puesto que en la vida democrática, no hay poder del Estado que pueda quedar al margen del control social[15].

En el convencimiento todo ello, que para una mejor República, se hacen necesarios mejores ciudadanos y ellos sólo podrán ser tales, en cuanto los protagonistas judiciales puedan ofrecer mayores márgenes de confianza pública[16]. Alcanzar confianza pública, es como el de trabajar sobre una institución invisible[17], porque en realidad nunca se conoce cuantos ladrillos se colocan cada día, pero que sin embargo se advierte sin dificultad, el momento en el cual los amurados se derrumban, porque ha devenido la pérdida de la confianza que socialmente se había depositado en dicho magistrado o fiscal.

IV.- Renovados compromisos del derecho judicial

En una República como es la Argentina, que socialmente resulta conflictiva por los niveles de incumplimiento generalizado a las normas[18], con altos niveles de pobreza[19], marginalidad económica[20] y delincuencia violenta[21] y por ello, con mayores porcentajes de judicialización social[22] si es comparada con otros países de la región. A todo lo cual se suma, que el descreimiento en las instituciones es cada día mayor y que los índices de falta de transparencia institucional cada año resultan más alarmantes[23]; ser juez, fiscal o asesor no resulta una cuestión que se pueda hacer descomprometidamente si existe auténtica vocación por ello[24].

Todos hemos comprendido, que la magistratura no se trata de una institución republicana para ser ejercida con temores –ni a lo propio ni a lo ajeno-, con genuflexión –a cualquier poder-, con torpeza –propia de quien no es prudente- o con intolerancia –a todo aquello que resulta diferente-.

Muchos de los presentes, han dado testimonio personal en dicha gestión y aquí están: con las heridas de la batalla, pero con la felicidad de la victoria honesta y coherente de no haber claudicado ni ante los poderosos, ni ante los débiles, ni frente a muchos o a pocos. Simplemente habiendo cumplido con aquello que resultaba ajustado a derecho.

V.- El ejercicio del poder de la judicatura

Finalmente no se puede dejar de hacer una consideración, a las maneras en que el Poder Judicial establece sus relaciones con los restantes poderes del Estado.

Decimos entonces, que si el Poder Judicial no sabe encontrarse como actor político en la institucionalidad de un estado de derecho, es probable que resulte succionado, deglutido o triturado por alguno de los otros poderes[25]. Por otra parte, si el Poder Judicial no logra encontrar los caminos debidos para vertebrar su misma realización política en la sociedad, sea ello porque le faltan ideas, desconoce los modos o ignora los mecanismos para hacerlo; serán los medios de comunicación social quienes informarán a la sociedad lo que hace la justicia, o deja de hacer, o hace con incompetencia. Hay que saber, que la sociedad civil es heterodirigida por los mass media y la credibilidad que a ellos se brinda es muy elevada[26].

En realidad los ciudadanos aspiran a poder contar con una justicia que no sólo se diga independiente, sino que finalmente lo sea. Y para que esto último sea posible, es importante que la sociedad también sepa que no se trata de una labor excluyente de los Poderes Judiciales sino que es una construcción conjunta con la ciudadanía y por lo tanto, no es esperable dicha conquista sin que antes se actualice el natural compromiso cívico del que venimos hablado. Sin ciudadanos comprometidos por la cosa pública, difícilmente se pueda obtener un resultado de lo institucional que aparezca al menos satisfactorio[27].

Habrá de funcionar mejor la justicia y su administración, con ciudadanos que ejerzan políticas activas de responsabilidad cívica. Ello fortalecerá ad intra una visión más crítica del Poder Judicial la cual orientará también, a que se deje de pensar como un ‘poder nulo o ausente’[28]. Las funciones de contralor del funcionamiento de los otros poderes y resolución de cuestiones ventiladas por particulares imponen un auténtico ejercicio de ‘poder incomodante’. El norte de la función judicial es sin duda, el rechazo a todo doble estándar[29], se anhela sólo uno: el respeto a la ley, centralizada en el hombre como sujeto y fin de todas las instituciones acorde a su dignidad y derechos fundamentales que de ella dimanan.

En síntesis, para arribar a una instancia superadora a lo que somos institucionalmente, se requiere de una mayor responsabilidad en la totalidad de los efectores sociales, sean: civiles, políticos o comunicacionales. Sin ello, parece ser titánica la gestión que se le requiere al Poder Judicial y bastante desidiosa la responsabilidad ciudadana en proyección a una sociedad decente.

Dr. Armando Segundo Andruet (h)
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
Provincia de Córdoba

[1] Discurso de clausura brindado en la XXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina, celebradas en Córdoba (Va. Carlos Paz) entre los días 29, 30 y 31 de Octubre de 2008.

[2] Devendría como la realización efectiva de quien es protagonista y tal como su construcción etimológica del griego prôtos lo indica, se trata del ‘primero’, también del ‘héroe, principal, actor, autor’.

[3] “... la denominación ‘protagonismo judicial’ conviene reservarla a un tipo de comportamiento de los jueces, quienes, sin apartarse del marco de un Estado de Derecho, han asumido una resonancia particular a causa de ciertas falencias que se producen en el entero sistema político dentro del cual los magistrados deben actuar” (Bergalli, R.; Protagonismo judicial y representatividad política en Academia – Revista sobre Enseñanza del Derecho, Bs. As., Rubinzal Culzoni- U.B.A., Nº 8 (2006), pág. 10).

[4] Benjamín Baber define al ciudadano como “un individuo que ha adquirido una voz en el espacio público y que se auto comprende como perteneciendo a una comunidad, quien se ve a sí mismo compartiendo bienes con otros. La actividad pública es la llave de la ciudadanía y el carácter de hacer oír la voz en un espacio público es esencial a su definición” (Jihad vs Mc World, New York, Times Books, 1995, pág. 286 citado por Raggio, A.; Ciudadanía y política en el orden global emergente en La Política en Conflicto, Bs. As., Prometeo, 2004, pág. 97).

[5] A tal respecto es ilustrativo la etimología del concepto ‘decente’: “1517. Tom. Del lat. decens, -ntis, íd., participio activo de decere ‘convenir, estar bien (algo o alguien), ser honesto’. Deriv. decencia, 1574, lat. decentia...” (Corominas, J.; Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1998, pág. 202, 1ª. Col.). De tal guisa, que una ‘vida común decente’ –como hemos dicho arriba- se refiere a un ‘estar de bienestar con los otros’, no por plenitud de bienes materiales sino por completitud de bienes morales. Una vida en decencia es una realización existencial respetuosa no solo de los otros, sino hasta de la manera en que se cuestiona la inmoralidad del otro.

