La nueva matriz que plantea el Código de Comportamiento
Ético del Poder Judicial de República Dominicana
13 abril, 2022
Por Armando S. Andruet (h) twitter: @armandosandruet
He tenido ocasión ya de referirme a una suerte de evolución
histórica de los códigos éticos para las magistraturas en América Latina y el
Caribe (Contratapas del 7.VIII.19 y 14.IV.21). En ellas destaco los registros
que los nuevos códigos sumaban o por el contrario debilitaban respecto a sus
versiones anteriores.
La ética judicial y el
derecho al olvido en las plataformas sociales
Por Armando S. Andruet (h) twitter: @armandosandruet
Se cumplen por estas semanas en nuestro país audiencias públicas ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se reciben exposiciones de
instituciones, amicus curiae, ONG y partes en los autos «Denegri, Natalia Ruth
c/ Google INC – s/Derechos personalísimos», cuyo tema central es la existencia
(o no) «del derecho al olvido» en Google.
La causa en cuestión tiene sentencia de primera instancia y también de
cámara favorables, por las cuales se ordena a la demandada, según lo resuelve
la Sala «H» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que suprima toda
vinculación de sus buscadores con páginas que exhiben episodios que pudo haber
protagonizado y que muestren, respecto a la actora Denegri, “agresiones
verbales o físicas, insultos, discusiones en tono elevado, escenas de canto y/o
baile, así como también videos de posibles reportajes televisivos en los que
hubiera brindado información de su vida privada”.
No es objetivo de esta contratapa hacer una exégesis del delicado tema
que, como tal, concierne más a expertos en derecho constitucional y también a
los que hacen los abordajes de los derechos personalísimos desde la perspectiva
de las plataformas sociales, redes y sistemas de búsqueda automatizada en
Internet, esto es, mediante motores de búsqueda.
De cualquier manera, no se nos escapa que los mencionados problemas
comenzarán a ser cada vez más frecuentes y que hay que tener por seguro que
todo lo que de tales aspectos se pueda decir será completamente provisorio.
Ello así, puesto que si hay algo que ha revolucionado las relaciones humanas en
las últimas décadas y que ahora se está decantando y consolidando como tal, es
la llamada por J. van Dijck «cultura de la conectividad».
En función de ella es que hemos cambiado nuestras maneras de vivir, las
formas de establecer relaciones personales, profesionales, laborales y
sentimentales. Sin lugar a dudas que en realidad la conectividad que las
plataformas sociales e Internet promueven es mucho más que vinculación
societaria. En realidad, es la manera como la sociabilidad hoy se
produce.
Lo que otrora acontecía espontáneamente en reuniones sociales,
instituciones públicas o privadas, en la vida cotidiana, hoy se ha trasladado
al generativo e infinito espacio on line. La confusión entre el on y el off
line comienza a ser causa de profundos malestares psicológicos y pronto
encontraremos sociedades de «ermitaños digitales».
A las personas jóvenes (esto es, nacidas, educadas y cohabitadas por la
cultura de la conectividad) les resulta más sencillo, natural y corriente
relacionarse por la vía digital que por el curso analógico, antropológico y
connatural de los seres humanos.
Todo este contexto cultural y social, que es auténticamente el cambio de
época, nos hace presumir que problemas próximos al que ahora nos ocupa habrán
de multiplicarse en manera exponencial. Por ello, todas estas cuestiones habrán
de imponer revisiones profundas en la manera de brindarles su cauce jurídico,
que ahora está en construcción. Hoy les aplicamos a muchos de estos fenómenos
categorías epistémicas que la cultura de la conectividad ha convertido en
vetustas e inadecuadas.
A todo esto, los jueces/juezas, como no podría ser de otra manera, han
comprendido que la cultura de la conectividad es por donde se siente la
vibración del mundo y, por ello, la tesis de que quien no está en las
plataformas sociales en verdad está al margen de la realidad se ha convertido
en verdad. No estar expuesto al intercambio digital es una disfuncionalidad
sociocultural.
