La
ética judicial en la agenda pública
En un Estado normal, el Poder Judicial
como institución es naturalmente silencioso, y sus actores –los jueces– son
hombres con un notable compromiso público, por la responsabilidad que
ejercen.
El tiempo de cambio de gobierno no
es en sí mismo una razón para que se produzca una modificación sustancial en
las instituciones del Estado. Podrá ser una buena ocasión sólo cuando se
advierta que las estructuras del Estado no funcionan como deben hacerlo. Esto
es: con total normalidad y previsibilidad.
La realidad muestra que esto no ha sucedido en algunas de sus
instituciones y con algunos de sus funcionarios, y es lo que autoriza a
reflexionar de manera positiva y creativa sobre el tema.
En dicho mapa institucional, el Poder Judicial ha ocupado –por
razones queridas o impuestas por las circunstancias– un amplio espacio en los
medios de comunicación y no siempre por aquellas circunstancias que mostraban
su fortaleza y entereza sino, por el contrario, por la capacidad manipuladora
de los tribunales o por la escandalosa docilidad de los jueces para ser
manipulados por otros poderes, sean ellos institucionales o fácticos.
En un Estado normal, el Poder Judicial como institución es
naturalmente silencioso, y sus actores –los jueces– son hombres con un notable
compromiso público por la responsabilidad que ejercen, además de la formación
científica que se supone que tienen.
Sin embargo, no es suficiente. El imaginario colectivo de la
sociedad requiere que los jueces –que son, en rigor de verdad, el rostro y la
voz de la Justicia– tengan una predisposición diferente para mostrar
ejemplaridad no sólo en la vida pública de su función jurisdiccional, sino
también en la vida privada con trascendencia pública.
Muchas veces es en dicho ámbito biográfico y social donde se
advierten las conductas impropias que cometen los jueces y que laceran la
relación de confianza pública con los ciudadanos.
Nada se transforma en un instante. Los procesos implican
tránsitos a veces lentos pero constantes, y por ello dichas circunstancias
exigen señales claras y firmes.
Núcleo duro
La mayoría de las justicias provinciales y la Justicia federal y
la nacional deberán asumir el desafío de colocar en sus respectivas agendas
públicas la macrocuestión de la ética judicial como un núcleo duro de análisis
y también de realización. Para ello, tendrán que seguir caminos que se han
recorrido en muy pocas jurisdicciones de la República, como es, por caso, el
Poder Judicial de Córdoba.
Sin bien ese solo aspecto no hará que la Justicia se convierta
en una estructura inmaculada ni que sus integrantes sean todos funcionarios
probos y decorosos siempre –sería una ficción afirmarlo–, sí permitirá colocar
a la ética judicial en la agenda pública de los poderes judiciales. Lo cual
significa comenzar a reflexionar sobre ella, posibilitar la ejecución operativa
posterior y, por último, abrir el espacio para una ponderación acerca de su
atención y cumplimiento desde una suerte deaccountability social vertical.
Sólo la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), en 2013,
incorporó en su agenda pública de trabajo a la ética judicial para el año
siguiente y así nos consta que lo efectuó.
Luego se ocupó de ella, también, un consorcio de instituciones
privadas del tercer sector vinculadas al estudio de las prácticas y del
funcionamiento judicial, a saber: Asociación por los Derechos Civiles, Poder
Ciudadano, Cippec, Unidos por la Justicia y fundación Directorio Legislativo,
bajo un colectivo denominado Coalición para la Independencia Judicial.
Este consorcio elaboró un documento base, entre cuyos puntos se
destaca el interés y la importancia de avanzar hacia la concreción de un Código
de Ética Judicial.
Hacemos votos y sumamos nuestro esfuerzo y la experiencia del Poder
Judicial de la provincia de Córdoba en esta materia. Luego de 11 años de
vigencia de nuestro propio código, la lectura que se puede hacer de ciertos
cambios en la Argentina nos coloca en la buena senda de profundizar en el
camino emprendido, como también de exportar a otros poderes judiciales dichos
progresos.
Tenemos por cierto que las estructuras públicas no experimentan
mutaciones espontáneas, sino que a veces hay que forzarlas y ser constantes en
tal gestión.
Sin embargo, es lo único que a la postre podrá asegurar un
resultado diferenciador y con ello cumplir un tránsito que cualquier Poder
Judicial debe computar entre sus logros. Esto es, no conformarse sólo con
contar con jueces, sino aspirar a tener buenos jueces y de allí emplazarse a un
óptimo pleno de sumar mejores jueces.
*Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Córdoba, Academia de Ciencias Médicas de Córdoba
El texto original de este artículo fue
publicado el 08/12/2015 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.