[6] Nos estamos refiriendo a ‘negocio’ no en el sentido utilitario o económico que como explotación comercial se puede comprender. Hay en nuestro concepto otro perfil que se debe marcar, esto es, el opuesto al ocio. De tal manera que el negotium (privación del otium) es aquello que no resulta tener la connotación preocupada, desde ya profundamente moral que tiene lo concerniente al otium. Huelga destacar, que en lengua culta, el ocio no tiene porqué ser confundido con la ociosidad –que sin duda es debilidad viciosa del sujeto que la realiza-, el ocio en su acepción clásica, es un estado, una condición social (vide Lanfant, M.; Sociología del ocio, Barcelona, Península, 1978, pág. 28; As. Vs., La civilización del ocio, Madrid, Guadarrama, 1968).

[7] Bajo el sintagma ‘estado de convulsión permanente’ queremos indicar un cierto estado de cosas, donde todo parece estar haciéndose en el momento presente y nunca que ha estado desde antes. Cuando sabemos que las cosas y mucho menos las instituciones no comienzan con quien las denosta, sino en todo caso, la crítica cierta por su mal funcionamiento colabora a que sea ella enderezada y por lo tanto, reciba quicio que nunca debió perder.

Cuando se avanza por el peligroso camino de la antropo-institucionalización del Estado, los caminos conclusivos son los que la historia de la mitad de la centuria pasada ha mostrado como resultado inocultable (Vide Arendt, H.; Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza, 1987).

[8] La vida democrática desde la antigüedad hasta hoy, promociona particularmente la igualdad ante las normas –isonomía- y la igualdad en la palabra –isegoría-. Ahora bien, para que esta última pueda ser ejercida adecuadamente, esto es, para que no entre en conflicto con la isonomía, se requiere que quien la invoca, lo haga desde una posición moral determinada. Esto es, tenga la parresía.

El mencionado concepto se resume de la siguiente forma: “..., la parresía es una forma de actividad verbal en la que el hablante tiene una relación específica con la verdad a través de la franqueza, una cierta relación con su propia vida a través del peligro, un cierto tipo de relación consigo mismo o con otros a través de la crítica (autocrítica o crítica a otras personas), y una relación específica con la ley moral a través de la libertad y el deber. Mas concretamente, la parresía es una actividad verbal en la que un hablante expresa su relación persona con la verdad, y arriesga su propia vida porque reconoce el decir la verdad como un deber para mejorar o ayudar a otras personas (y también a sí mismo). En la parresía, el hablante hace uso de su libertad y escoge la franqueza en lugar de la persuasión, la verdad en lugar de la falsedad o el silencio, o riesgo de muerte en lugar de la vida y la seguridad, la crítica en lugar de la adulación, y el deber moral en lugar del propio interés y la apatía moral” (Foucault, M.; Discurso y verdad en la antigua Grecia, Bs. As., Paidós, 2004, pág. 46).

[9] El concepto de verosimilitud es de trascendencia a la hora de establecer los espacios sobre los cuales se habrá de levantar el edificio de la confianza social en la justicia, y de la confianza judicial en la ciudadanía. Adviértase que ambos polos requieren recíprocamente tener confianza en el otro, y si la confianza implica la garantía del diferente, resulta que la noción de verosimilitud es de claro valor entitativo en dichos contextos. Lo verosímil según lo indica el diccionario es aquél adjetivo –en su primera acepción-que dice acerca de aquello “Que tiene apariencia de verdadero” o en la segunda, aquello “Creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad” (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, 1992, pág. 1475, 3ª columna). De cualquier modo se puede agregar que en el orden de las relaciones y contornos sociales, lo verosímil corresponde que sea asimilado a lo que resulta ‘plausible’, lo que a su vez, conforma un conjunto de premisas que resultan aprobadas “bien por todos los hombres, o bien por casi todos, o bien por aquellos que representan la opinión esclarecida; y, entre estos últimos, bien por todos, o bien por casi todos, o bien por los más conocidos” (Brunschwig, J.; Introducción y notas a los ‘Tópicos’ de Aristóteles, Bs. As., Ciudad Argentina, 1999, pág. 44. El texto de Aristóteles en Tópicos, 100b24-30).

[10] En manera terminante se ha señalado que “En definitiva, es posible que los medios de comunicación de masas no consigan decir a la gente qué pensar, pero tienen un éxito extraordinario a la hora de decir a sus lectores, oyentes y espectadores sobre qué tienen que pensar” (López Eire, A. y Guervós, J.; Retórica y comunicación política, Madrid, Cátedra, 2000, pág. 97).

[11] En el fondo lo que se advierte detrás de ello, es el fenómeno contemporáneamente conocido como de ‘contrademocracia’, que “... no es lo contrario de la democracia; es más bien una forma de democracia que se contrapone a la otra, es la democracia de los poderes indirectos diseminados en el cuerpo social, la democracia de la desconfianza organizada frente a la democracia de la legitimidad electoral (...) Tres factores, de orden científico, económico y sociológico, explican respectivamente este advenimiento de una sociedad de la desconfianza” (Rosanvallon, P.; La contrademocracia- La política en la era de la desconfianza, Bs. As., Manantial, 2006, pág. 27).

[12] En la Provincia de Córdoba, está impuesto en el artículo 155 de la Constitución local, donde se requiere que las sentencias sean dictadas “... con fundamentación lógica y legal”.

A propósito del valor de las diversas interpretaciones que los jueces otorgan a las normas y la explicitación de ellas, en función de la construcción política y democrática se puede consultar Cruz Prados, A.; Ethos y polis- Bases para una reconstrucción de filosofía política, Pamplona, EUNSA, 1999, pág. 329 y ss. También Aarnio, A.; Sobre la racionalidad de la racionalidad- Algunas observaciones sobre la justificación jurídica en Anales de la Cátedra de Francisco Suárez, Nº 23-24 (1983- 1984), pág. 1-17.

[13] Con esto queremos marcar el ensanche que corresponde brindar al concepto otrora esculpido por John Locke cuando indicaba que “Todo el poder y la autoridad del magistrado le son otorgados sólo para que los utilice para el bien, el mantenimiento y la paz de los hombres en la sociedad a la que debe su servicio” (Ensayo sobre la tolerancia, Bs. As., Gradifsco, 2005, pág. 85). Es indudable que ya no sólo se debe ser tolerante como una forma de asegurar la convivencia pacífica de las personas y el cuidado de su patrimonio; sino que ser tolerante es en realidad poder compartir una vida social con el opuesto respetándolo como tal (Vide Thiebaut, C.; De la tolerancia, Madrid, La Balsa de la Medusa, 1999, pág. 37 y ss).