Así las cosas, resulta recomendable para los jueces/juezas -en
particular los más jóvenes-, como también para quienes tengan un proyecto de
vida que los pueda vincular con el Poder Judicial, algunas de las tantas
recomendaciones que se vienen señalando en instrumentos internacionales y regionales,
respecto a la manera de establecer su misma sociabilidad en las plataformas
sociales, toda vez que allí habrá al menos dos aspectos que siempre estarán
presentes.
Por una parte, la libertad de expresión de los jueces es un derecho que
no está censurado en manera alguna sino que está debilitado en función del rol
social que la figura de juez/a impone y que, por lo tanto, a juicio de un
«observador razonable» (algo parecido a lo que Chaïm Perelman postulaba como el
auditorio universal en el esquema de la nueva retórica) es una ventana por
donde se ven y juzgan los comportamientos públicos y privados con trascendencia
pública de los jueces/juezas, que pueden afectar las buenas prácticas éticas de
los nombrados. En particular, cuando laceran el decoro de la función judicial o
gravitan negativamente sobre el juicio que, respecto a la independencia e
imparcialidad en todo momento, se debe prodigar en el proceder de los
magistrados/as.
Mas esa referencia está pensada y ejecutada sobre una proyección de un
tiempo presente, en el cual existe una continuidad entre lo dicho y el impacto
que ello tiene socialmente. Sin embargo, no siempre se tiene en cuenta que, por
defecto, Google (buscador por antonomasia en la Internet) ha convertido en
presente también lo pasado, puesto que por los algoritmos ejercitados por vía
de inteligencia artificial, en segundos todo lo acontecido en el historial de
una persona es traído al momento real.
Sin duda que ello era también posible hacerlo antes. Mas no con la
completitud, comodidad y rapidez con que ahora se realiza. Éstos son los
ámbitos de consulta en los que todo empleador repara antes de incorporar a su
fuerza laboral o productiva a una persona. Así, nuestro perfilado que las redes
sociales proponen se complementa con la hoja de vida que cada uno
presenta.
De esta manera, la búsqueda por Google de un nombre propio -el suyo o el
mío- habrá de brindar un perfilado que podrá ser utilizado de múltiples maneras
por diferentes personas e intereses. Sea ello para decir esto o aquello y en
términos generales, en la mayoría de los casos, encontrarán dichas tesis un
respaldo documental, gráfico y/o verbal que estará dispuesto en la red, a la
espera de que alguien lo rescate de su ostracismo digital y se convierta en
pieza actual de reflexión.
¿Quién podrá escapar a no haber sido alguna vez poco prudente y que ello
quede registrado para la eternidad digital? Con franqueza creo que nadie.
Con mucha mayor razón si se trata de una persona que tiene o ha tenido
un rol importante en alguna cuestión en la que los demás puedan estar
interesados. Con ello, parece no quedar espacio para que algo que esté en el
mundo digital no pueda ser de interés para alguien en algún momento.
Por ello, con buen criterio, las Directrices
no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por los jueces, producidas
por la Red Mundial de Integridad Judicial en febrero del año 2020, de Doha, han
brindado una atinada orientación. Por de pronto, de la misma manera que en su
parágrafo 1 destaca lo auspicioso que resulta que los jueces tengan una
participación adecuada en las redes sociales (manteniendo la autoridad moral,
integridad, decoro y dignidad de su cargo judicial -parágrafo 5-), brinda una
recomendación especial vinculada con la cuestión que nos ocupa.
Señala en el párrafo 21: “Los jueces deben considerar si algún contenido
digital anterior a su ingreso a la judicatura podría dañar la confianza de la
ciudadanía en su imparcialidad, o en la imparcialidad del Poder Judicial en
general. Los jueces deben seguir las reglas aplicables a sus jurisdicciones en
lo que respecta a la divulgación y eliminación de dicho contenido. Si no se han
establecido reglas, los jueces deberían considerar la eliminación del
contenido. Puede ser necesario pedir asesoramiento acerca de si es conveniente
eliminarlo y cómo hacerlo”.
De esta manera, se pone en línea de reflexión de los jueces/juezas que
aquellos comentarios que alguna vez se indicaron respecto a ideologías,
proyectos de vida, adicciones, perspectivas, prejuicios, entre otros, mientras
no haya derecho al olvido en Google, pueden ser traídos al convite actual.