[14] El Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba, en la regla 1.4 y que se refiere a los ‘Principios’ indica que: “El ciudadano que opte por el ejercicio de la magistratura debe asumir que, junto a las prerrogativas que la Constitución le otorga y asegura en su función, la sociedad espera de él un comportamiento ejemplar. Cuando el magistrado omita tal extremo y la magistratura sólo sirva para sus propios o ajenos proyectos, se impone un severo examen de conciencia y reflexión acerca de su misma continuidad en el Poder Judicial”.

[15] Se entiende por tal, al “Conjunto de los mecanismos, acciones reactivas y sanciones que una colectividad elabora y utiliza ya sea con el fin de prevenir la desviación de un sujeto individual o colectivo respecto de una norma del comportamiento, sea para eliminar una desviación que ha ocurrido logrando que el sujeto vuelva a comportarse de conformidad con la norma, o en fin, para impedir que la desviación se repita o se extienda a los demás” (Gallino, L.; Diccionario de sociología, México, Siglo XXI, 2005, pág. 229, 1ª col.).

[16] El Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba, en la regla 1.2 y que se refiere a los ‘Principios’ indica que: “La República en general, y el Poder Judicial en particular, deben auspiciar un ejercicio de la magistratura que desarrolle virtudes de servicio confiable a la ciudadanía...”.

[17] “La confianza pública es mucho más compleja. Constituye una especie de ‘institución invisible’, para retomar una fórmula famosa del economista Arrow, que cumple al menos tres funciones. En primer lugar, produce una ampliación de la calidad de legitimidad, agregando a su carácter estrictamente procedimental una dimensión moral y una dimensión sustancial. La confianza tiene también un papel temporal: permite presuponer el carácter de continuidad en el tiempo de esa legitimidad ampliada (...) La confianza pública es, en fin, un economizador institucional, permite ahorrarse todo un conjunto de mecanismos de verificación y prueba” (Rosanvallon, P.; La contrademocracia- La política en la era de la desconfianza, Bs. As., Manantial, 2006, pág. 23).

[18] En un estudio reciente y que en realidad ratifica la no menor intuición que otrora Carlos Nino había ya descripto en su brillante obra Un país al margen de la ley, Bs. As., Ariel, 2005; se presentan en realidad datos alarmantes, por caso se indica que “El 86% de la población entrevistada considera que la Argentina vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley, mientras que para el 88% los argentinos son desobedientes y transgresores, auque la mayoría no se ubica a sí mismo en esa categoría”, más adelante también se advierte que “... una sociedad que conoce y cumple poco con su Constitución, que se autocalifica mayoritariamente como transgresora, que en lugar de asumir como propia la responsabilidad de este incumplimiento prefiere transferirla a los otros. Una sociedad en la que el 41% opina que hay momentos en que es necesario desobedecer la ley, el 38% sostiene que si piensa que tiene razón está dispuesto a ir en contra de lo que manda la ley y el 23% dice que no esta dispuesto a obedecer una decisión que no le gusta, aunque haya sido adoptada por la mayoría”; muestra la verdadera dificultad de vivir institucionalmente en una forma decente (Vide Hernández, A.; Zovatto, D.; Mora y Araujo, M.; Encuesta nacional sobre cultura constitucional- Argentina una sociedad anómica, México, UNAM, 2005).

[19] Un buen panorama de Latinoamérica puede ser consultado en Kliksberg, B.; Más ética- Más desarrollo, Bs. As., Temas, 2006.

[20] “En el año 2004 la asa de desocupación fue de 13,6%, mientras que en el primer semestre de 2005 disminuyo a 12,5%. En el 2004, el 42,3% de las personas vivían debajo de la línea de pobreza y el 16% debajo de la línea de indigencia, cifras que se redujeron al 38,5% y 13,6% respectivamente en el primer semestre de 2005” (Unidos por la Justicia – Konrad Adenauer Stiftung; Información y Justicia II – Datos sobre la justicia argentina, Bs. As., 2006, pág. 25).

[21] “Durante el año 2004 se registraron oficialmente en el país 1.243.827 delitos, lo que representó una tasa de 3.254 delitos cada 100.000 habitantes. Esto implicó un aumento del 10% respecto de la cantidad de delitos registrados en el año 2000 y un descenso del 2,12% con respecto al año anterior (...) A pesar de hacer notable la disminución de los delitos registrados, es de mucha importancia dejar en claro, que según los estudios de victimización sólo se denuncia ante las autoridades policiales o judiciales un bajo porcentaje de los delitos que realmente se comenten (...) Una de las causas de esta situación radica en la falta de confianza de la sociedad en el sistema judicial argentino” (Unidos por la Justicia – Konrad Adenauer Stiftung; Información y Justicia II – Datos sobre la justicia argentina, Bs. As., 2006, pág. 45).

[22] “Durante el año 2004 en todo el país ingresaron un total de 4.043.261 nuevas causas, (...). Entre el año 2000 y el año 2004 la cantidad de causas ingresadas en Argentina creció un 9%, y acumuló un crecimiento del 118% con respecto al año 1992” (Unidos por la Justicia – Konrad Adenauer Stiftung; Información y Justicia II – Datos sobre la justicia argentina, Bs. As., 2006, pág. 37).

[23] Basta a tal efecto tomar lectura de los últimos registros suministrados por la Oficina de Transparencia Internacional, que indica que según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), la Argentina ocupa para el año 2008, el lugar 108 entre los 180 países clasificados. Agrega la noticia, que entre la escala de 1 a 10, nuestro país alcanzó el coeficiente 2,9. En la región, Chile y Uruguay ocupan el punto 23 con 6,9 puntos, fuera de ella, Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda encabezan el ranking con 9,3 puntos (Informe publicado Diario La Nación del día 23.IX.08).

[24] En este marco es interesante un estudio de campo que se ha realizado sobre un corte etáreo empresarial, arroja sobre una muestra de 181 casos que para junio de 2007 la muestra dirigida por Cecilia Mosto de la Consultora CIO, ante la pregunta ¿a quienes considera actores clave para combatir la corrupción?, los registros fueron los siguientes: Justicia 32%, Periodismo 24%, Gobierno 15%, Políticos opositores 11%, Empresas 10%, Entidades intermedias 6%, Iglesia 2% (Vide Diario Perfil – El Observador del 17.VI.07).

[25] Acerca del rol contemporáneo particularmente de las Cortes Superiores de Justicia, se ha referido Augusto Morello destacando que ella es “pacificar, ordenar, administrar y oficiar de ingeniero social montadas en un indócil corcel que debe gobernarse con tacto, firmeza y prudencia; armonizando paz social con justicia y justicia con paz social” (La Corte Suprema en el sistema político, La Plata, Platense, 2005, pág. 10).

[26] Cfr. Hidalgo, E.; Medios o democracia- El impacto de los medios de comunicación sobre la división de poderes, Bs. As., Colihué, 2005, pág. 81 y ss; también aunque más general Eco, U.; Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen, 1999, pág. 240.

[27] En un artículo periodístico reciente, Rafael Velasco, sj , se ocupa de recordar dicho compromiso ciudadano y político, a propósito del vaciamiento de las palabras y la retórica desposeída de contenido promoviendo un reconstruir las palabras: “Los ciudadanos y las instituciones que nos movemos en medio de Babel, estamos invitados a dejar de lado las palabras que confunden y comenzar a hacer gestos que refrenden las palabras, gestos que devuelvan sentido, y ayuden a construir otro tipo de sociedad posible” (La maldición de Babel en Diario La Voz del Interior, 6.X.08).

[28] Recuerda Alejandro Hamilton que: “Todo el que considere atentamente los diferentes departamentos del poder, debe comprender que en un gobierno en el cual están aquellos separados entre sí, el judicial, por la naturaleza de sus funciones, será siempre el menos peligroso a los derechos políticos de la constitución, porque tendrá menos aptitud de agredirlos o violarlos. El ejecutivo no solo dispensa los honores, sino que tiene también la espada de la sociedad: la legislatura dispone no solo de la bolsa, sino que también prescribe las reglas según las cales se regirán los deberes y derechos de todo ciudadano; el poder judicial, por el contrario, ninguna influencia tiene sobre la espada ni la bolsa; ninguna dirección le compete sobre la fuerza o los caudales de la sociedad; y no puede adoptar resolución alguna activa” (Hamilton, A.; El federalista, Bs. As., La Pampa, 1887, pág. 528, Nº LXXVIII).

En realidad hay que destacar y siguiendo las tesis de Karl Loewenstein, el tema de la independencia judicial par a los ingleses había sido una sola postulación política, pero no una necesidad funcional y que obedecía a los designios de quebrantar la prerrogativa real; como también la Francia revolucionaria si bien la reclamaron a ella, se negaron a reconocer a los jueces como un poder (Vide Teoría de la constitución, Ariel, Barcelona, 1982, pág. 68).

[29] Se ha dicho a tal respecto que: “El procedimiento antes descrito es justo y puede ser explicado por el concepto formal de justicia. Según éste, las normas y reglas que constituyen un grupo social tienen que ser aplicadas de forma consistente y continuada a cada miembro del grupo. Los miembros del grupo tienen que ser jerarquizados y comparados utilizando las normas y reglas comunes como estándares para clasificar y comparar (Heller, A.; Más allá de la justicia, Barcelona, Crítica, 1990, pág. 63).

CONFERENCIA 'INVESTIGACION JUDICIAL EN LA CAPACITACION DE LOS JUECES'

2008-12-12T18:49:00.000-02:00

MUERTE DIGNA Y VOLUNTADES ANTICIPADAS

2008-12-10T18:43:00.003-02:00

La Muerte Digna y las Declaraciones de Voluntad Anticipada

I.- Próximamente en la Legislatura Provincial se discutirá un proyecto que regula el tema de la ‘Declaración de Voluntad Anticipada’ (en adelante, DVA). Tópico éste, debatido en la teoría bioética y al cual, el Poder Legislativo Provincial en tres ocasiones incluyó en su agenda parlamentaria sin éxito.

Iniciamos con algunas referencias históricas locales. En el año 2003 el Leg. Martín Luque presentó un proyecto que al poco tiempo, advirtió que tenía deficiencias y que una propuesta legislativa de tal entidad, no podía nacer sin todos los consensos posibles. En función de ello, propuso una discusión pública del tema en el ámbito legislativo, convirtiéndose tal espacio en la auténtica caja de resonancia de la ciudadanía sobre un problema que la aqueja existencialmente. La discusión pública del 16.X.03 tuvo tres capítulos: 1) Abordaje biológico, 2) Abordaje social-filosófico y 3) Abordaje jurídico; con ellos se intentaban abrazar los núcleos primarios de las DVA. El resultado fue reformular el proyecto de ley y que –aun mejorado- siguió la suerte del olvido, desinterés o incomodidad.

Posterioriormente –año 2007- el Leg. Ricardo Fonseca hace una recuperación integral del antiguo proyecto. Pocas cosas se modificaron, porque lo que había era un interés serio y cierto, en realizar un debate que cada día deviene más preocupante para todas las personas. Se advertía y sin perjuicio de los roces que con lo ético y religioso puede tener la cuestión, que no fue la propuesta legislativa un espacio de rencillas entre meras opciones morales o teológicas sino que se respiraba un buen viento para discutir sana y serenamente temas trascendentes. El proyecto de Fonseca, tampoco tuvo acompañamiento y quedó en el cajón de sastre junto con otros retazos legislativos.

El tercer momento –2007- asumido por los Legs. Bianciotti, Castro, Luján y Cevallos, introducía reformas en la temática y que se habían generado en los últimos años en la materia. Dichos legisladores tampoco pudieron sostener el ingreso al recinto del proyecto.

El actual y cuarto momento tiene a su favor varias cuestiones, entre ellas: 1) Recupera con objetividad los proyectos anteriores, lo cual son gestos de buena gestión política; 2) Es un proyecto consensuado por la totalidad de los actores políticos con representación política en nuestra Provincia y ello dice, que los temas que son profundos y no quedan en la pura meseta ideológica partidaria no pueden ser mezquinados en la discusión serena y severa; 3) Al recuperarse los aportes anteriores se ha mejorado la factura normativa, como la sintaxis y construcción lingüística. Los aspectos propedéuticos que postulan definiciones básicas, que no pueden quedar al arbitrio de cualquier intérprete es digno de elogio; con dichas precisiones cualquier hermenéutica que se quiera hacer respecto a las condiciones que habilitan la discusión sustancial de las DVA estará al menos orientada.

II.- Veamos ahora la sustancia del proyecto. Está consolidado que dentro de los derechos de los pacientes existe la facultad de negarse a recibir determinados tratamientos médicos cuando ellos resultan fútiles –inútiles-; y ello no puede ser equiparado a un capricho personal, sino que se inscribe en una propuesta vital de cualquier persona que desde su autonomía toma razón y así la postula de lo que aspira que los médicos hagan con su cuerpo enfermo, en tanto que su actitud no devenga caprichosa o arbitraria.