Porque la huella digital lo habrá de permitir aunque ella no tenga el carácter
indeleble de la huella biológica.
La huella digital es una fotografía de un momento. Es, por definición,
fugaz. Por ello no significa que una persona que cuando cursaba su adolescencia
mostraba su adhesión a los partidos neonazis, en su madurez sea un nazi. Pero
será una prueba que tendrá que dar. Y a veces, sin serlo, la huella digital
habrá de primar antes que sus verdaderas y actuales convicciones sobre el
nazismo.
Por ello, habría
que decir en el refranero popular, a la luz de la cultura de la conectividad,
que «somos esclavos de lo que posteamos».
Seguramente en nuestro país existen muchos y diversos problemas que a cada uno de los ciudadanos nos afligen de manera diferente: sea por nuestra edad, profesión, situación laboral, económica, educativa, etcétera; pero la cuestión del Poder Judicial tiene centralidad para todos por igual.
Los gobiernos podrán cambiar el signo político por el voto ciudadano y los legisladores habrán de concluir sus mandatos. Sin embargo, los jueces/zas -acorde con nuestro sistema constitucional- gozarán de sus cargos mientras dure su buen desempeño.
Con ello se afirma que sus cargos no puedan ser cubiertos por una votación popular o que tengan un plazo de caducidad. Son vitalicios. Frente a ello, si realizáramos una consulta a un trabajo científico en ese aspecto sobre la Justicia federal o nacional -puesto que de ella escribo- advertiríamos sólo con alegría bibliográfica de que nuestros jueces/zas han sabido gozar de ese buen desempeño. Porque, en perspectiva de tiempo, son muy pocos los destituidos por los tribunales de enjuiciamiento previstos al efecto.
Sin embargo, todos conocemos que los índices de desconfianza sobre el Poder Judicial -federal y provincial- en nuestro país son de aproximadamente 65%. Es ahí donde encontramos elementos de juicio objetivo para pensar que algo no está marchando del todo bien.
Si a ello le sumamos informaciones y discusiones que diariamente en los periódicos se presentan en torno al funcionamiento del sistema de justicia (en particular cuestionando la integridad de los jueces, el tiempismo judicial y la cooptación de ellos por los poderes institucionales o fácticos, para señalar los más notorios), no se puede tener otra conclusión de que no se ha logrado el objetivo de despolitizar la Justicia y asegurar la independencia de los jueces mediante la selección y la remoción por el Consejo de la Magistratura de la Nación (en adelante CMN), creado en la Constitución del año 1994.
Así entonces, la cuestión del CMN muestra toda su centralidad para la actualidad y el futuro; y para todos los ciudadanos que aspiramos a ser juzgados por los mejores jueces.
El espacio discursivo controversial del problema del CMM se reavivó, felizmente, con la resolución de la Corte Suprema (CSJN) del 16/12/2021 en «Colegio de Abogados de la Ciudad de Bs.As. y otro c/ E.N. – Ley 26080». En el fallo se declaró la inconstitucionalidad de la mencionada norma, con la manda judicial de encontrar una ley de CMN que respete la exigencia constitucional del equilibrio entre todos los estamentos que lo integran, como lo dispone el art. 114, 2º párrafo, de la Constitución, y de que se sostenga la presidencia del organismo en cabeza del presidente de la CSJN.
No se puede dejar de indicar que la CSJN tomó tiempos por demás prolongados para su resolución y otorgó plazos muy exiguos para que se sancione una nueva ley, acorde dichos criterios. Este diario Comercio y Justicia, con fecha 9/2/2022, publicó una nota central firmada por Carolina Klepp que recoge un aporte significativo al problema que nos ocupa, puesto que relaciona en su excelente artículo un proyecto de ley que vincula a diferentes organizaciones abogadiles y empresariales para «profesionalizar y despolitizar» dicho consejo como camino a la real independencia judicial.
A tal respecto, señalo que uno de los ámbitos que integra el mencionado universo de entidades que avalan la propuesta, entre las cuales está como cabeza el Colegio de Abogados de la Ciudad de Bs. As. -que llevó exitosamente la inconstitucionalidad, ahora resuelta- también Fores, IDEA, ACDE y, entre otros, la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham).