En dicho contexto la cuestión es, porqué dejar con ventaja médico existencial a quien siendo ‘paciente lúcido’ con algunas de las disfunciones que se proponen en el proyecto de ley: Diagnóstico de enfermedad terminal y Estado vegetativo permanente; pueda ejercer su derecho a un tratamiento médico determinado y privando de ello, a quienes no están en idéntica condición. Promociona el proyecto a que no exista dicha alternativa sólo para quienes están en un estado sanitario óptimo, autónomo y lúcido; sino también para el ‘futuro’ enfermo terminal o sometido a estado vegetativo permanente, quien por razones de su misma afectación se vería en tal ocasión, imposibilitado de publicitar su propia voluntad. No autorizar el camino de las DVA a tales ‘potenciales’ enfermos ‘no lúcidos’, es un transitar próximo a una discriminación en la autonomía de las personas.

La cuestión también es conocer el aseguramiento que de la dignidad de la persona humana se realiza. Nos explicamos, las personas acuden a los medios terapéuticos porque aspiran recuperar su salud, que su equilibrio bio-psico-físico sea restablecido y para ello los galenos colocan su empeño. Sin embargo los sueños fáusticos de la sinarquía tecno-científica médica, oscurecen tales postulados y la pretensión de continuidad de vida sin proyección de modificación o cambio, subvierten ello y aparece la gestión sanitaria no detrás de un opus curativo sino de otro indigno, como es cumplir labores profesionales sobre una persona en proceso de muerte indefectible, cuando resulta totalmente irrelevante. El encarnizamiento terapéutico es lo contrario a todo postulado de muerte digna.

El proyecto aspira –limitando el encarnizamiento- a promover la dignidad del sujeto moribundo y despeja toda incertidumbre que se quiera introducir –a las que mostramos clara oposición- donde se ensayan políticas de eutanasia o de suicidio asistido. El proyecto excluye tales maniobras, además asegura que el enfermo terminal, quien no habrá de ser sujeto de encarnizamiento tampoco será objeto de abandono médico, sino que recibirá todos los cuidados y atenciones que la medicina paliativa propone. Particular interés cabe brindar, que se asegura también que la hidratación y alimentación para el moribundo no son desproporcionados sino que integran, la rutina ordinaria del cuidado básico que a todo moribundo se le debe brindar. Finalmente no se puede desconocer, el respeto a la persona humana desde la concepción cuando se impide que la mujer mientras esté embarazada, pueda hacer uso de dichas DVA.

III.- Las personas que pueden utilizar de las DVA son mayores de edad al tiempo de formalizar el instrumento escrito y se encuentran en pleno estado de lucidez mental y por lo cual, habrán de indicar cuáles serán las realizaciones desproporcionadas o fútiles. Hay que señalar, que en la clínica médica, hay indicaciones que no podrán ser negadas, con independencia de la eximición de responsabilidad que se promocione, porque están en la misma matriz de la lex artis médica. Aquí aparece que lo fútil es realmente de ese modo y no meras circunstancias ocasionales. Es demasiado el compromiso médico y el autonómico para dejarlo librado a las puras contingencias emocionales, igualar quienes están ‘lúcidos’ y –por ello- pueden objetivamente rechazar un tratamiento con otros que han ‘perdido dicha lucidez’ y han anticipado su voluntad en tal sentido, no es para hacerlo en manera precipitada. Aquí vendrá un trabajo de construcción de ciudadanía y concienciar en modo constante, perdurable y acabado la finalidad de la ley y los resultados que se buscan con ella.

Aparece como una responsabilidad importante para el órgano de aplicación, la organización del archivo documental de las DVA, como asegurar un acceso a dicha información que resulte confiable, célere y confidencial. Los médicos no tienen demasiado tiempo en circunstancias límites y no podría colocárseles una preocupación mayor a las que ya tienen asumidas, como es, la de tener que cumplir con pesadas búsquedas administrativas.

IV.- Por lo dicho, mostramos nuestra adhesión a la propuesta, porque respeta la dignidad humana, equipara en autonomía a las personas, otorga un adecuado principio de justicia y equidad médica, queda fuera de todo marco eutanásico o de suicidio asistido, asegura la hidratación, alimentación y cuidados paliativos correspondientes del enfermo y no desatiende la vida humana concebida. Son todas ellas buenas razones, al menos para no cerrar la discusión y tener la natural tolerancia al debate constructivo.

Finalmente algunas cuestiones de interés. Por una parte, si la persona que realiza la DVA tiene que estar “en pleno goce de sus facultades mentales”, resulta que dicho criterio clínico-médico no puede quedar al arbitrio de un funcionario público, escribano o Juez de Paz; tiene que existir una certificación que pueda quedar archivada y que como tal, se adjunte a la documentación existente. Tampoco creemos conveniente conservar las DVA, hasta los cinco años de la defunción de la persona declarante; existiendo un marco eximitorio de la responsabilidad de los equipos médicos e institución sanitaria es conveniente que se extienda hasta los diez años.

Tampoco se ha puesto un plazo de caducidad para la vigencia de las DVA; es decir que valdrán hasta tanto no sean revocadas por el propio declarante siempre que dicha persona conserve su capacidad y actúe libremente; resulta peligro ello para una cuestión tan importante desde lo vital y a la vez, de una mutabilidad desde lo técnico tan veloz como son las medidas o indicaciones que son hoy consideradas fútiles, pero posiblemente en menos de un lustro algunas de ellas no lo serán. Colocar un plazo de caducidad a dicha DVA de cinco años, parece valioso de considerar; de cualquier manera, la persona podrá tantas veces como quieran ratificar su voluntad inicial.

(Artículo publicado en Diario La Voz del Interior, 22.V.08)

NUEVAS MIRADAS JUDICIALES

2008-12-04T11:03:00.002-02:00

GLOBALIZACIÓN Y TRANSDISCIPLINARIEDAD
EN LA JUDICATURA

Los tiempos que corren, entremezclan aquellas cuestiones que bien pueden ser consideradas como finiseculares y posmodernas con aquellas otras, que todavía no están debidamente conceptualizadas, pero que reflejan sin embargo y así son percibidas, como la existencia de proyectos vivenciales e intelectuales que se ubican en lo global por su extensión, en lo tecno-científico por su aplicación y en la mayoría de las veces en una cuestionable y lamentable falta de densidad moral, atrincherada desde el bastión del autonomismo social.

Frente a dicho contexto socio-cultural es que no se pueden contener las preocupaciones e inquietudes que en el ámbito no ya de la ciencia jurídica, sino en particular en aquél otro contorno específico que con incuestionada relevancia utiliza de aquella ciencia, y que por tanto, conforma el amplio marco de lo que conceptualmente se corresponde con el llamado derecho judicial[1].

Obviamente que los jueces hoy y de futuro con mayor énfasis, en modo alguno podrán estar ausentes de no sólo, lo que, socialmente acontece en la vida corriente y que como es sabido construye los multiformes diagramas que la vida de los hombres puedan ir tomando, sino de advertir que de esos pliegues y repliegues constantes se generará la urdimbre humana que se podrá transformar eventualmente en un conflicto social judicializado.

En dicho marco referencial, es que tampoco pueden despreciar cognitivamente los jueces, la para nada menor proposición de que un mundo globalizado e intervinculado en la totalidad de sus vectores, ha producido sedimentos en manera constante y continua sobre cualquiera de los ordenamientos normativos nacionales[2]; así es como aparecerán elementos, aportaciones y soluciones ya no sólo impropias a una determinada cultura jurídica, sino también a veces, extrañas propiamente a lo jurídico. Y con cual en manera inevitable también, se ha generado un profundo debilitamiento al dogma de las llamadas familias jurídicas y que los comparatistas tanto han enseñado entre las tradiciones europeas canónicas romanas por una parte y las restantes, propias del common law[3]. Ellas, a tenor de la interferencia recíproca de las culturas integradas en un mudo jurídico globalizado si bien siguen existiendo, sus fronteras cada vez son más lábiles.

A la luz de esos sucesos y que se encuentran en nuestra realidad frecuente, lo cual basta para advertirlo, con pensar la implicancia y validez normativa que en nuestro derecho interno tienen los tratados que han sido asimilados por la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 22 ib., o la implicancia de las nuevas disciplinas jurídico-judiciales que a manera de subsistemas hermenéutico- interpretativos vienen haciendo de anclaje e instrumental epistemológico suficiente, para resolver los problemas judicializados para los cuales, las herramientas tradicionales sólo permiten una accesibilidad próxima, pero nunca inmediata. Puesto que para lograr dicho contacto directo, se necesita de estos nuevos aportes disciplinares e intelectivos, como también de aquellos otros operativos e instrumentales.

Quizás el caso más palmario de lo que venimos comentando, pueda ser advertido cuando los jueces tienen que resolver problemas relativos a la bioética clínica del final de la vida, en donde los marcos jurídicos aparecen un tanto pétreos frente a una velocidad impuesta por el acontecimiento, que prima facie le quita al juez el espacio de lo reflexivo que es totalmente necesario para cualquier decisión, pero que tampoco puede llegar a tomar tanto tiempo, en donde la mejor respuesta razonada se haya vuelto fútil por su atemporalidad en la definición. Para sortear la dicotómica relación que acaba de apuntarse, es que los jueces necesitan el tener una mirada jurídicamente circunspecta como no podría ser de otra manera, pero a la vez, dinámica desde lo socio-científico, lo cual significa también decir, que habrán de contar cada día más, con una atención transversal al fenómeno jurídico.

El nuevo siglo si algo impone a los jueces, además de agotar la posibilidad de ser justos en la solución del caso, es tener que advertir que dicha justicia en concreto hoy exige, mirar el supuesto jurídico desde diferentes ángulos de ponderación y también de solución; con lo cual es evidente que las respuestas correctas judicialmente hablando, son tantas como aquellas miradas que las puedan fortalecer.

A tal efecto vale la pena recordar, que modernamente la ciencia jurídica se nutrió y utilizó especialmente de las normas jurídicas, las que luego, cedieron el paso, a la irrupción y atención al fenómeno humano y que se muestra socialmente determinado y entonces, las corrientes del realismo socio-jurídico fue muy importante; lo cual alimentó luego, el paso a otros componentes ulteriores como son los aportes que se dieron desde la tópica, la dialéctica y la argumentación jurídica. Con posterioridad, una recuperación importante para el mundo judicial fue la perspectiva de los llamados principios y directrices que ampliaron un horizonte al llamado ejercicio de la jurisdicción constitucional y que doctrinariamente se conoce bajo el nombre de neoconstitucionalismo[4].

La mencionada progresividad que hemos apuntado, y que no intentan siquiera ser un trayecto de la historia de la juricidad y las teorías iusfilosóficas que las han sostenido; nos muestran que el supuesto fáctico que integra una realidad pre-procesal cuando es llevado al nombrado ámbito y por tanto resulta judicializado y dispuesto a su solución por los jueces, es propiamente, una sumatoria de miradas de las que difícilmente se pueda decir en manera apodíctica que cosa es. Lo cual habla en manera inmediata, que son siempre los hombres los que hacen la medida del derecho, y dicha métrica no puede tener olvido de lo humano, que a su vez, va traccionando la realidad a los nuevos problemas y con ello a las nuevas soluciones que habrán de ser siempre recreadas.

El hombre crea y recrea históricamente sus conflictos y debate de manera diferente las soluciones que a ellos corresponde: gran parte de la existencia humana ondula en dichos pasillos vivenciales. Resulta entonces recuperable aquella definición que dice que el derecho es un fenómeno psíco-socio-cultural[5].

El acontecimiento humano entonces, cuando es convertido en un fenómeno jurídico, requiere para poder ser comprendido en la misma plenitud que como tal tiene, que pueda ser abrazado calidoscópicamente; esto es, con una incuestionada diversidad de miradas en simultaneidad al momento de su atención.

Pues ya no sólo se trata, que una determinada situación humana generadora de una cierta conflictividad y que judicialmente se encuentra sometida a resolución, admita para su adecuada resolución de los aportes de una heterogeneidad de disciplinas, lo cual es obvio que desde mucho tiempo atrás los jueces lo vienen haciendo y para ello tal realización, están dispuestas las figuras procesales que disciplinan los aportes de quienes son proveedores de ciencias y experticias en áreas no judiciales. Sino que en realidad, hoy se suma que muchos de los nuevos problemas, exigen per se y en el propio juez, y no en un tercero experto o perito no sólo de aquella colaboración para entender la diversidad de los problemas, sino también el poder realizar dicha capitación en simultaneidad de esas miradas; y atento a que quien juzga es sólo una persona, habrá que hacer un esfuerzo sostenido en capacitación, actualización y perfeccionamiento para que los jueces, sean realmente abiertos epistemológicamente y dispuestos operativa e instrumentalmente a querer absorber los aportes y herramientas de diferente jaez y entidad, que hoy son de incuestionable valor para una mejor solución normativa[6].