Desde hace algunos años integro el Consejo Asesor para el Instituto de Ética y Transparencia de esa cámara y desde ese lugar, el año pasado, coordiné un documento intitulado «8 propuestas para un sistema de justicia más eficiente«. Allí, diversos autores vinculados científicamente a la ciencia del derecho y la práctica profesional reflexionaron sobre los temas centrales para pensar una justicia definitivamente mejor, como es la reforma del CMN, la promoción de la autarquía del Poder Judicial, el aseguramiento de una matriz ética de los jueces/zas y la organización de una vertebración institucional para los aspirantes a ocupar plazas judiciales.
El proyecto de ley de CMN al que se refiere el artículo de Comercio y Justicia está en sintonía con los postulados propositivos que se hicieron para una reforma integral del sistema de justicia, con asiento en la independencia, eficiencia, transparencia e integridad. Alejada de todo interés partidario de hoy o mañana y apalancado sólo en el auténtico interés ciudadano.
Existen hoy diferentes proyectos de ley para la reforma del CMN y, sin desmerecer otros, quiero presentar en forma parcial y acotada alguno de los principales «óptimos institucionales» que se han indicado en la nota ya citada.
El primer destacado se sitúa en que promueve entre los estamentos que lo componen representaciones que aseguran equilibrio real y no meramente escénico. Ello sin dejar de reconocer que es un equilibrio inestable puesto que, como ninguno de los sectores puede autoadjudicarse ser el hacedor de algo -atento al quórum requerido para ello es de siete integrantes-, es que sólo podrá hacerlo con la cooperación de otro sector y por ello la dimensión de equilibrio es dinámica. El equilibrio estará allí donde el consenso sobre la razonabilidad de la decisión luzca mejor.
La mencionada realización de equilibrio en el proyecto de ley que comentamos se propone en orden a sostener el consejo con 13 consejeros para con ello dotarlo de agilidad y no burocratización y con ello también despolitizar, al disminuir la cantidad de consejeros que provienen del sector político partidario.
De igual manera, es importante redefinir el estamento académico como figura central acorde con la naturaleza técnica de la función judicial.
Dicho consejero habrá de ser fruto de la elección genuina -no intermediada por el Consejo Interuniversitario Nacional- de los claustros universitarios abogadiles tanto de universidades públicas como privadas, que antes habían sido inmerecidamente excluidas en las leyes 24939 y 26080.
Otro de los aspectos que se promocionan en el proyecto -para lo cual ha presentado formalmente nota el 8/2/2022 el Colegio de Abogados de la ciudad de Bs. As. y Fores ante el Senado de la Nación, para poder exponer los presentes puntos de vista en ocasión del tratamiento del proyecto de ley 24937 en curso- se relaciona con la profesionalización que se aspira a dotar al CMN, puesto que se promueve la afectación de tiempo completo y dedicación exclusiva de los consejeros y su no reelección en dicha posición.
De esta manera, la conformación potencial del CMN, según este proyecto, es:
Con todo ello, aparece evidente que esta propuesta a ser presentada no busca como único fin la mencionada despolitización sino que desde allí intenta, por un parte, construir un consejo más profesional, equilibrado, ágil y transparente. Por otro lado pretende consolidar la garantía de división de poderes y una justicia independiente y con incuestionado compromiso ético en la función judicial por los jueces/zas, que no se agota en las experticias profesionales que puedan tener y que no deben seguir siendo solo ellas las que marcan el desiderátum de las competencias para ser un buen juez.
En un próximo comentario haremos referencia a otros dos temas centrales. Por una parte, el Jurado de Enjuiciamiento que hasta hoy ha demostrado ser infecundo en sus objetivos; y por otra, lo relativo al proceso de selección de los aspirantes, en el cual -en la propuesta- se potencia la función judicial desde la integridad de la persona que aspira a la posición, para lo cual aparece necesario que las recepciones orales de los postulantes sean dispuestas como audiencias públicas, a los fines de dotar de la completa transparencia necesaria para alguien que habrá de ocupar de por vida su cargo siempre que su buena conducta lo acompañe y el Jurado de Enjuiciamiento no lo cuestione exitosamente.