Que es cierto que la solución sin ello también llegará, pues no hay duda alguna; sin embargo lo que no se puede descuidar es que cuando la ignorancia resulta vencible como sería el supuesto, no hacerlo es una realización ofensiva moralmente y que se potencia, cuando quien comete la mencionada defección son hombres a quienes la sociedad les ha comprometido de manera especial para la solución de las controversias que socialmente se generan.

En el marco de estos problemas y en el convencimiento que son pocas las cosas que no se pueden aprender, enseñar y trasmitir; es que corresponde a quienes tengan la responsabilidad académica como de capacitación y perfeccionamiento de los jueces y funcionarios judiciales, que hagan un esfuerzo sostenido para remover las corazas normativas fuertemente introyectadas en los actores judiciales, para que inicien un proceso de transformación intelectivo y operativo en su función jurisdiccional, a la luz de las presentes consistencias.

[1] Una noticia del mismo hemos podido brindar en nuestro artículo Derecho judicial. Los jueces y la sociedad en Cuadernos de la Especialización en Derecho Judicial – Volumen I, Córdoba, EDUCC, 2008, pág. 15-51.

[2] Una buena referencia a ello, desde la perspectiva jurídica puede ser consultada en Galgano, F.; La globalización en el espejo del derecho, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2005.

[3] Cfr. Pizzorusso, A.; Curso de derecho comparado, Ariel, Barcelona, 1987.

[4] Una buena referencia puede ser leída en Carbonell, M.; Neoconstitucionalismo, Madrid, Trotta, 2005.

[5] Vide Ghirardi, O.; Lecciones de introducción a la filosofía del derecho, Astrea, Bs.As., 1980, pág. 94.

[6] Nos hemos referido con particular énfasis en temas vinculados con la bioética y que como tal, son los que en manera notable habrán de tener centralidad en la justicia de los próximos decenios (Vide La justicia bioética en Suplemento La Ley Constitucional, Bs.As., 27.III.08).

BIOETICA Y DERECHO

2008-12-01T21:22:00.002-02:00

Ref. publicación: Andruet, A.; Bioética, Derecho y Sociedad - Conflicto, Ciencia y Convivencia, Córdoba, Alveroni, 2004, pgs. 525.

Indice: I. Bioética. Compresión de la nominación y exposición de sus supuestos. La perspectiva católica. II. La relación clínica y el consentimiento informado. III. El derecho a la salud y derechos de los enfermos. IV. Acerca de la veracidad a los enfermos. V. La epilepsia: enfermedad, discriminación y legislación. VI. La investigación sobre seres humanos y el Código de Nuremberg. VII. Exégesis del llamado 'Testamento Vital'. VIII. Una consideración sobre la eutanasia. La ley holandesa de 'Terminación de la vida a petición propia'. IX. La dignidad humana y la 'Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos'- Comentarios críticos. Anexo Documental.

PODER JUDICIAL Y JUSTICIA

2008-12-01T16:23:00.003-02:00

Título del trabajo: "Idolatría y Justicia - Acerca de la Necesidad Paradojal".

Ref. publicación: Obra colectiva, Idolatrías de Occidente, Córdoba, EDUCC, 2006, pgs. 176.

RAZONAMIENTO FORENSE Y CORRECCION LOGICA

2008-12-01T16:13:00.005-02:00

Título del trabajo: "La Teoría del Razonamiento Correcto y su Acogimiento en la Jurisprudencia del T.S.J. de Córdoba".

Ref. publicación: Obra colectiva, Ghirardi, O. (dir.), Alfredo Poviña (in memoriam), Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 2004, pgs. 168.

Sumario: I. Preliminares. II. De la protohistoria al presente. III. Inventario jurisprudencial en vinculación con la Escuela. III.a. La naturaleza del razonaiento judicial y sus premisas. b.1. El silogismojudicial. Elaboración de la presmisamayor. b.2. El silogismo judicial. Constatación de la premisa menor. c. La figura del juez como ser en el mundo. d. La utilización de los principios de verificabilidad y racionalidad. e. El control de logicidad. e.1. Principio de razón suficiente. e.1.1. Principio de razón suficiente: ontológico y lógico. e.2. Principios de no contradicción. IV. Bibliografía cordobesa relacionada con la teoría del razonamiento correcto.

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VIDA HUMANA Y BIOETICA

2008-12-01T16:06:00.003-02:00

Título del trabajo: "La Orientación Filosófica Bioética del Inicio de la Vida Humana".

Ref. publicación: Obra colectiva, Perspectiva sobre el Inicio de la Vida Humana, Córdoba, EDUCC, 2003, pgs. 153.

Sumario: I. Introducción. II. ¿Sólo los humanos son homos?. III. ¿Quién es persona?. IV. El inicio de la vida. V. El inicio de la vida humana. VI. Tesis que confrontan acerca del inicio de la vida humana. VI.a. Tesis implantatoria. VI.b. Tesis inicio del surco neuronal.

RAZONAMIENTO FORENSE Y SANA CRITICA RACIONAL

2008-12-01T15:53:00.003-02:00

Título del trabajo: "Razonamiento Forense y Reglas de la Sana Crítica Racional".

Ref. publicación: Obra colectiva, Ghirardi, O. (dir.), Formas y Evolución del Razonar Judicial , Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2005, pgs. 189.

Sumario: I. Preanotados al trabajo. II. Los contextos del problema. III. Aproximación lingüística-semántica a las reglas de la sana crítica racional. IV. Aproximación dinámica a la reglas de la sana crítica racional. V. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia.

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ETICA DE LA ABOGACIA

2008-12-01T15:21:00.003-02:00

Ref. publicación: Andruet, A.; "Ejercicio de la abogacía y deontología del derecho", Córdoba, Alveroni, 2001, págs. 266.

Indice: I. Consideraciones fundamentales y conceptuales necesarias. II. Estado actual de los abogados en el ejercicio profesional. III. La realización profesional del abogado. IV. El estado actual de la abogacía. V. La relación moral abogado-cliente. VI. La prospectiva del ejercicio abogadil. VII. Decálogos de la ética profesional.

ARGUMENTACION FORENSE

2008-12-01T15:14:00.003-02:00

Ref. publicación: Andruet, A.; "Teoría General de la Argumentación Forense", Córdoba, Alveroni, 2001, pgs. 371.

Indice: I. La retórica. II. El razonamiento jurídico como especie de razonamiento práctico. III. Géneros retóricos o argumentativos. IV. Teoría de la argumentación jurídica. V. La argumentación jurídica y el silogismo forense. VI. La argumentación de los jueces. VII. La argumentación de las partes. VIII. La argumentación viciosa. IX. Bibliografía específica.

RAZONAMIENTO FORENSE Y ARGUMENTACION JURIDICA

2008-11-30T18:58:00.005-02:00

Título del trabajo: "La Argumentación Jurídica y el Silogismo Forense".

Ref. publicación: Obra colectiva, Ghirardi, O. (dir), El Siglo XXI y el Razonamiento Forense, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencas Sociales, 2000, pág. 361.

Sumario: I. Introducción a la cuestión. II. La justificación interna y externa de las resoluciones judiciales. III. El silogismo sentencial.

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ARGUMENTACION FORENSE

2008-11-30T18:53:00.005-02:00

Título del trabajo: "Introducción a la Argumentación Forense".

Ref. publicación: Obra colectiva, Teoría y Práctica del Razonamiento Forense, Córdoba, Advocatus, 1999, pág. 144.

Sumario: I. La importancia de la retórica. II. El razonamiento jurídico como razonamiento práctico. III. Aproximación a la teoría de la argumentación. IV. Aproximación a la teoría de la argumentación jurídica.

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RAZONAMIENTO FORENSE Y DECISIONES JUDICIALES

2008-11-30T18:41:00.005-02:00

Título del trabajo: "Aportes para una Teoría Fenomenológica de la Decisión Jurisprudencial".

Ref. publicación: Obra colectiva, Ghirardi, O. (dir.), Actitudes y Planos en el Razonamiento Forense, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 2002, pág. 142.

Sumario: I. Explicación liminar. II. A manera de inventario incompleto. III. De la onticidad a lo fenoménico sentencial. IV. Textura de la matriz de preferencias sentenciales. V. La motivación y los motivos. VI. Acerca de la fuente de los motivos. VII. Bibliografía general.

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RAZONAMIENTO Y DISCURSO FORENSE

2008-11-30T18:23:00.005-02:00

Título del trabajo: "El Discurso Forense: Sus Partes".

Ref. publicación: Obra colectiva, Ghirardi, O. (dir.), El Fenómeno Jurídico, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 2003, pág. 250.

Sumario: I. Introducción. II. Exordio. III. Narración. IV. División. V. Argumentación, demostración o confirmación. VI. Refutación. VII. Peroración, conclusión o epílogo. VIII. Otras clasificaciones.

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REGLAS DE LA ARGUMENTACION FORENSE

2008-11-30T17:42:00.005-02:00

Título del Trabajo: "Integración de las reglas de la argumentación y su aplicación en la jurisprudencia".

Ref. publicación: Obra colectiva, Ghirardi, O. (dir.), Alfredo Fragueiro (in memoriam), Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 2007, pág. 340.

Sumario: I. Introducción. II. Principio de cooperación dinámica. III. Sub Principios de construcción cooperativa. IV. Indicadores de contralor argumentativo propios. V. Máximas del trabajo operativo. V.1. Máximas de cantidad. V.2. Máximas de calidad. VI. Modos categóricos de argumentar. VI.1. Categorías de actuación. VI.2. Categorías de instrumentalidad. VII. Indicadores de contralor argumentativo del opuesto.

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RAZONAMIENTO FORENSE Y SENTENCIA JUDICIAL

2008-11-30T17:33:00.009-02:00

Título del trabajo: "La Sentencia Judicial".

Ref. publicación: Obra colectiva, El Razonamiento Judicial, Córdoba, Advocatus, 2001, pág. 177.

Sumario: I. Diversas conceptualizaciones. II. Lo ideológico-filosófico del juez en la sentencia. III. Silogismo sentenciaL. IV. La sentencial y el test de la multicoherencia.

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DECLARACION UNIVERSAL DE BIOETICA

2008-11-29T18:01:00.007-02:00

Título del Trabajo: "La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y la Dignidad Humana".

Ref. publicación: Obra colectiva, Andruet, A. (comp.), Bioética y Derechos Humanos, Córdoba, EDUCC, 2007, pág. 240.

Sumario: I. Hipótesis y metodología del trabajo. II. La irrupción de Latinoamérica y del Caribe. III. La Carta de Buenos Aires sobre Bioética y derechos humanos. IV. El tránsito del tercer borrador de la Declaración. V. La dignidad humana como anclaje substancial de la Declaración Universal de Derechos Humanos. VI. La dignidad humana como fundamento transcultural. VII. ¿Qué decimos cuando hablamos de dignidad humana?.

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CODIGOS DE ETICA JUDICIAL

2008-11-29T17:18:00.006-02:00

Ref. publicación: Andruet, A.; "Códigos de Etica Judicial - Discusión, Realización y Perspectiva", Buenos Aires, La Ley, 2008, pág. 375.

Indice: I. De la ética judicial a los códigos deontológicos para jueces. II. Utilidad de los códigos de ética judicial. III. Realidades de un código de etica judicial argentino: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. IV. Jurisprudencia deontológica judicial. V. Instrumentos normativos argentinos sobre ética judicial. VI. Instrumentos normativos sobre ética judicial. VII. Bibliografía recomendada. VIII. Indice analítico de jurisprudencia deontológica.

PODER JUDICIAL Y SOCIEDAD

2008-11-29T17:10:00.006-02:00

Título del trabajo: "El Derecho Judicial. Los Jueces y la Sociedad".

Ref. publicación: Obra colectiva, Andruet, A. (ed), "Cuadernos de la Especialización en Derecho Judicial - Volumen I", Córdoba, EDUCC, 2008, pág. 328.

Sumario: I. El derecho judicial y la función judicial. II. Responsabilidades para la institucionalidad. III. Los jueces y la construcción de ciudadanía. IV. Renovados compromisos del derecho judicial. V. El ejercicio del poder de la judicatura.

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MAGISTRATURA - POLITICA - SOCIEDAD

2008-11-28T21:26:00.008-02:00

Título del trabajo: "El Imaginario Social y la Independencia Judicial".

Ref. publicación: Obra colectiva, Diez Años, Ghirardi, O. (dir.), Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2008, págs. 29-80.

Sumario: I. Apostilla al tema en cuestión. II. ¿Qué cosa es la independencia judicial?. III. La independencia judicial amenzada por otros actores sociales. IV. La esperanza social en los jueces. V. Obstáculos para una justicia independiente. 1. Obstáculos naturales. 2. Obstáculos artificiales. 3. Obstáculos institucionales. VI. Un Poder Judicial independiente.

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